POR ANTONIO BOTÍAS SAUS, CRONISTA OFICIAL DE MURCIA

Con los libros de historia en la mano, las elecciones que se celebran en la actualidad son, aunque mucho más democráticas, también más aburridas e insulsas. Los enfrentamientos entre unos partidos y otros a pie de urna, la compra de votos, las papeletas a nombre de los muertos y las golpizas y detenciones eran moneda frecuente cada vez que se celebraban unos comicios. Por poner solo un ejemplo: en las elecciones de 1886 fueron detenidos y procesados por fraude electoral todos los concejales del Ayuntamiento de Jumilla, a los que siguieron, por el mismo motivo, los alcaldes de Mula, Pliego, Alguazas, Albudeite o Archena.

Muy conocido es el caso de aquellos comicios donde el alcalde de Campos del Río decidió instalar la urna electoral en «la sala alta de la escuela, a donde se llegaba después de atravesar la sala baja de 3,8 metros por 10, subir una escalera de caracol de 86 centímetros de anchura y atravesar una habitación intermedia». Y entonces, además de la urna, se encontraban al propio alcalde, que negaba el voto a quien se le antojaba. A pocos extrañó que los conservadores solo obtuvieran 9 votos mientras el partido liberal del regidor obtuviera más de 700.

En otros casos, como sucedió en Murcia también a comienzos del siglos pasado, a algunos se les iba la mano con el ‘pucherazo’ y, a la hora de recontar los votos, se encontraron más papeletas que vecinos estaban llamados a las urnas por uno de los distritos. Y no fue todo. En aquellas elecciones, según la prensa, «llegaron hasta el punto de vocear el precio de los votos en medio de la calle». Tampoco es de extrañar, por tanto, que hubiera «estacazos en gordo» entre unos contrincantes y otros. Un ejemplo para el recuerdo, que quizá se lleve la palma, sucedió en las elecciones de 1909. El escándalo fue monumental e incluso favoreció la publicación de un libro, escrito por el diputado murciano Juan de la Cierva, cuyo título evidencia al pronto su contenido: ‘Las Elecciones Municipales de diciembre de 1909 en Murcia y en el distrito de Mula’, con el subtítulo de ‘Documentos que acreditan la intervención que en ellas tuvieron las autoridades gubernativas’.

Nada más abrirse el colegio electoral instalado en Las Oblatas, un delegado del Gobernador, Antonio García, ordenó la detención del presidente de la mesa, Ginés Alemán, tras recriminarle que él no era nadie para constituir la mesa. Y el pobre Ginés fue conducido, como reza un acta notarial de la época, «a la prevención».

Mientras esto sucedía, Antonio Olmos, presidente de la mesa del tercer distrito, corría similar suerte. No había olvidado que, unos días antes, dos señores le aconsejaron que «renunciara» al cargo o que, «en último caso, no concurriera a la hora conveniente para tomar posesión del mismo» y de esta forma recayera la presidente en el resto de designados. Pero Antonio se negó.

Incluso cuando le ofrecieron 15 pesetas «para necesidades urgentes» y la promesa de que le encontrarían un empleo en las obras de la Contraparada. Así que el día antes de las elecciones, cuando salía de un colmado de convidarse, también fue detenido, ante el estupor de los dueños del bar, que estaba ubicado en la calle del Rosario, y del resto de los parroquianos.

Quemando las papeletas

En el distrito del Carmen, aunque comenzó la votación a las ocho de la mañana tras comprobarse que la mesa estaba constituida, alrededor de la una de la tarde algunos advirtieron de que la votación se suspendía porque en la mesa solo había un adjunto. Pese a la oposición del presidente, la Guardia Municipal primero, y más tarde la Guardia Civil dieron por concluidos los comicios en aquel lugar. Y a otra cosa.

En algún distrito, incluso, discutieron menos. Fue el caso del décimo, donde se presentó Juan Rivera Abellán, «llamándose Delegado del Sr. Gobernador», como mantiene el acta notarial que más tarde firmaron los afectados. El tal Rivera no perdió el tiempo en palabrería. Tras ordenar a una pareja de la Guardia Civil que no dejara entrar a nadie en la sala, extendió las actas sobre la mesa y ordenó a los miembros de la misma que las firmaran en blanco. Y por si no estaban claras sus intenciones «sacando a puñados las papeletas de la urna y, haciendo un montón con ellas, las prendió después fuego». Con un par.

Además, otro de los interventores de aquella mesa también había sido detenido. El décimo distrito comprendía varias secciones en El Carmen y San Benito, así como las pedanías de Rincón de Seca y Era Alta.

Algunos de los individuos implicados en estos casos eran concejales liberales a quienes el Gobernador Civil había nombrado «delegados especiales» suyos. Y debieron hacer bien su trabajo si tenemos en cuenta que el partido liberal obtuvo 15 concejales en aquellas elecciones, incluso dos más de los 13 que componían su lista.

Algunas de las denuncias causan, cuando menos, la risa. Fue el caso de Antonio Prieto, quien presentó una reclamación que así rezaba: «Penetré a duras penas en el colegio electoral, entregándole la papeleta al Presidente de la Mesa, Juan Moreno Peñalver, el cual me la devolvió después de pronunciar la palabra ‘votó’, echando en su lugar otra». Ole. Y también se registro todo un clásico en estas lides del pucherazo y tentetieso: el reloj de la Villa de Mula fue adelantado para cerrar antes los colegios.

No menor fue el escándalo en Bullas, donde el delegado del Gobernador, Amalio Tortosa, ordenó retener a cuatro presidentes de otras tantas mesas. Pero, en este caso, como se demostró más adelante, había sido burlado. Al parecer, al llegar a Bullas, el delegado advirtió a Joaquín Carreño, «máximo cacique conservador de aquel pueblo» que no toleraría que «se alterase el orden en el pueblo». Y Carreño le dijo que si alguien intentaba armarla debían de ser cuatro vecinos, a los que el delegado retuvo de inmediato. Y en esas andaba cuando descubrió que eran conservadores, como el cacique, quien también se apresuró a denunciar al delegado por dicha detención. Eso, sin duda, es hilar fino.

Las elecciones se repitieron el día 22. Pero más vale que no se hubieran convocado. Porque hasta 29 vecinos de Bullas, entre los que estaban el alcalde, interventores, el Secretario del Ayuntamiento y electores, volvieron a ser detenidos. Así lo explicaría el notario en un acta que levantó tras dirigirse al Consistorio y encontrarlos a todos custodiados por la Guardia Civil.

Fuente: http://www.laverdad.es/