POR ANTONIO BOTÍAS SAUS, CRONISTA OFICIAL DE MURCIA

Los separan siete pasos. Apenas siete zancadas hay entre la sucursal que en Murcia mantiene el Banco Popular, en la calle Trapería, y la sede del Santander, la entidad que lo ha comprado por un euro, incluidas las 37 oficinas y los 212 empleados que mantiene en la Región. Y el llamarle entidad al Santander no es baladí. Porque ayer fue eso: una auténtica entidad, en su correcta acepción de «ente o ser», que planeó durante la jornada sobre el que antaño fuera su competidor. Pero nadie perdía un segundo en valorar una operación donde más de 300.000 accionistas en España han perdido su inversión.

El Popular no reveló cuántos murcianos están afectados por la operación, pero lo cierto es que ayer tampoco se produjo una avalancha de reclamaciones en las asociaciones de consumidores ni en las oficinas de atención municipales. La presidenta de la organización Thader Consumo, Juana Pérez, explicaba a ‘La Verdad’ que solo habían recibido una consulta a través de un correo electrónico, «aunque es cierto que esperábamos muchas más. Es posible que se produzcan en los próximos días».

Todo dependerá de la cantidad de inversores murcianos, entre los que podrían encontrarse grandes empresas. Eso sí, la comidilla para muchos era preguntar a amigos y conocidos si se habían visto afectados. «¿Cuántas ‘perras’ tenías en el Popular?», bromeaban algunos utilizando tan castizo y sabroso término murciano.

Y nadie respondía. Como si nadie -o muy pocos, algo también posible- hubiera invertido nunca un euro en el banco. Similar opinión manifestaban fuentes de la Oficina del Consumidor de Murcia, desde donde destacaban que «no se ha producido ni una sola consulta, si bien todavía parece pronto para que los ciudadanos afectados valoren si sus derechos han sido perjudicados o no».

De igual forma, tampoco en la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur) se habían registrado denuncias sobre el particular, aunque el presidente de esta institución, Roberto Barceló, explicó que «hemos solicitado datos, tanto a la Administración como al Banco Popular, para que nos faciliten datos sobre el número de perjudicados en la Región».

Además, como también señalan desde Thader, Consumur ultima un operativo especial para atender «a cuantos murcianos consideren que sus derechos como consumidores han sido vulnerados». No es de extrañar esta respuesta si tenemos en cuenta, como añade Barceló, que «el Gobierno garantizaba hace apenas dos meses la solvencia del banco. Así que ahora tendremos que aclarar, entre otros detalles, la razón de que cientos de miles de pequeños accionistas se vean perjudicados». La respuesta a esta pregunta, según añadían otros expertos, podría acabar en las próximas semanas en manos de alguna fiscalía.

Fuente: http://www.laverdad.es/