POR JOSÉ JULIO ORTIZ CHISVERT, CRONISTA OFICIAL DE COBEÑA (MADRID)
Todos hemos oído hablar de la Ley de Memoria Histórica de España legislada por las Cortes durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura).
Sin embargo muy pocos han oído hablar de quienes padecieron persecución o violencia durante la II República Española, ya que no hay un verdadero interés de trasmitir lo que sucedió antes de julio de 1936 en España.
Muy cerca de Cobeña, aquí, en Alcalá de Henares, en 1934 y en plena II República Española, se crea el primer Campo de Concentración en España.
Antes que los campos de concentración Nazis de Hitler de la II Guerra Mundial construidos entre 1940 y 1945, antes de los campos de concentración franceses donde recluyó Francia a los españoles que cruzaron la frontera huyendo del franquismo en 1939. Incluso antes que los campos de concentración de Siberia donde Stalin envió a millones de rusos en 1935.
El 5 de agosto de 1933 aparecía publicada en la Gaceta de Madrid, (en lo que hoy sería el BOE o el BOCAM), la llamada Ley de Vagos y Maleantes. Una ley republicana que la gente siempre ha creído que fue creada por Franco.
Así, la II República Española construyó en 1934 el primer Campo de concentración para vagos y maleantes se España en Alcalá de Henares. La ley de vagos y maleantes republicana se promulgó en agosto de 1933 y bajo el amparo de esta ley de orden público se crearon los primeros campos de concentración en España. Esta ley se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios del momento y fue promovida por el gobierno de izquierdas de Manuel Azaña.
Dicha ley solía ser usada para sancionar comportamientos no delictivos que no le convenían al gobierno republicano, utilizándose al libre albedrío contra los ciudadanos más desfavorecidos que no tenían recursos y que resultaban molestos. En base a estas circunstancias la ley se interesó en la construcción de lugares de internamiento para estos individuos en «campos de trabajo y de concentración».
Así, en agosto de 1934, en Alcalá de Henares se abre el primero de una serie de Campos de Concentración que la república proyectó teniendo otro para Burgos, otro para Cádiz, etc. «El 14 de septiembre de 1933 y tras la aprobación de la ley, el periódico ABC informaba de la creación de un “campo de concentración” en Figueras (Gerona)», llevándose a cabo antes sin embargo el de Alcalá de Henares.
Más tarde, los periódicos La Vanguardia o ABC se hicieron eco de la apertura del de Alcalá. «Era habitual encontrar en la prensa de la época las sentencias del día aplicando la Ley de Vagos y Maleantes, que con total normalidad, hablaban de las penas de uno a tres años de internamiento en un campo de concentración por el juzgado de instrucción de turno».
A partir de 1936 y durante la Guerra Civil española, también el ejército republicano construyó los primeros Campos de Concentración de la guerra. «En el marco de la guerra, el 27 de diciembre de 1936, la Gaceta de la República publica un decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros firmado por el izquierdista Manuel Azaña, (casualmente natural de Alcalá de Henares), presidente de la república y firmado también por Largo Caballero, (sindicalista y político marxista español, histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores), presidente del gobierno en ese momento, en el que se recoge la creación de campos de trabajo para condenados».
«A estos Campos de Concentración fueron enviados muchos ciudadanos por el mero hecho de pensar diferente a los sindicatos y partidos que formaban parte del Frente Popular.
El mismo decreto reconoce que la gran cantidad de sentencias dictadas había hecho que se saturasen los centros penitenciarios. Además, tras varias semanas de sacas de prisioneros en Madrid, Barcelona o Valencia, los organismos internacionales habían presentado sus quejas por matanzas como las de Paracuellos, donde entre el 7 de noviembre y la primera semana de diciembre habían sido asesinados entre seis y ocho mil personas por ser desafectos a la causa republicana.
Estos campos de concentración se crearon, como señala el decreto, para internar a los “condenados por desafección al régimen”, es decir, para condenar a trabajos forzados a todas aquellas personas que no pensaban como los partidos miembros del Frente Popular».