CARMEN RUIZ-TILVE, CRONISTA OFICIAL DE OVIEDO, DIMITE COMO PORTAVOZ DE LA “MEMORIA HISTÓRICA”
La portavoz de la comisión municipal que revisa el callejero para adaptarlo a la Ley de Memoria Histórica, CARMEN RUIZ-TILVE, anunció ayer su renuncia a ejercer como portavoz del organismo. La CRONISTA OFICIAL DE OVIEDO tomó esta drástica decisión tras observar que algunos miembros de la comisión no respetaban el pacto de silencio acordado sobre las decisiones que se fueran tomando en cada una de las sesiones y que se filtraron a algún medio de comunicación. «La comisión nació con una salud delicada y ahora se encuentra herida de muerte», afirmó. No obstante, RUIZ-TILVE continuará ejerciendo sus funciones como coordinadora, tal y como se comprometió cuando se formó el grupo de “sabios”.
CARMEN RUIZ-TILVE reveló su dimisión «irrevocable» al inicio de la cuarta sesión del organismo, que se celebró ayer en el salón de plenos del ayuntamiento, y que se vivió en un ambiente tenso, según algunos de sus miembros. Al parecer, las filtraciones habrían hecho mella en la confianza de los once integrantes, lo que precipitó la decisión de la CRONISTA OFICIAL DE OVIEDO.
VOTACIONES
Por otra parte, la comisión decidió ayer sobre la calle Calvo Sotelo y la Plaza de la Gesta mantendrán sus nombres, ya que sus miembros consideran que han perdido su relación con el régimen franquista. La Plaza de la Gesta ya perdió algunos símbolos de la dictadura cuando fue remodelada hace unos meses y consideran que
ya está despolitizada.
El grupo de notables ya decidió suprimir Coronel Tejeiro, Capitán Almeida y Diecinueve de Julio. La comisión fue creada por el alcalde para analizar qué calles y símbolos de la ciudad se verán afectados por la nueva legislación sobre el legado franquista, aprobada por el Congreso de los Diputados. Entre los expertos convocados por De Lorenzo, se encuentran CARMEN RUIZ-TILVE, José María Laso, Susana Pérez-Alonso, Ernesto Conde, José Girón, Gustavo Bueno, Esteban Greciet, Antonio Caicoya, Josefina Martínez, Luis José Avila y Javier Fernández Conde. El informe final tendrá que ser aprobado por el pleno de la corporación.
