POR ANTONIO BOTÍAS SAUS, CRONISTA OFICIAL DE MURCIA

No existe la bula. En esta frase podrían resumirse siglos de desavenencias entre las ciudades de Cartagena y Murcia, primero por el traslado ilegal del obispo desde la ciudad portuaria al interior y, más tarde y a causa de aquello, en otras muchas cuestiones. Porque, mientras no aparezca la cacareada bula, se puede concluir que ningún Papa, bajo cuya competencia quedaba la cuestión, autorizó el cambio de sede.

La firma del llamado Pacto de Alcaraz en 1243 sometió sobre el papel el reino musulmán de Murcia a la autoridad de la Corona de Castilla, aunque algunas poblaciones se resistieron, mientras pudieron, a acatar el acuerdo y la obediencia a sus nuevos señores. Entre aquellas ciudades figuraban Mula, Lorca y Cartagena. Así estuvieron las cosas hasta que el infante Alfonso, a quien después conoceríamos como el Rey Sabio, logró ocupar todo el territorio en 1246.

Apenas cuatro años más tarde, el Papa Inocencio IV decretaba la restauración de la remota Diócesis de Cartagena, mediante la bula ‘Spiritus Exultante’, fechada en Roma el 31 de julio de 1250 y tras encargar un estudio que certificara la antigüedad de la misma. De esta forma se comprobó que la presencia cristiana en la zona estaba documentada, cuando menos, desde principios del siglo IV. De hecho, en las actas del Concilio de Elvira, entre el año 300 y 313, se cita la asistencia de un obispo de Lorca.

Mediante otra bula firmada apenas unos días más tarde, la llamada ‘Corde Vigili’, el Papa también nombraba obispo de Cartagena al franciscano Pedro Gallego, gallego también de nacencia y confesor del joven infante. El Papa, sentimental que era, decidió con acierto mantener la denominación de carthaginense para esta iglesia local.

Aunque desde otras diócesis reclamaron la tutela de la murciana, el Pontífice la declaró exenta y la acogió bajo su supervisión personal al considerarla como Madre de la iglesia en España. No en vano la tradición mantenía -y mantiene- que fue el apóstol Santiago quien extendió el evangelio desde Cartagena al resto de España.

Unos años más tarde, en 1266, el nuevo obispo, acompañado por el arzobispo de Barcelona, por San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, y por Jaime I el Conquistador, entre otras personalidades, consagró la mezquita de Murcia como catedral de Santa María. El Conquistador acababa de aplastar, como así se lo había solicitado su yerno Alfonso, una revuelta mudéjar.

Se celebra también este año, por tanto, el 750º aniversario desde aquella fecha histórica que viene recordando desde hace unos meses el escritor, historiador y académico Antonio Martínez Cerezo, quien ha propuesto ya a las autoridades, con escasa respuesta, la convocatoria de algún acto que recuerde aquella entrada triunfal. Es más, informada la Casa Real de la efemérides, en una cariñosa carta ha agradecido al académico su propuesta de nombrar al Rey Felipe VI como presidente de los actos conmemorativos.

La cuestión reside, volviendo al traslado de la diócesis, en que la calma que reinaba en el interior del antiguo reino faltaba en sus costas, azotadas de continuo por invasiones berberiscas y desembarcos de piratas que sembraban el terror y asolaban los sembrados o cuanto tuvieran a su alcance.

Ante esta situación, el entonces obispo, Diego Martínez Magaz, solicitó al Papa Nicolás III, allá por el año 1289, el permiso para trasladar la sede de la diócesis a Murcia, de forma que pudiera garantizar su seguridad. De hecho, como ha destacado en alguna ocasión el profesor García del Toro, es muy probable que los obispos anteriores ya residieran en Murcia. A Martínez Magaz no le hicieron ni caso. Pero él dejó pasar el tiempo. La petición fue reiterada al Papa Nicolás IV. Roma, para conocer las razones del traslado, pidió un informe al abad de Benifazá (Castellón) y al prior del convento valenciano de Porta Colei. Sin embargo, aparte de una carta confidencial sobre el asunto, no existe o no se ha encontrado nunca bula alguna que autorizase el traslado. Ni en los archivos castellanos ni en los romanos.

La teoría alternativa

Es por esta razón que existe otra versión de la historia defendida por muchos historiadores. La tesis mantiene que el obispo Martínez Magaz decidió en 1291, sin que mediara bula papal alguna, trasladarse definitivamente a unas posesiones que mantenía en Murcia, dejando a su suerte la catedral cartagenera, que comenzaría a degradarse, y despreciando la tradición y el recuerdo de los innumerables mártires que en ella se veneraban. Sí está fuera de toda duda el traslado efectivo a la capital. Prueba de ello es una carta del rey Sancho IV ‘el Bravo’ que atesora el Archivo de la Catedral de Murcia, en la que el monarca confirma la nueva situación y que está fechada en Burgos el 27 de mayo de 1291. Incluso existe una copia posterior de la misiva.

En la carta, en cambio, no se cita bula alguna. Además, el rey, con la ley en la mano, realmente no podía autorizar el cambio de la sede. Primero, porque la diócesis estaba a cargo del Papa. Y segundo, porque Sancho IV había sido excomulgado y acusado de bigamia.

Los cartageneros no aceptaron de buen grado el traslado y, en muy diversas ocasiones, exigieron sin éxito que se restableciera la sede en la ciudad portuaria. García del Toro apunta que la primera noticia de la restitución de la silla episcopal se encuentra en las Actas Capitulares del ayuntamiento cartagenero, en acuerdo fechado el 4 de junio de 1555. En buena lógica, los regidores recordaban que, una vez eliminado el problema de las invasiones berberiscas, debía retornar el obispo y su cabildo a la ciudad.

Quizá no fue esta la primera vez y, desde luego, no sería la última. Todas en vano. Pero en uno de los intentos, allá por 1807, preguntada Roma por la existencia de la dichosa bula del traslado, desde el Vaticano respondieron: «Puedo certificar que no se encuentra en ningún lugar documento alguno que trate de la traslación efectuada con autoridad Pontificia de la Silla Episcopal de Cartagena a Murcia». Claro como el agua.

Fuente: http://www.laverdad.es/