POR MARI CARMEN RICO NAVARRO, CRONISTA OFICIAL DE PETRER (ALICANTE)

Estando en aquel mes de abril de 1424 la corte del rey Juan en la Ciudad Real, se presentó ante Pedro González del Castillo, escribano real y notario público, un tal Luis Sánchez de Valera, vecino de la villa de Belmonte, en su condición de procurador o representante de Alfonso Sánchez de Calatayud, señor de la villa del Provencio, portando en sus manos un privilegio real escrito en pergamino de cuero fechado en Segovia un martes, 26 de agosto de 1258 (1296 según la Era Hispánica) con la solicitud de que los privilegios allí contenidos, referidos a la posesión del castillo y villa de Petrer, fueran confirmados por el rey Juan.

Tras el meticuloso examen de lo que ahora conocemos como un privilegio rodado por parte del notario González del Castillo, éste procedió a realizar el correspondiente traslado a un nuevo privilegio real otorgado por el rey Juan II de Castilla un 26 de abril de 1424. Proceso administrativo del que dio fe pública el también notario Rodrigo Arias de León.

Ratificación real de un antiguo privilegio sobre los derechos de la familia García de Loaysa sobre el señorío de Petrer que hay que enmarcar en el contexto de la extinción de la línea agnaticia familiar con la muerte de García Jofré de Loaysa II (1408) y de la descendencia Loaysa a partir de 1412, con el fallecimiento de Leonor García de Loaysa, quién sin descendencia de su matrimonio con Joan de Rocafull, dejó a éste en herencia del señorío de Petrer.

La extinción del linaje familiar y los derechos de sucesión familiar en el señorío debió activar todas las alarmas sociales en aquellos descendientes colaterales de la familia García de Loysa que pudieran alegar derechos sucesorios. Era el caso de Alfonso Sánchez de Calatayud quién como hijo de María Urraca Gómez de Loaysa, tataranieta de Jofré de Loaysa, debió considerar la posibilidad de alegar sus derechos sucesorios al señorío y mayorazgo de Petrer para evitar que éste pasara a manos de los Rocafull, señores de Albatera, quienes ostentaron el señorío petrerense entre 1412 y 1431, cuando lo vendieron a Ximén Pérez de Corella, señor de la baronía de Elda.

El privilegio rodado es el documento más solemne de los emitidos por la cancillería real castellana. Su nombre deriva, por una parte, de su contenido jurídico –privilegio–, y, por otra, de uno de sus rasgos distintivos –la rueda– que envuelve el signo del monarca y sirve como validación. El rey Alfonso X en Las Partidas fijó las fórmulas diplomáticas que caracterizan a este tipo de documentos y que son las más ceremoniosas de todas. Como ha manifestado algún archivero el privilegio rodado “es, sin duda, el tipo documental más solemne, hermoso y apreciado durante los siglos XIII y XV en Europa”.