POR JOSÉ MARÍA SAN ROMÁN CUTANDA, CRONISTA OFICIAL DE LAYOS (TOLEDO).

Antes de comenzar, quiero pedirles disculpas, queridos lectores. La semana pasada me fue imposible acudir a mi cita semanal con ustedes por un motivo de salud sobrevenido cuyas consecuencias creo que arrastraré durante largo tiempo. Espero que no vuelva a ocurrir. Será señal de que voy a mejor. Y agradezco las muchas muestras de afecto que he recibido de algunos de mis lectores, extrañados por no leerme como cada semana.
Esta semana pasada he leído dos noticias en prensa que me han hecho preguntarme muchas cosas. Ambas tienen que ver con cuestiones tributarias. La primera de ellas ha sido la declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal. El Tribunal Constitucional, que recientemente ha modificado su composición pero antes de que sus nuevos miembros tomen posesión, ha declarado que este controvertido impuesto es contrario a nuestro texto constitucional. Para ello, se ha valido de un argumento que muchos juristas veníamos pensando desde hace ya tiempo y que la nota de prensa explica así: «porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento». Dicho de una manera más sencilla, lo que el Tribunal ha determinado es que resulta marcadamente inconstitucional que un impuesto determine automáticamente un incremento patrimonial, haya ocurrido o no. Además, también impugna la sentencia la fórmula que establece los criterios de cálculo de las plusvalías por no considerarla conforme a Derecho.
La segunda noticia tiene que ver con un supuesto de dependencia. Según parece, la Agencia Tributaria de Burgos ha empezado a examinar con lupa las deducciones por hijos con discapacidad, y está pidiendo la justificación de la pertinencia de las deducciones o el pago del dinero descontado por esta situación. El diario digital Libremercado.com entrevistó hace unos días a Simona Palacios, representante de la asociación ‘Autismo Burgos’, y a Mari Luz González, presidenta de la asociación ‘Las Calzadas’. En sus declaraciones, explicaban a la prensa que Hacienda exige a los padres certificar la convivencia con sus hijos discapacitados, y, según ellas, están prevaliéndose de la situación de que muchos de ellos pasan algunas horas en centros de día, «como si el hecho de pasar unas horas en un centro eximiera a las familias de los gastos de cuidados y ocio», dice Mari Luz González.
Ahora, viene la pregunta inicial: ¿los impuestos civilizan? Tengo la sensación de que no. En el primer supuesto, me parece que los ayuntamientos no van a hilar fino a la hora de compensar las pérdidas que van a sufrir a partir de ahora. Y digo lo de hilar fino porque quizá sería el momento de empezar a generar ganancia para las arcas públicas multando las muchas conductas incívicas que vemos cada día y que siguen impunes. Toledo es una buena muestra de todas ellas. El otro día, yendo por la calle Ancha, pasó un chico joven con una silla de ruedas y pilló, sin buscarlo, las heces del perro de algún incívico al que no se le pasó por la cabeza recogerlas. Ello, con la consecuencia que tuvo para el joven de la silla, que tuvo que limpiar la rueda antes de seguir. Lo mismo pasa con los que sacan la basura a cualquier hora en el Casco -¿para cuándo sentarse a estudiar y mejorar el sistema de basuras en el Casco?-, los que orinan en las fachadas y las esquinas después de sus noches de marcha o los que, en un afán creativo, destrozan el patrimonio histórico con botes de pintura en spray. Pero no. Siempre será mejor desplegar un sistema de agentes de movilidad ávidos de multar como el comer, que es más fácil y justifica la existencia de ese cuerpo.
En cuanto al segundo, me pregunto dónde están todos los defensores de los discapacitados y de los colectivos vulnerables que, según quién gobierne, salen o no a manifestarse de manera furibunda. ¿Hay derecho a que las familias de personas verdaderamente discapacitadas que se pasan la vida cuidando de su pariente tengan que estar perseguidos precisamente por este motivo? Me parece perfecto que haya que justificar, eso desde luego, pero no puede ser que se pida a unos tanto y a otros tan poco. Y menos aún si tenemos en cuenta que un centro de día, como se deduce del supuesto, no es sino una actividad complementaria dentro de la vida de la persona con discapacidad que puede ser de ayuda tanto a él como a sus familiares. En España contamos con auténticos profesionales en estos campos que están magníficamente formados para abordar los extremos más difíciles de estas situaciones con vocación de servicio y capacidad de ayuda. Y repito: ¿dónde están los manifestantes? ¿Dónde están los presuntos defensores de estas personas? ¿Acaso solo hay personas con discapacidad durante algunas legislaturas?
No, los impuestos no civilizan. Si civilizaran, nuestros políticos ya se habrían planteado formas de utilizarlos al servicio del bien común de forma mucho más directa. Y si civilizaran, los supuestos defensores de según qué causas lo seguirían siendo incondicionalmente, sin ambages y sin dejar su lucha limitada a las legislaturas de los que no les gustan.