POR BIZÉN D’O RÍO MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL HOYA DE HUESCA

Gran parte del patrimonio forestal de la tierra altoaragonesa ha estado constituida por sus montes de utilidad pública que ha puesto en manifestación su importancia por las funciones desempeñadas como masas productivas, medioambientales y sociales, si bien para llegar a ellas fuera necesario recorrer un camino iniciado en el conjunto de reformas administrativas llevadas a cabo en el siglo XIX, con un desarrolló paralelo al proceso de la “Desamortización” y que concluiría con la “Catalogación”. Pero este proceso tuvo unos antecedentes que nos retrotraen a las disposiciones emanadas en las Cortes de Cádiz, en las que se renegaba abiertamente de la política de protección y tutela que había sido llevada anteriormente por el Gobierno y que se consideró atacaba la propiedad particular y propiciaba caprichosamente el aprovechamiento de los montes públicos, llevando con ello a un aumento de las talas. Finalmente, las Cortes de Cádiz promulgaban un Decreto de fecha 14 de enero de 1812 sobre el régimen de libertad de los montes particulares, que derogaba y anulaba a su vez, las leyes y ordenanzas de montes y plantíos en cuanto concernieran a los de dominio particular; si bien, dos años después, tales disposiciones eran derogadas por R.O. de 18 de septiembre de 1814 que restablecía nuevamente la Real Ordenanza de 1748.

Posteriormente, la Ley de Desamortización de 1 de mayo de 1855 declaraba en venta, los propios y comunes de los pueblos, quedando exentos los terrenos de aprovechamiento común y los montes y bosques que el Gobierno no creyera oportuno su venta; al año siguiente se dictaron las “Instrucciones” que debían regular la ley desamortizadora y un Real Decreto de octubre de ese mismo año, sentaba las bases para la “Clasificación General de los Montes Públicos”, trabajo que se finalizaría en 1859 en que se declararon para el Altoaragón como superficies enajenables 157 montes con una extensión de 18.798 has, que suponían el 11 % del número y el 9 % de la superficie total de montes públicos. Se abrió un largo periplo de disposiciones, leyes y ordenanzas que llenaron los cuatro últimos decenios del siglo XIX, todo hasta llegar al Decreto-Ley de 3 de marzo de 1917 que suspendía las leyes desamortizadoras en lo referente a pueblos y provincias, con este cierre definitivo del proceso desamortizador y el “Catálogo de Montes de Utilidad Pública” de 1901, la política forestal del Estado estaba ya encauzada.

La superficie de la provincia de Huesca en el año de 1919 que comprendía 1.514.880 hectáreas, en función de su cultivo estaban distribuidas en 390.488 has cultivadas con cereales, leguminosas, viñedos, olivares, hortalizas, frutales, etc. 221.452 has de terreno improductivo de carreteras, vías, caminos, cascos de población, etc 902.946 has de montes, praderas, estepas, eriales y baldíos, formando parte de esta última superficie 126 montes afectos al ministerio de Hacienda con una cabida total de 36.885.337 has, exceptuados de la desamortización por causa de utilidad pública 214.039 has de superficie, dependientes del ministerio de Fomento, mas un gran número de montes de propiedad particular distribuidos por toda la provincia, que si bien no se tenía datos concretos para determinar su extensión debido a no estar terminada la estadística que de los mismos estaba realizando la Junta Provincial de Conservación de la Riqueza Forestal Privada, se aventuraba pudiera estar ocupando 150.099 has, pudiendo fijarse por tanto, en 400.000 hectáreas como mínimo la superficie forestal del Altoaragon, de la cual 200.000 has eran de monte alto de las especies de pino silvestre, laricio, carrasco y negro, abeto y haya, y 150.000 has de monte bajo, con encina, roble, quejigo, abedul, etc.

En torno a esta importante riqueza forestal, todavía era difícil precisar con exactitud, incluso aproximadamente, la cantidad de metros cúbicos de madera y estéreos de leña que existían sobre esta superficie, pero el Ingeniero de Montes D. Enrique de las Cuevas, publicaba en “El Sol” Diario Independiente de Madrid, el que fue considerado como un prudente cálculo que suponía para la provincia de Huesca una disponibilidad anual, de mas de 175.000 metros cúbicos de madera y de 800.000 estéreos de leñas, lo cual suponía una existencia de materia prima en cantidad y calidad como para poder mantener un número importante de industrias forestales.

Cuando se publica la Real Orden con el Plan de aprovechamientos para 1919/1920, las industrias forestales establecidas en el Altoaragón, se ciñen a 32 sierras de pino y pinabetes que transformaban 16.000 m3 atendidas con 128 trabajadores; 15 almacenes de maderas que movían 30.000 m3 ocupando a 300 trabajadores; 21 almacenes de carbones que negociaban con 315.000 estéreos de leña, dando trabajo a 168 personas; 358 talleres de carpintería especializados en pino y pinabete, transformaban 15.300 m3 con 716 trabajadores; 81 talleres de carretería que trabajaban con roble, haya y pino, haciendo uso de 237 m3 con 46 operarios; 9 tonelerías que trabajaban 45 m3 de roble con 36 personas; 6 talleres de tornería y cucharería, que transformaban el boj hacían uso de 156 estéreos ocupando a 38 artesanos; 16 talleres de sillería que trabajaban con pino y haya, consumiendo 320 m3 con un total de 48 trabajadores; sumándose todos ellos a las pequeñas industrias de la madera, que consistían en 6 talleres de cestería, 2 talleres de baulería y 15 de otras varias elaboraciones, trabajando con sauce, pino, etc, aglutinando a 65 personas trabajadoras.

Como conclusión quedaba claro que existían en la región pirenaica aragonesa, mas que en ninguna otra, materia prima abundante para el desarrollo de numerosas industrias forestales, incluso se podían aventurar seguros y abundantes beneficios, si se contara claro está, con las dificultades u obstáculos que dificultaban la explotación, máxime al no contar con “vías de saca” para poder extraer los productos maderables y leñosos de los montes y poderlos transportar seguidamente a las vías de comunicación que hicieran llegar prontamente a los mercados y centros de transformación. Téngase en cuenta los numerosos accidentes que se producían durante la extracción, alcanzando las piezas a caballerías y los propios maderistas extractores, al igual que esas piezas lanzadas por vertederos naturales para salvar obstáculos y economizar gastos, que se deshacían muchas de ellas en astillas al caer, lo que en numerosos casos las hacía inservibles y debían destinarse para leña.

Aprovechamientos programados para la sección de la Cuenca del río Gállego, con el pino, roble, haya y boj, junto al abeto, que poblaban los montes Aso, Yosa, Betes, Biescas, Gavín, Escuer y Senegüé, donde se programa el aprovechamiento vecinal y por subasta, pero se dejaban igualmente tanto en Biescas como en Senegüé dos grandes montes acotados a toda clase de aprovechamiento para su repoblación. Para la sección del río Aragón, con el pino y los abetos, se planteaba el aprovechamiento por subasta y tasación para los montes de Aisa, Borau, Canfranc, Villanúa y Castiello, incluyendo matas rodadas y muertas para leñas y la instalación de dos hornos de cal, mas el aprovechamiento de 25 estéreos de sauce. El plan de aprovechamientos para 1919-1920 y una subasta pública de los pastos, fue lo que suscitó un escrito de protesta por parte de diversos municipios pirenaicos, siendo contestada con la Real Orden de 6 de marzo de 1920 que reflejaba claramente cuales eran las posiciones de la administración y la política forestal del Estado, claramente ya encauzada, en el marco de la teoría selvícola alemana.