POR ANTONIO BOTÍAS SAUS, CRONISTA OFICIAL DE MURCIA

El mejor sitio para morirse rápido en Murcia a comienzos del siglo XX era el hospital. Porque a la dolencia que uno arrastrara se sumaba, en cuanto cruzara los remotos dinteles cabe al río, la escasez de alimentos, de medicinas, de vergüenza y, desde que la empresa Lebón cortara el suministro por falta de pago, hasta de luz eléctrica. Esto último sucedió el primer día de julio de 1905.

El centro, principal institución sanitaria en Murcia, estuvo a cargo de los frailes hospitalarios, de forma oficial, desde 1617 hasta la desamortización. En 1837 cambió su denominación de Hospital de San Juan de Dios por Hospital Provincial. Ocupaba el espacio donde hoy se levanta la Consejería de Hacienda. Y en la hacienda, o en la calamitosa hacienda de la diputación, residía el problema.

El motín comenzó a las nueve de la mañana del 2 de julio, cuando las internas levantaron una barricada a la entrada de su sala y arrojaron cuanto caía en sus manos desde las ventanas al patio. Ni las monjas de la caridad ni el personal del centro lograron reducirlas. Tampoco el mismísimo presidente de la Diputación, Joaquín Carreño, que acudió de inmediato al lugar, consiguió calmar a las mujeres.

Las enfermas huyen

«¡Queremos comer!», gritaban hambrientas y desesperadas. El director del hospital, Salvador Esteve, les prometió que sus peticiones serían atendidas. Las autoridades, como publicó al día siguiente el diario ‘El Liberal’, realizaron una breve investigación. Y constataron, claro, lo que era evidente: «Todos estuvieron conformes en la pésima calidad del pan […] comprobándose también la escasez de varios artículos y la falta absoluta de vino y chocolate».

La mísera liquidez en la Diputación obligó al director Esteve a garantizar a los abastecedores que pagaría de su bolsillo los productos que entregaran. Pero, aun así, no convenció a todas las internas. Algunas de ellas huyeron y, según denunció ‘El Diario Murciano’, «andan por esos mundos de Dios amenazando la salud pública».

«Castigo y desdicha»

José Martínez Tornel clamará desde ‘El Liberal’ que los establecimientos de beneficencia en Murcia no deberían llevar ese nombre, «sino otro, que significara desgracia, castigo y desdicha para el pobre que se acogiera a ellos». El mismo periódico alertará de que «se han fugado del hospital provincial todas las enfermas de la sala de higiene» después de forzar tres puertas, «pues esta clase de enfermas están como presas». Nadie se atrevió a impedirlo.

La situación del centro era terrible. Sin luz por las noches -se debían dos años de recibos-, sin alimentos ni medicinas que despachar, los enfermos pedían el alta voluntaria «pues no querían morir por abandono». La plantilla, entretanto, no andaba mejor. Algunos llevaban sin cobrar su sueldo desde enero y el resto desde febrero. Casi medio año.

El motín del hospital se extendió a otras instituciones como el Manicomio y la Casa de Misericordia, cuyos empleados salieron a las calles para protestar. Los comerciantes murcianos se negaban a fiarles más pan y comestibles. Entretanto, dimitió el presidente de la diputación. También decía estar enfermo, aunque después de los incidentes despabilaría para ocupar otra vez el cargo.

El problema recayó entonces en el nuevo gobernador, Federico López González, quien consiguió que la compañía de la luz cobrara y se proveyera al hospital de una partida de comida. No sería muy abundante si tenemos en cuenta que, apenas dos meses más tarde, las enfermas volvieron a protagonizar otro motín. El detonante de la segunda rebelión fueron unas simples sopas con ajo que les sirvieron para desayunar. El disgusto que recibieron y el hambre que arrastraban provocaron que «prorrumpieran en gritos, arrojando al patio colchones, catres y cuanto hallaban a la mano». Aprovechando la confusión, ocho internas se dieron a la fuga.

Todas a la cárcel

El gobernador fue inflexible. La policía disolvió el tumulto, detuvo a las fugadas y las condujo a la cárcel, «donde probablemente tendrán mejor tratamiento que en el benéfico establecimiento en que estaban», apuntará con ironía ‘El Liberal’. El Casino de Murcia ofreció la compra de alimentos para remediar las carencias, al menos durante dos días, de todos los asilados de la ciudad.

El encarcelamiento de aquellas mujeres indignó a los murcianos. Desde ‘El Liberal’ señalaron la raíz del problema: la funesta gestión pública de unos políticos que se negaban a reconocer su incapacidad. «Son muchos los empleados quejosos, los acreedores reclamantes, los acogidos que piden pan, para resolver la cuestión con la heroica medida de meterlos a todos a la cárcel».

Martínez Tornel aconsejó a la diputación que, en lugar de ingresarlas en la prisión, «hubiera sido más acertado llevarlas a la corrección, que al fin y al cabo, es casa que está desde su fundación bajo el patrocinio de la Magdalena…».

Fuente: http://www.laverdad.es/