El escrito de acusación provisional explica que la empresa es titular de la explotación desde el año 2003. Tiene licencia municipal para extraer mineral a cielo abierto por medios mecánicos y mediante el empleo de explosivos.

El Ministerio Público recuerda que la ley establece que el BIC tiene reconocido un perímetro de protección de 200 metros a la redonda. Aclara, igualmente, que los procesados sabían de la existencia del yacimiento y el torreón en las cercanías de la cantera.

Es más, llegaron a proponer a la Junta que autorizase el traslado de los restos arqueológicos a otro lugar, una petición que fue rechazada por la Delegación de Cultura en 2013.

Pese a ello, la Fiscalía sostiene que los trabajos de explotación de la cantera invadieron los límites de protección marcados y se desarrollaron dentro del entorno del BIC.

De hecho, técnicos de la Administración autonómica constataron este hecho en una inspección realizada a la cantera en enero de 2016. Así, ordenaron la paralización de la actividad.

El Ministerio Público asegura, no obstante, que los trabajos continuaron. El Seprona constató, incluso, que se habían realizado obras de construcción, como un camino para acceder con maquinaria y vehículos a la parte alta de la cantera. Además, llegaron a la conclusión de que la extracción de mineral se estaba realizando a apenas 80 metros del yacimiento protegido.

Para la Fiscalía, los acusados “contravinieron las determinaciones de la licencia municipal y la ordenación urbanística del municipio”. Además, asegura que los trabajos de explotación de la cantera han originado “el desmonte de la unidad morfológica donde se inserta el monumento, la destrucción total de la cubierta vegetal y la apertura de frentes cada vez más elevados con el consiguiente impacto visual y paisajístico”.

El fiscal explica que estos hechos son constitutivos de dos delitos: contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico. Además de las penas de prisión y de las multas, se solicita que los acusados restauren la zona y la devuelva “a su estado originario”.

La Torre de Cerro Algarrobo es una atalaya fortificada, construida en el siglo XIII y declarada Bien de Interés Cultural desde el año 1985, en su categoría de monumento.

En ese mismo suelo existe un yacimiento arqueológico de época ibérica, con una planta rectangular de unos 400 metros cuadrados. Se trata de los vestigios de una antigua fortificación construida con muros de piedra.

El cronista oficial de Fuensanta, Antonio Luis Bonilla Martos, denunció en las páginas de Diario JAÉN “la destrucción” del yacimiento. Fue en junio de 2016.

La empresa está declarada en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil desde el 9 de julio de 2015. Al frente, está un administrador nombrado por la Justicia.