POR JOSÉ LUIS ARAGÓN PANÉS, CRONISTA OFICIAL DE CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

En sesión extraordinaria de cabildo, el 7 de diciembre de 1869, tal día como hoy, el Ayuntamiento de Chiclana, redactaba un «expuesto» o instancia al ministro de Fomento, para evitar una prórroga que permitiese al arrendatario del puente de barcas sobre el río Zurraque, seguir cobrando los derechos de portazgo. Al mismo tiempo, protestaba porque el Estado se hacía cargo de esos derechos de peaje del puente a partir de enero de 1870.

Desde que el rey Carlos IV firmara una Real Cédula expedida en agosto de 1800, en la que establecía la construcción de una barca de pasaje y del arrecifado para comunicar Chiclana con la carretera Cádiz-Madrid y así pasar a la Isla de León y a la capital gaditana, el trayecto se hacía utilizando este medio cobrando el Ayuntamiento de Chiclana –desde su inauguración en 1807– un «barcazgo» o portazgo a personas y mercancías que transitaban de un lugar a otro. Así se mantuvo hasta 1842.

En ese año, por «los adelantos de la época, el mayor tráfico desarrollado con los pueblos del interior cuyo vértice convergente para dirigirse a la Capital era Chiclana, exigían la construcción de un puente», puente que se construyó sobre barcas y al que se le impuso el nombre de «Puente de la Victoria» en honor al Baldomero Espartero. La concesión para su construcción fue adjudicada a Julio Zacarías, que recibiría los arbitrios del pasaje durante doce años, sin prórroga alguna.

Pero al finalizar el año de 1869, el Ayuntamiento reclamaba volver a cobrar el arbitrio sobre el sitio y lugar del puente. Sin embargo, el gobernador civil dio la razón a los arrendatarios, a la vez que indicaba que, a partir de junio del siguiente año, el Estado se haría cargo de ellos.

Comenzaba así un litigio que acabaría perdiendo la municipalidad chiclanera, pues el asunto llegó hasta el Tribunal Supremo a finales de 1872, que falló a favor del Estado.