POR MIGUEL FRANCISCO CABALLERO PÉREZ. CRONISTA OFICIAL DE LÁCHAR (GRANADA). MIEMBRO DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES (RAECO)

A finales de 2017 entre el 14 al 16 de septiembre fuimos invitados distintos especialistas en memoria histórica a un Congreso Internacional organizado por la Universidad de Nottingham y por los profesores jefe de departamento de Resolución de Conflictos, Gareth Stochey, y el jefe del departamento de Literatura Española, Steve Roberts, así como el profesor Alberto Martí, titulado: “The archaeology of the spanish civil war: searching for Federico Garcia Lorca and shaping the memory debate in Spain” (La arqueología de la guerra civil española, Federico Garcia Lorca y el debate sobre la memoria histórica). El broche de oro fue puesto por el historiador británico Paul Preston.

Asistieron distintos especialistas europeos en la materia, (historiadores, arqueólogos, antropólogos, especialistas en balística, o periodistas) representantes de varios partidos políticos españoles como Pedro Corral (PP), Carlos García de Andoin (PSOE) y Elena Sevillano (Podemos), y en un ambiente relajado, posiblemente debido al relajante verdor del campus universitario de Nottingham situado a 2.000 kilómetros de distancia de España, se pudo debatir en profundidad, libremente, de manera constructiva, relajada, educada. Con la perspectiva del tiempo pasado y posado, creo que fueron unas jornadas enriquecedoras a muchos niveles, donde se habló sin complejos de las grietas abiertas desde la guerra civil, el poeta García Lorca, su asesinato, la búsqueda de sus restos. La reparación, superación y resolución de esos conflictos dolorosos, de técnicas de búsquedas de fosas y de todas las vertientes relacionadas con el tema incluido un amplio repaso de las distintas leyes de memoria histórica realizadas hasta la fecha.

Fue, muy positivo comprobar que desde fuera de España se estudian en profundidad muchos aspectos de asuntos españoles y que crean debates sociales, extramuros de nuestras fronteras, como son las leyes de memoria histórica, desde la órbita estatal o regional. Durante el congreso, una profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Huddersfield, Georgina Blakeley, presentó una ponencia titulada: “Unfinished business: Implementing the 2007 spanish reparation law” (Un asunto inacabado: implementación de la ley de reparación española de 2007) que fue complementada por la periodista del diario El País, Natalia Junquera. La profesora Blakeley habló de la ley estatal de Memoria Histórica de 2007, de la que detalló que su implantación, a pesar del entusiasmo inicial, se tornó de una posterior falta de voluntad política para implementarla y el fallo que suponía no anular las sentencias de la justicia franquista como paso inicial a la reparación de las víctimas, y la dejadez de que fueran de una parte las instituciones supranacionales como la ONU o la UE y de otra a las regionales o locales las instancias a las que deberían de dirigirse los familiares de las víctimas.

Sobre el primer aspecto he de recordar que en una reunión informal que tuvimos en 2017 en un pueblo de Teruel perteneciente a la comarca del Matarraña, con ocasión de unas jornadas literarias, Ian Gibson y el que esto escribe, con una diputada socialista por esa provincia llamada Yolanda Casaus, y a propósito de las futuras bondades de la ley que preconizaba la diputada, les hice notar que esa ley sin la abolición de las sentencias condenatorias franquistas era una ley fallida y vacía de contenido, como así resultaría, unido a la falta de la suficiente provisión presupuestaria, que la convirtió en una ley a medias. Blakeley se refirió a la ley de Memoria Democrática de Andalucía aprobada por su Parlamento en 2017 opinando que era la más conseguida y completa desde un punto de vista legal, dentro del Estado español, y que había sustituido a un obsoleto e inaplicable protocolo anterior, al que llenó el legislador –posiblemente con intencionalidad- de lagunas y contradicciones y que solo facilitaba la labor a determinadas asociaciones memorialistas.

Entre otras cosas se decía que asociaciones memorialistas a través de familiares y Ayuntamientos eran los únicos cauces de iniciar la localización y excavación de una fosa. Comenté con la profesora Blakeley que personalmente participé en la redacción de la ley andaluza al igual que muchas más personas versadas en el tema memorialístico, ya que fue una ley en cuya génesis participaron todos los actores implicados en la misma, como arqueólogos, historiadores, familiares, asociaciones, juristas, antropólogos, a través de decenas de reuniones por toda la geografía andaluza en el periodo 2012-15, con el entonces Director de la Memoria Democrática de Andalucía, Luis Naranjo, su adjunto, Juan Francisco Arenas, que consiguieron un amplio acuerdo para una de las leyes más consensuadas de la reciente historia de Andalucía. Personalmente me atribuyo la paternidad de que en el apartado C del artículo 9, se recogiera que para la localización de una fosa, además de familiares de las víctimas y asociaciones memorialistas, se incluye a los investigadores y miembros de la comunidad académica y científica, lo que da una posibilidad más amplia a las citadas localizaciones, y que los trabajos de investigación de los citados y algunas veces anónimos y certeros investigadores pudieran ser los iniciadores de un procedimiento de localización.

Abría por tanto el paso a investigadores, que con el anterior protocolo, quedaba cerrado. La ley dormiría el sueño de los justos hasta marzo de 2017 en que fue aprobada con varias reformas por el gobierno socialista en solitario. Destaco y reitero el amplio conocimiento y seguimiento que investigadores más allá de nuestras fronteras, como la profesora Blakeley, tienen de ciertos asuntos de España; la profesora expuso acertadamente el vacío de contenido de la ley estatal de 2007, debido a la falta de voluntad política para implementarla, sobre todo en su dotación económica que ya fue exigua por parte de los gobiernos de izquierda y la nula aportación posterior de los gobiernos de derecha y sobre todo la negativa del gobierno de izquierda que la promovió, a anular las sentencias condenatorias como se ha comentado anteriormente.

El actual gobierno promueve en septiembre de 2020 otro nuevo anteproyecto estatal de Memoria Democrática, que personalmente y modestamente lo veo innecesario, ya que existen leyes de memoria muy completas como la de Andalucía de 2017, que sería extensible a Comunidades Autónomas que no dispongan de la citadas leyes, y es por puro sentido práctico, porque en definitiva los permisos de localización son expedidos por las Administraciones Locales; las leyes que supervisan el patrimonio histórico son de ámbito de las Comunidades Autónomas; las leyes de urbanismo en el ámbito rural son supervisadas por la Administración Autonómica. Creo que el Estado debería delegar el tema de la memoria histórica o democrática en las Administraciones más cercanas, Autonómica y Local, porque serán ellas las que tendrán que resolver las solicitudes y supervisar los trabajos de localización y exhumación, ahorrando a las familias de las victimas trámites administrativos innecesarios.

 En memoria de los compañeros cronistas fallecidos en los últimos meses por la pandemia.

Fuente: Carta Local. FEMP: http://femp.femp.es/files/842-355-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20339,%20octubre%202020.pdf