POR ANTONIO BOTÍAS, CRONISTA OFICIAL DE MURCIA

Dolores Ros, a sus increíbles cincuenta años, nunca había bajado a una mina. Y era probable que allá aislada en su Jimenado natal, malviviendo en una casucha desvencijada y llena de piojos y críos, ni siquiera supiera qué era el plomo. Pero Dolores sufría una aguda intoxicación por ese mineral. Era una dolencia propia de mineros la que ella contrajo, mire usted por dónde, tras comer pan. Y lo mismo sucedió en 1935 a otros cinco mil cartageneros en su mayoría.

El buen olfato del médico de La Aljorra, Domingo Ballester, permitió descubrir el origen de la terrible intoxicación. Desde hacía semanas observaba en muchos parroquianos los síntomas: dolores intestinales, vómitos, inapetencia y, sobre todo, ennegrecimiento del borde inferior de los dientes.

Eso evidenciaba la presencia de plomo, aunque en la diputación cartagenera no había mineros. Otro de los posibles caminos era la pintura, pues en su composición se empleaba la barita. Sin embargo, allí todos los enfermos eran jornaleros. Sin contar a sus familias.

En esas andaba el galeno cuando fue a visitarlo el panadero del lugar, quien también había enfermado. Y Ballester sospechó del pan. Alertado el Ayuntamiento de Cartagena, los posteriores análisis le dieron la razón.

La investigación avanzó tan rápido como el número de afectados. Los análisis confirmaron la existencia de plomo en las harinas de los panaderos de la comarca. La causa era evidente: contenían barita, un mineral muy común que se añadía molido como blanco a la pintura. Y también, al parecer, a la harina.

El informe toxicológico concluyó que las muestras habían sido adulteradas «con sustancia mineral integrada, en su mayor parte, por sílice y cal al estado de sulfato y pequeñas cantidades de sales de plomo, resultando,por tanto, tóxicas para la salud».

¿Quién era el responsable? Los panaderos quedaron exculpados porque también se intoxicaron. Además, las harinas que llegaban desde Castilla en tren no estaban contaminadas. Bastaba, pues, encontrar al intermediario.

Su nombre era José Meroño Olmos y surtía de harina a los pueblos afectados cuya lista, en pocos días, incluyó Roldán y La Palma. En este lugar fue el panadero Juan Egea el primero que enfermó junto a su esposa y sus cuatro hijos. Luego cayeron sus trescientos clientes.

Afición por el dinero

De José Meroño dirían sus vecinos que padecía «una desmedida afición por el dinero» y que en tiempos se rumoreó que encargaba chocolate con menos peso del que luego cobraba a los clientes. Contaba con unos cuarenta años y había enterrado de una viuda rica, con quien se casó estando la mujer enferma.

Cuando la Guardia Civil fue a buscarlo no lo encontró en su comercio. Había huido tras retirar del banco los ahorros. Unos días después se entregó e ingresó en prisión. El almacenista disfrutaba del monopolio de la harina y, como se demostró, también de la barita.

El juzgado comprobó que Meroño había comprado un total de treinta toneladas de barita, aunque en cada envío figuraba un nombre distinto. La mezcla la componía adulterando, por cada cien kilos de harina, cinco de sulfato de barita. La Guardia Civil constató que en agosto de aquel año fueron molidas de Los Dolores hasta cinco toneladas de mineral. En sus primeras declaraciones, el detenido arremetió contra los fabricantes, quienes le respondieron personándose en el sumario. El escándalo traspasó las fronteras murcianas. Así, el gremio de Pamplona animó a los diputados a Cortes que investigaran el caso.La mezcla, aunque muchos se sorprendieran, no era mortal. De hecho, como después se supo, desde hacía tiempo estaban los murcianos comiendo pan elaborado en parte con ese mineral. Tres vagones semanales vendía José Meroño. Hasta que el último suministro de sulfato de barita contuvo una veta de carbonato de plomo. La situación se tornó desesperada. Al enfermar los padres de cada familia perdían el escaso jornal para su sustento. Y ya si padecían apreturas para comer a diario, ni imaginen la imposibilidad de pagar los medicamentos. O siquiera de tener esperanzas de sobrevivir los meses venideros.

Leche materna mortal

La falta de médicos en algunas poblaciones centró las críticas de los diarios. Entretanto, las farmacias no daban abasto. Solo en Torre Pacheco se despacharon en una semana mil de ellas. De sus nueve mil habitantes enfermó una tercera parte.

El tratamiento consistía en limonada sulfúrica y ampollas de morfina, entre otras medicinas. Y las cinco mil pesetas que costaba el remedio corrían a cargo del Ayuntamiento. Sin embargo, como denunció el farmacéutico José Oliva, el retraso en el pago lo obligaba a pagar de su bolsillo los gastos. «Diariamente despacha unas cien recetas», apuntó ‘La Verdad’.

El caso se recrudeció tras la primera muerte. Era una niña de once meses. La madre llevaba unos días enferma, aunque seguía dando el pecho a la pequeña, quien «se negaba a tomar leche como no fuera de su madre», publicó ‘La Verdad’. Sería su ruina. A esta siguieron otras muertes, si bien nunca se aclaró el número real de afectados.

Las estimaciones se elevaron a unos cinco mil, en su mayoría de los campos de Cartagena y Murcia, pero también en otros municipios como San Javier y San Pedro del Pinatar, como recordó en su día el cronista de Cartagena Luis Miguel Pérez Adán en una espléndida investigación

El recorrido judicial está aún por desvelar. El juez de Instrucción de Cartagena tuvo que inhibirse a requerimiento del decano de Murcia. El magistrado pidió para Meroño una indemnización de un millón de pesetas y mantuvo la prisión incomunicada sin fianza. El embargo de sus bienes ascendió a ciento sesenta mil pesetas. ¿Qué sucedió con este comerciante sin escrúpulos? Es un misterio. La Guerra Civil comenzaría apenas siete meses más tarde de los hechos, lo que complica determinar si Meroño fue juzgado.

En agosto de 1939 el diario ‘Línea’ publicó una orden dirigida a los soldados que habían estado en campos de concentración y que, al ser licenciados, residieran en Murcia. Debían presentarse en el cuartel de la Guardia Civil «con tres personas de solvencia moral» para hacer constar «la conducta político-social, pública y moral del interesado». Miedo da. En aquella lista figuraba un tal José Meroño Olmos, al parecer con domicilio conocido en la calle de la Merced. Quizá fuera el mismo individuo que provocó la mayor intoxicación que ya nadie recuerda en esta tierra desmemoriada.

Fuente: https://www.laverdad.es/