POR JOAQUÍN CARRILLO ESPINOSA, CRONISTA OFICIAL DE ULEA (MURCIA)

El historiador Muñoz Zielinski, en estudios biográficos de Antonio Gálvez Arce (Antonete), descubre su faceta política y, también, sus grandes conocimientos de la vida de los huertanos y las leyes que las rigen,

Pues bien; Antonete Gálvez, ejerció como Síndico de las aguas de la región de Murcia y, en el año 1849, concretamente el día 7 de julio, elevó una serie de escritos y denuncias, poniendo “en tela de juicio”, las renovaciones de “Las Ordenanzas de la Huerta” según afectara a los grandes terratenientes, o no. Conseguían variar los turnos de las tandas del agua, según sus intereses, quedando los pequeños agricultores desprotegidos y esclavizados por los grandes latifundistas.

La mayoría de las denuncias del señor Gálvez, eran debidas a la legalización que hacían los grandes propietarios de las norias y aceñas, según sus intereses particulares ya qué, sistemáticamente, tomaban el agua de las acequias “para cualquier uso y, a la hora que les viniera en gana”, sin abonar por el usufructo del agua; si acaso, una mínima “Tarja” (fracción de moneda de vellón).

La defensa de los derechos del agua, de los pequeños labradores, fue tan tenaz que llegó a violentarse con los miembros qué, continuamente, estaban enmendando los artículos de las Ordenanzas de la Huerta.

En una sesión, celebrada el día 5 de julio de 1849, se dio lectura a una denuncia que hizo a los Condes Villar de Felices y a sus herederos, por haber usurpado las aguas que pertenecían, por tanda, a los herederos del señor Abenza Carrillo, desde las 7 de la tarde, del martes día tres de julio, de 1849, hasta las dos de la mañana del siguiente día, miércoles.

Como el Consejo se consideraba incompetente para resolver tal irregularidad, los encausados quedaron impunes de los excesos que habían cometido, al usurpar aguas que no les correspondían.

Los miembros del Consejo, se dieron cuenta de que habían obrado con ligereza y, por ingerencia de los letrados de los Condes, modificaron las Ordenanzas, haciendo constar qué, si bien no podían poner en marcha la noria, si podían hacerlo con la aceña y, de esa manera como tantas otras veces, “se lavaron las manos”.

Como consecuencia, el Consejo careció de credibilidad y la injusticia se instaló de forma notoria.

Ante tal aberración administrativa, el señor Gálvez Arce, el día 7 de julio de 1849, elevó un suplicatorio, con el fin de que se revocara tal decisión. Como resultado, los infractores tuvieron que abonar el importe de los perjuicios que ocasionaron, además de la penalización que recayó, según la Ordenanza correspondiente.