POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE ARÉVALO (ÁVILA)

De vez en cuando surgen noticias sobre algunas de nuestras villas y pueblos que en esta provincia tienen un rico patrimonio histórico artístico, tan evidente, pero no siempre reconocido suficientemente. Es como si se hubiera parado el tiempo de las declaraciones. Y es que claro, las declaraciones implican un especial cuidado y los dineros extraordinarios necesarios. Pero también implican muchas más cosas.

Si excluimos a la propia ciudad de Ávila, la capital de la provincia, que de por sí es una joya aparte y porque ya tiene el máximo reconocimiento como “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”, podríamos repasar una ruta de lugares merecedores de estas declaraciones, cuya denominación también ha cambiado a lo largo del tiempo, y así los Monumentos Nacionales pasaron a denominarse “Bien de Interés Cultural”, edificios concretos e individuales, o los conjuntos históricos artísticos ahora son “Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico”, sin tener en cuenta otras denominaciones de carácter natural o inmaterial ahora de tanta actualidad.

Hace unos meses, en noviembre de 2017 salía la noticia de la declaración de BIC con categoría de Conjunto Histórico de El Barco de Ávila, 35 años después del inicio del expediente. Y otro caso llamativo, la villa de Madrigal de las Altas Torres que por estas fechas está esperando la declaración idéntica cuyo expediente se inició nada menos que el año 1963… o el de Pedro Bernardo de 1977.

Estas declaraciones tienen una demarcación física y perfectamente delimitada en el marco de protección. Un enclave que además contiene ya en su delimitación varios edificios declarados BIC. Y no es que esté en duda los valores de estos enclaves, y de otros del sur de nuestra provincia, que no habrían perdido mucha de su preciosa arquitectura popular si desde hace muchos años les hubieran protegido de alguna manera… al contrario, se podría pensar que el frenazo de estas declaraciones responde a que ello conlleva unos fondos oficiales para su conservación y restauración, y que desde ese momento esas competencias dependen en su totalidad de la autoridad en la materia, Junta de Castilla y León.

Todas estas noticias me traen a la memoria algunas consideraciones sobre lo que supuso la declaración de Arévalo el año 1970. Ya entonces estaba yo con mis incipientes inquietudes patrimoniales y aquello lo seguí con manifiesto interés. La declaración de “Conjunto Histórico Artístico” fue recibida con júbilo, diría yo, porque nos habían vendido la papeleta como una panacea para recuperar y restaurar nuestro rico, numeroso y bastante abandonado patrimonio, el religioso y el civil, el público y también el privado.

Con júbilo porque pensamos que con ello se había eliminado el problema del desprecio de lo antiguo, el derribo y la desaparición de muchos edificios de nuestro patrimonio, como habíamos vivido en momentos con mayor o menor intensidad.

Pronto pudimos advertir que no era sinónimo de nada de eso, sino de problemas para la población en general que asistía a desautorizaciones arbitrarias, según quién firmaba los papeles… ¿o es que no asistimos después de esa declaración a derribos como el de El Real, o la construcción de bloques en el casco histórico, la demolición de casonas, de restauraciones arbitrarias, en los modos y las formas, algunas de ellas de nefasto final, y no querría entrar en mucho detalle, porque además la lista es enorme.

Siento que estas declaraciones en algunas ocasiones han sido una rémora para la conservación de los cascos históricos, tenidos como verdaderos conjuntos de arquitectura con algunos edificios más importantes dentro de él, según las particularidades de la propia arquitectura popular local, de los materiales y esas cosas… Pero llegó un invento que era como el “ungüento amarillo”, que “pa tó sirve y pa ná vale…”, el monocapa igualador para tapar tantas vergüenzas. Pues sí, esas declaraciones que aparentan y quitan más de lo que dan… luego vendrán los ARI y ¡vuelta a empezar!