POR BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT, CRONISTA OFICIAL DE XIXONA (ALICANTE)

La Junta Local de Defensa Pasiva era entidad encargada de coordinar las medidas de carácter organizativo y administrativo (gestión de personal y búsqueda de recursos económicos) adoptadas para la construcción de refugios contra aeronaves durante la Guerra Civil.

La composición era la siguiente: Victorino Mira Planelles, presidente del Consejo Municipal; Juan López Selfa, médico titular; Sebastián Mas Silvestre, farmacéutico titular; José González Moraga, militar en activo; Miguel Vilaplana Colomer, maestro de obras; Federico Soler Masiá, representante de la prensa y Rafael Cremades Cortés, interventor de los fondos municipales. Este último ejerció como secretario en las primeras sesiones.

Algunos de los componentes de la Junta de Defensa Pasiva fueron sustituidos de sus cargos conforme se incorporaban a filas.

El ataque indiscriminado y salvaje por parte de la aviación fascista italiana contra el mercado central de Alicante el miércoles 25 de mayo de 1938, que provocó la muerte de entre 250 y 300 ciudadanos y un número de heridos superior a los 200, fue el detonante para que el Ayuntamiento de Xixona se decidiera a crear la Junta Local de Defensa Pasiva: “Por la Presidencia se manifestó que en vista de los continuos bombardeos realizados en Alicante por la aviación facciosa, era del parecer debiera convocarse inmediatamente a la Junta de Defensa Pasiva para la construcción inmediata de refugios y estudiar la forma donde pudiera obtenerse alguna cantidad para poder sufragar los primeros gastos, acordándose por unanimidad que dicha Junta empiece lo más rápidamente posible su cometido ofreciendo el Consejo su ayuda incondicional para cuanto redunde en beneficio de la seguridad personal contra los (referentes)digo referidos bombardeos”[1].

La legislación republicana sobre la Defensa Pasiva contra aeronave data casi de un año antes, en concreto arranca en un decreto del Ministerio de Defensa del 28 de junio de 1937. A pesar de ello, y hasta este hecho luctuoso, los mandatarios jijonencos no creyeron necesario la constitución de esta institución. Tras el acuerdo del pleno municipal del 10 de junio la Junta de Defensa Pasiva se constituyó el 15 de junio.

El objetivo prioritario era: “la construcción urgente de refugios en la localidad al objeto de evitar el mayor número posible de víctimas a la población civil en caso de bombardeo aéreo”[2].

Dada esta necesidad urgente de construir refugios los esfuerzos de esta institución irán encaminados a conseguir los recursos materiales, humanos y económicos necesarios para cumplir con tal fin.

Inicialmente se pensó que la mejor forma de contribuir a sufragar estos gastos era fijar una cuota mensual a todos los vecinos sirviendo de base el repartimiento general de utilidades del presente año, debido a su carácter igualitario. Mientras se fijaba esta cuota se decidió abrir una suscripción voluntaria, puesto que el inicio de los trabajos era inminente.

La Junta de Defensa Pasiva no renunció a las aportaciones voluntarias, aunque era bastante difícil que los contribuyentes las aceptaran si ya pagaban una cuota obligatoria. A pesar de esto sabemos que los médicos, enfermeros y pacientes de la clínica psiquiatrica instalada en el actual colegio Eloy Coloma aportaron 750 ptas. y la Cooperativa de Vestir y Similares acordó contribuir con 100 ptas. mensuales, aunque no sabemos si realmente lo hicieron.

Las aportaciones voluntarias no debieron ser cuantiosas, puesto que el 29 de junio, a la semana de iniciarse los primeros trabajos, ya se indicaba que estaba a punto de agotarse. Durante esta primera semana de trabajo se habían pagado 1.216 ptas. en gastos de jornales, dinamita y portes. Así se fijó la aportación mensual individual en un 15% del repartimiento general de utilidades.

Como era previsible, de nuevo los gastos sobrepasaron a los ingresos y en la sesión del 7 de septiembre de 1938 se propuso; o bien crean un nuevo impuesto; o bien aumentar el tanto por ciento que los jijonencos satisfacían. Hasta agosto de 1937 se habían gastado 36.100 pesetas, suma bastante importante. Finalmente se decidió aumentar en un 20% la cuota que satisfacían aquellos propietarios que estaban inscritos en el padrón de matrícula industrial. Es decir que los comerciantes e industriales pasarían a pagar un 35% de la cantidad asignada en el repartimiento general de utilidades, mientras que el resto de la población pagaría un 15%. Esta medida se adoptó porque los munícipes entendieron que este sector gozaba de un mejor estatus económico que el resto de la población.

Este sector pronto haría pública sus críticas. Ángel Blanes Serra expuso ante la junta del 2 de noviembre que la nueva tributación había dividido a los contribuyentes en dos categorías: “una de privilegio para los ricos en fincas que pagan el 15 por 100, y otra de sacrificio para los industriales y comerciantes cargados con el 35 por 100”[3]. Los componentes de la Junta de Defensa Pasiva decidieron estudiar la cuestión. El asunto llegó también hasta el pleno municipal quien decidió inhibirse; ya que las competencias estaban delegadas en la Junta de Defensa Pasiva.

El posible aumento de la cuota a satisfacer por los propietarios de fincas rústicas se había expandido como un rumor, ya que si bien existían algunos terratenientes la mayoría de los propietarios poseían pequeñas extensiones de tierra que apenas daban para vivir. La Colectividad Unificada de Trabajadores de la Tierra manifestó su negativa a satisfacer la cuota asignada. Finalmente se decidió trasladar el asunto al Comité Provincial de Defensa Pasiva para que resolviera. Nueve días después, se encontró la solución. Los propietarios de fincas rústicas y urbanas, cuyas utilidades llegasen y pasasen de las 1.000 pesetas, por uno o ambos conceptos, deberán satisfacer una cuota del 35%, equiparándolo con los comerciantes, industriales y profesiones liberales. Con el establecimiento de esta cuota del 35% comenzaron a florecer las solicitudes individuales de revisión de las cantidades asignadas. Con el paso del tiempo y la llegada de 1939 con la acentuación de la crisis económica y el agravamiento de las carencias de los productos de primera necesidad el concejal Ángel Blanes llevó al pleno la posibilidad de reducir la tasa impositiva. Los munícipes le respondieron que la competencia sobre la financiación de la construcción de refugios dependía de la Junta de Defensa Pasiva, y era a ella a quien debía presentar su propuesta.

La Junta de Defensa Pasiva se reunió el 1 de febrero y acordó rebajar los tantos por cientos a aplicar a los contribuyentes. Se estableció un tipo más alto del 20% y otro del 10% Los industriales, comerciales y propietarios, que tributaban con un 35%, pasarán a hacerlo con un 20 %. Los propietarios cuyas utilidades de rústica y urbana en el Repartimiento de Utilidades no llegasen a mil pesetas y los trabajadores que tributaban con un 15 % verán reducida su aportación al 10%, exceptuándose de esta rebaja aquellos contribuyentes que ya satisfacían la cuota mínima de 1,30 pesetas mensuales.

Esta bajada de cuotas directas hizo que los ingresos disminuyeran y que se tuvieran que buscar aportaciones indirectas, por lo que se decidió gravar el consumo de algunos productos y servicios que podríamos considerar como no fundamentales: los espectáculos públicos en veinticinco céntimos de pesetas por cada espectador o entrada en cada sesión o función y gravar en 5 pesetas por litro las bebidas alcohólicas (excepto el vino) que se vendían en las sociedades y establecimientos públicos de esta población.

Para controlar el número de entradas que se vendían en los espectáculos públicos se autorizó al presidente para nombrar un representante de esta Junta con la finalidad de que se personara en la taquilla para retirar el importe resultante de cada función.

Las medidas impositivas nunca son del agrado del ciudadano por lo que a las solicitudes de estudio de las cantidades a algunos contribuyentes se unieron en ocasiones el retraso o el impago directamente de la cuota asignada. El 2 de noviembre de 1938 ya se adoptaron medidas para solucionar este problema que lastraba las recaudaciones. Se decidió exponer al público la relación de los deudores y enviar una carta al sindicato de comercio de Jijona para que los comerciantes actúen como controladores del pago de este impuesto: “todo comerciante que venda géneros a los vecinos que presenten el carnet sin el sello acreditativo de haber efectuado el pago de la cuota para la construcción de refugios”[4].

La Sociedad Filatélica de Madrid ha detectado la emisión de sellos con valores de 5 cts. y 25 cts. a nombre del Comité Popular de Defensa. En los sellos de cinco céntimos el texto es de color azul; pero el fondo varía en diferentes colores: naranja, violeta lila, rosa lila, azul rojo, verde. En el valor de 25 cts. el texto es rojo y el fondo de color verde.

Fuente: https://bgarrigos07.wordpress.com/

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[1] AHMX, Libro de Actas Capitulares 1935 a 1942, sesión ordinaria del 10 de junio de 1938, sig. 479. Esta es la sesión posterior al ataque del Mercado Central de Alicante. Éste fue el primer punto del orden del día.

[2] AHMX, Libro de actas de la Junta de Defensa Pasiva 1938-1954, sesión del 15 de junio de 1938, sig. 587.

[3] AHMX, Libro de actas de la Junta de Defensa Pasiva 1938-1954, sesión del 2 de noviembre de 1938, sig. 587.

[4] AHMX, Libro de actas de la Junta de Defensa Pasiva 1938-1954, sesión del 2 de noviembre de 1938, sig. 587.