EL ESTUDIO DEL CALLEJERO HA SIDO REALIZADO POR JUAN MÁRQUEZ, MIGUEL ÁNGEL ABAB, GABRIEL SEGURA (CRONISTA OFICIAL) Y JOSÉ MANUEL VALERO

El edil de Patrimonio, Amado Navalón, junto con Juan Carlos Márquez, arqueólogo municipal, ha anunciado el inicio del proceso para cambiar el nombre de las calles de Elda que tienen nombres relacionados con el régimen franquista, y así adecuarlo a la Ley de Memoria Histórica.

De esta forma, el próximo 20 de febrero, a las 20 horas se celebrará en el Centro Cívico y Juvenil una charla coloquio donde los miembros de la comisión que ha elaborado el informa explicarán todo lo relacionad con esta actuación.

“Este no es un deseo de la corporación ni de los gobernantes, sino una obligación”, ha señalado el edil de Patrimonio, “estas calles y plazas con nombre franquistas hacen exaltación a una situación no democrática”.

Además. Se habilitará un espacio en la página web del Ayuntamiento (www.elda.es) para que los ciudadanos y ciudadanas hagan sus sugerencias y participen en el proceso.

Por su parte el informa tiene sus propuestas, la mayoría vuelven al nombre que tenían antes del cambio, en 1939. El estudio del callejero ha sido realizado por Juan Márquez, Miguel Ángel Abab, Gabriel Segura (cronista oficial) y José Manuel Valero.

En concreto son 17 calles propuestas y 3 plazas del mobiliario humano.

Así Márquez ha explicado que “en 2016 el Ayuntamiento de Elda acordó evaluar las denominaciones de calles y plazas de la ciudad a la luz de lo que marca la Ley de Memoria Histórica”, que fue punto de partida del proceso. Tras esto se formó la comisión de expertos y se realizó el informe “que está disponible en la web del Ayuntamiento en la pestaña Patrimonio”, ha expuesto el arqueólogo.

“Es importante subrayar que son propuestas, que la última decisión es potestad del Ayuntamiento y también estarán sometidas a la opinión de los ciudadanos y ciudadanas, por eso se realiza esta charla coloquio”, ha destacado Juan Carlos Márquez.

Por otra parte, estas calles se ponen en cuestión, fueron cambiadas durante la dictadura franquista, “una decisión que tomó una corporación que no fue elegida democráticamente”, ha señalado Márquez, hecho principal en el que se ha basado la comisión en su informe.