DEPURACIÓN
POR FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES
El 4 de junio de 1937, fallecía en Madrid, de muerte natural, Fernando Valhondo Calaff, el hombre más rico de Cáceres en aquel momento. Su defunción en un Madrid rodeado de frentes de guerra, tendría una escasa repercusión en su ciudad. Las nuevas autoridades ya se habían encargado de alterar su figura a través de un informe que el propio alcalde Luciano López Hidalgo envía, el 2 de marzo de 1937, al juez de instrucción de Cáceres, para que se depure a un capitalista que ‘reunió con avaricia sus rentas, siendo sus únicos gastos los que hacía para alternar con condes y marqueses en Madrid’.
En ese informe se le acusa de haber concedido terrenos a las autoridades republicanas y de ser ‘un individuo de escasísima cultura y pobre de espíritu’, aunque lo que más se le critica es no haber hecho un uso ‘moral y cristiano’ de su fortuna. Era la manera de desacreditar a una persona que, a su muerte, dejo testado que sus propiedades acabasen formando parte de una fundación, centrada en las ayudas sociales a los más necesitados, especialmente a los niños. A pesar de ello, unos meses antes de fallecer, era considerado poco menos que un inmoral y traidor a la causa del nuevo orden franquista.
Los informes que se hacen desde el ayuntamiento cacereño, a petición tanto de jueces como de autoridades militares o carcelarias, son un claro ejemplo de cómo un simple papel timbrado, firmado por el alcalde, podía acarrear presidio, paredón o marginación laboral perpetua. Informes de depuración que afectaban a todos aquellos que hubiesen mostrado el menor apoyo a la causa republicana, en una pequeña ciudad donde todo el mundo se conocía y donde rivalidades y rencores suponían un reto peligroso al que se enfrentaban los perdedores.
De todas las personas que son encausadas o depuradas en Cáceres, que son cientos, los informes más ásperos y desalmados son los referidos a la moral pública y privada de las mujeres, aparte de juzgar su militancia izquierdista. Ciriaca M. era una inmoral por haber abandonado a sus hijos para amancebarse con un individuo de Garrovillas.
Celedonia L. era de mala reputación por tener una casa de ‘mala nota’ en la calle Postigo. Victoria G. no sólo era comunista, además había bordado una bandera roja para asistir a las manifestaciones donde ‘ostentaba un vestido encarnado’. Benigna A. era ‘propensa a formar escándalos e insultar a los vecinos’ aparte de ser de izquierdas y haber proferido palabras en contra del Movimiento, por lo que había sido detenida. Juliana S. es acusada de insultos y palabras deshonestas a sus vecinos, así como ser aficionada a la bebida y haber sido comunista. Natalia ‘la castañera’, aparece como ‘persona inmoral aficionada a las bebidas alcohólicas, habiendo hecho manifestaciones de desagrado hacia el Movimiento Nacional’.
Antonia R. es acusada de participar en las manifestaciones comunistas y hacer uso de “uniforme y emblemas comunistas y colocar pasquines en las calles”. Antonia “la gitana”, era de “ideas izquierdistas muy exaltadas” y hacía manifestaciones contrarias al nuevo orden franquista. Regina R. es descrita como una mujer “significada por sus ideas comunistas, levantando el puño cerrado en las manifestaciones”. Informes que causaron mucho sufrimiento para numerosas familias durante demasiado tiempo.
