LA SEQUÍA Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO DEL CASTILLO EN 1841
POR BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT, CRONISTA OFICIAL DE XIXONA (ALICANTE)
En el verano de 1841 la sequía era acuciante y la escasez de agua se notaba en el propio casco urbano de Xixona. Las mujeres tenían que hacer mucha cola en las fuentes públicas para llenar sus cántaros habiéndose producido alguna discusión sobre el turno para el aprovisionamiento del líquido elemento; discusiones que, en ocasiones, habría pasado de las palabras a las manos: ”pues las mujeres se están peleando los más de los días en las fuentes públicas por las muchas que se juntan y la dificultad que sucede para llenar sus cantaros, al paso que llegan algunas veses los arrieros y no pueden dar a bever a sus cavallerias”. Además las cabalgaduras de los carreteros y arrieros no podían abrevar por falta de agua: “se han buelto de la fuente una porcion de cavallerías sin poder beber”.
La merma en el caudal de agua, que llegaba a las fuentes públicas de la ciudad de Xixona, era muy destacada; así se evaluaba en la mitad del caudal que acostumbraba a manar de sus chorros: “paseha diariamente por todas las calles de esta poblacion, observa que el agua que cahe por las fuentes, donde se surte el vecindario para su consumo, no llega a la mitad de la que en todas épocas ha visto en ella”.
A finales de agosto de 1841 se comenzó a plantear una posible solución para la sequía. Las aguas de las que se abastecía la ciudad procedían de la fuente de Segorb. Estas aguas discurrían por el barranco que hay detrás del castillo y llegaban a una caseta donde, las aguas necesarias eran desviadas para el abastecimiento de la ciudad y el resto circulaban por el cauce de este riachuelo en dirección hacia el Sur y eran aprovechadas por los regantes de la partida de Segorb. Cuando la ciudad había padecido una sequía se había procedido a incrementar el caudal de las aguas que se reservaba al consumo humano y reducir el agua sobrante que continuaba por el riachuelo. Según el consistorio esta práctica se podía realizar, ya que los regantes de Segorb sólo tenían derecho al uso del agua sobrante.
El 23 de agosto el pleno municipal acordó llamar a la casa consistorial a los tres médicos de esta ciudad, cirujano y boticario para que a las 5 de la tarde de ese mismo día pasasen a analizar la calidad de las aguas que se recogen en el barranco situado encima de la caseta del agua, puesto que “teniendo noticia que dicha agua no reúne las cualidades que la que se consume en esta ciudad”. El informe que emitieron los expertos debió de ser positivo y el pleno del 26 de agosto de 1841 acordó por mayoría aumentar el caudal del agua destinada al abastecimiento público y disminuir la que finalmente circula por el riachuelo del castillo. También se acordó abrir un expediente informativo para saber si estos regantes eran propietarios del agua o sólo tenían derecho a utilizar las aguas sobrantes. Sobre este asunto declararon una veintena de testigos que corroboraron la versión del Ayuntamiento.
Esta intención municipal de disminuir el caudal del agua que circulaba por el río del castillo y que era aprovechado por los regantes de Segorb supuso el inicio de hostilidades entre los potentados de dicha partida y el cabildo jijonenco.
Los regantes de la partida de Segorb, encabezados por Francisca Cortes Gisbert, elevaron un recurso ante el Jefe Político de la provincia, quien abrió un expediente y solicitó información sobre el asunto al juez municipal.
El 1 de septiembre se volvió a reunir el pleno municipal para debatir una solicitud del juez de primera instancia en la que pedía una certificación del acta de la sesión del 26 de agosto y el expediente o los antecedentes que habían servido para acordar el incremento del caudal para consumo humano. Esta solicitud la realizaba por petición del Jefe Político de la Provincia, es decir los regantes de Segorb apostaron fuerte y denunciaron la intención municipal de reducir el caudal del río del castillo ante la máxima autoridad provincial. La respuesta del Ayuntamiento fue muy contundente. Inicialmente intentaron desacreditar la solicitud del juez manifestando que en este caso no actuaba como institución, puesto que el recurso se había presentado ante el Jefe Político de la Provincia, sino como un simple intermediario. Además se cuestionaba su imparcialidad en el asunto: “en razón al trato y relaciones de amistad que tiene con Doña Francisca Cortes interesada en el negocio como otras de los regantes de Segorb”.
Tras una discusión se llegó a un acuerdo consistente en pedir al Jefe Político de la Provincia la recusación del juez de primera instancia en este tema y en negarse a declarar ante dicha autoridad. Este acuerdo se tomó por mayoría de 7 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Resulta curioso que entre los que se oponen al acuerdo municipal se encuentre Manuel Verdú, comisionado por el pleno para el mantenimiento de las acequias y responsable del agua y Sebastián Garrigós, alcalde segundo.
El 2 de septiembre acudieron al notario: Vicente García, presbítero y síndico del clero de esta ciudad; D. José Garrigós; Doña Francisca Cortes Gisbert, viuda; Teresa Cortes viuda también; Miguel Lusandes; Francisco Coloma; José Selfa; Antonio Coloma; José Mira en representación de su padre Vicente y José Picó, todos ellos propietarios de la partida de Segorb para firmar una escritura en la que se constituían como interesados en el riego. Estos hacendados tenían muy claro los motivos que propiciaban esta acta: “teniendo presente que por el Ayuntamiento constitucional de esta repetida ciudad se trata de quitarles las aguas de las espresadas fuentes con cuya quieta y pacífica posesión se han hallado siempre los comparecientes así como sus antepasados”.
La razón de este convenio era comprometerse públicamente en la defensa de sus intereses y establecer los medios económicos para ello.
Así acordaron presentar los recursos necesarios ante los tribunales de Justicia: “hasta su final terminación, cuantos expediente y pleitos sean necesarios”. Para la provisión de fondos se nombró a José Garrigós, depositario y se aprobó que la aportación de numerario fuera proporcional a la cantidad de horas de agua de riego que tenían concedidas, a razón de 160 reales por cada día de agua. En caso de que estas cantidades fueran insuficientes se determinó que se pudiera hacer una nueva derrama. Es significativo que como testigo de este convenio firmara Sebastián Garrigós, alcalde segundo de Xixona.
En este enfrentamiento entre el ayuntamiento y los regantes de Segorb resulta llamativa la postura de D. Manuel Verdú, encargado del abastecimiento público y del mantenimiento de las acequias, quien siempre defendió los intereses de los hacendados. Es por ello, que el pleno del 1 de septiembre intentó atar en corto a este díscolo concejal. Dado que no podían destituirle, a pesar de alegar: “no prestava, ni podía prestar, toda la vigilancia y cuidado que exigía un asunto de tanta importancia para el público, a causa de vivir fuera de esta ciudad”, puesto que la excusa presentada parece ciertamente baladí, se procedió a controlar todas sus actuaciones mediante el nombramiento de un ayudante, José García.
Este nombramiento de un ayudante disgustó al concejal, quien además había perdido el control de las llaves de la caseta del agua. Manuel Verdú escenificó su malestar ante el pleno de la corporación del 16 de septiembre cuando solicitó que se le devolvieran las llaves y, en caso contrario, no se hacía responsable de los desperfectos que se pudieran producir en la red de abastecimiento del agua. Sus compañeros de corporación decidieron responderle en una sesión posterior.
A pesar de ello, hemos revisado las actas capitulares y no hemos encontrado una respuesta por escrito. Da la impresión que Manuel Verdú siguió desempeñando el cargo y el 7 de enero de 1842 cuando se renovaron los cargos municipales se buscó una solución de consenso al nombrar como responsables de infraestructuras al propio Manuel Verdú y al concejal Antonio Sirvent. En esta última sesión plenaria el concejal Mateo Cremades y el síndico D. José García intentaron que estos regidores fueran responsables a título individual de lo que pudiera ocurrir en el servicio de aprovisionamiento agua; pues plantearon que “quedasen responsables de qualquier evento que pudiese suceder en el Pueblo por falta de cuidado en las cañerías” , sin embargo el resto de concejales no fueron del mismo parecer, aunque si que apuntaron que “los encargados referidos deven tener el mayor cuidado en los encargos, que se les han conferido, haciendo presente a la corporación las faltas que observen para que esta las provea de remedio”.
El 11 de enero de 1843 ya se recuperó la normalidad puesto que fue nombrado como encargado de la composición de calles, fuentes, cañerías y tejar, Antonio Sirvent, quien había compartido el cargo el año anterior con Manuel Verdú.
