POR FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA

Como sospechosos, el informe de la “Causa General” citaba a 35 vecinos de Torrevieja y a un capitán procedente de Los Alcázares (Murcia) –que intervino en las muertes de los guardias civiles- como responsables de las muertes que ocurridas en Torrevieja durante el periodo comprendido entre 1936 y 1939. Hay que precisar que incluso en los casos de los dos fusilados en Alicante, Ramón Gallud Torregrosa, estudiante de medicina, y Gabriel Aracil Pérez, albañil, el informe municipal cita responsables directos, por la idea de que las autoridades locales habían auspiciado tanto las penas de muerte como las fuertes condenas al resto de procesados. De estas treinta y cinco personas aparece un miembro del Frente Popular que participó en cuatro de las muertes y en los hechos del 3 de marzo de 1936.

Fueron fusilados ocho personas; otros ocho vecinos marcharon al exilio, entre ellos un dirigente de la CNT al que, cuando pidió la vuelta a España, en 1968, informó por su importancia el jefe superior de policía de Alicante y el teniente coronel jefe de la 412 Comandancia de la Guardia Civil de Alicante. Se le imputaba incluso haber mandado el piquete de ejecución de José Antonio Primo de Rivera, haber formado parte de la Comisión de Orden Público y haber sido director del Hospital Provincial de Alicante. Otras veintiocho personas fueron encarceladas.

En la posguerra, pues, ocho vecinos de Torrevieja fueron fusilados y otros sesenta y seis fueron expedientados por la Ley de Responsabilidades Políticas. A un maestro se le aplicó la Ley de la Masonería y el Comunismo resultando absuelto.

Las detenciones y requisitorias eran presentadas públicamente sin el menor respeto por los afectados: no regía entonces la presunción de inocencia y a personas sin posibilidad de defender su buen nombre se las calificaba de incendiarios, ladrones, homicidas y se descendía incluso a otras características personales –como “afeminado” o “que hacía vida marital”- descalificadoras. La relación de motivos por los cuales una persona podía ser –y era- detenida o multada en estos primeros momentos abarca conceptos tan dispares –y que dan idea de la amplitud de la represión existente- como viajar con el salvoconducto caducado, estar en mangas de camisa, ostentar insignias socialistas o republicanas, no saludar cuando sonaba el himno nacional, de tener documentos de “índole roja”, ayudar con alimentos o ropa a algún perseguido, avalar a personas de izquierda, lanzar noticias tendenciosas en un lugar público, proferir manifestaciones de desafección a la Causa Nacional, no engalanar las fachadas o colocar retratos de Franco y José Antonio en determinadas fechas, etc. Había pues que obedecer cualquier orden y sugerencia emanada de las nuevas autoridades, hasta las de apariencia menos represiva.

Hay que recordar que esta feroz represión tenía carácter retroactivo, es decir, consideraba como delitos y castigaba actividades que eran perfectamente lícitas cuando se realizaron. Las denuncias llovían sobre las autoridades hasta el punto que en septiembre de 1944 hubo que advertir que sólo se tendrían en cuenta “las que vengan firmadas” y con expresión del domicilio del denunciante, a quien se le garantizaba la discreción. En este contexto, no resulta extraño que fueran vanos los intentos comunistas, libertarios o socialistas para reconstruir sus dispersas organizaciones o para ayudar a los compañeros perseguidos. Una eficaz política represiva y, sobre todo, el clima de terror reinante logró que, a partir de 1949 –cuando todavía continuaban encarcelados algunos militares-, desapareciese en la práctica toda resistencia clandestina a la dictadura.

Al final de la década de los cuarenta, los esfuerzos de los republicanos españoles en el exilio para que las potencias vencedoras en la guerra mundial contribuyesen a derribar a la dictadura franquista resultaron inútiles ante la aceptación, en el marco de la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS, de la dictadura de Franco como una pieza más de la defensa de Occidente. Entre tanto, totalmente desmanteladas por la represión las organizaciones obreras, sometida toda la ciudadanía a la condición de súbditos, censurada la libre expresión del pensamiento, coartada la libertad de asociación, el régimen franquista iniciaba la década de los años cincuenta con buenos auspicios, más firme que nunca.

(Continuará)

Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 15 de octubre de 2016