LOS CONCEJALES ILEGÍTIMOS
POR EDUARDO JUÁREZ, CRONISTA OFICIAL DEL REAL SITIO DEDE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA)
No es cosa baladí esto de la legitimidad política. Del mismo modo que ocurre con la justicia, la prudencia, la templanza y el coraje, la legitimidad está sujeta a no pocos condicionantes temporales; sociales, si atendemos a la comunidad que alberga cada una de estas virtudes; y, sobre todo, morales, en línea con la rectitud que demuestra la aceptación de un objetivo en la vida que tenga el bien común como finalidad y no el lucro o progreso personal.
Y, créanme, que en estos días de insurrecciones, postureos varios y retorcimiento del concepto de ley y la oportunidad de su aplicación, no viene mal hacer ejercicio de conciencia respecto al cómo se debe actuar en el ruedo político, cada vez más degradado por la incierta voluntad social de la mayoría de los ostentadores de la representación popular, aquí y acullá.
Para todos ellos, para todos nosotros, la Historia tiende a dejarnos un mensaje sibilino capaz de hacernos reflexionar, de enseñarnos a modo de parábola social contingente lo que el pasado tiene de presente y el futuro que albergan sus enseñanzas.
Viendo cómo se derrumba el pedestal sobre el que los norteamericanos construyeron su idea de democracia social, sustentada en el derecho al beneficio individual frente a un Estado minúsculo y las garantías personales impuestas a cuántos progresos sociales incluyera el concepto común que de sociedad habían venido pregonando los pensadores desde Rousseau; viendo en qué medida las mentiras y patrañas fielmente difundidas por los voceros adecuados pueden socavar la legitimidad de una constitución ampliamente reformada y consolidada por el paso de no pocas tormentas estructurales; viendo, en definitiva, cómo nada hay seguro y eterno en esta cambiante y decadente sociedad occidental, al pairo de una cada vez más rampante democracia autoritaria impuesta por el éxito económico de comunidades que no respetan la libertad, ni la justicia, ni la legitimidad con tal de imponer el éxito de su modelo, ya sea social o personal; no tenemos más remedio que echar la vista atrás y buscar consejo en nuestros atribulados ancestros que gritan su verdad a nuestro sordo y desubicado presente.
Así, haciendo un esfuerzo no poco considerable, alcancé a escuchar a Cayetano Redondo, diputado electo por Segovia de la coalición republicano-socialista en las elecciones constituyentes del 28 de junio de 1931. Acompañado por el catedrático y político socialista, Julián Besteiro, Cayetano discutía, apenas diez días después de la elección en el teatro Juan Bravo de Segovia, acerca de la legitimidad política, la democracia y la posesión y gestión de los bienes comunales de los segovianos, en una reunión política convocada por la Casa del Pueblo.
Con el asentimiento de toda la concurrencia y las matizaciones sociales de Besteiro, ajeno a demagogias banales, Cayetano Redondo la emprendió con el ayuntamiento de San Ildefonso. Alegando la ausencia de legitimidad de un consistorio que no representaba al verdadero pueblo, incapaz de expresar libremente su voluntad el 12 de abril, preso de la gestión de su entorno social y patrimonial por parte de las instituciones monárquicas, alcalde y concejales no tenían otro remedio que la dimisión irrevocable.
Quizás el diputado Redondo había visto la ilegitimidad política en la negación del sufragio femenino
Obviamente, Cayetano Redondo olvidaba que el consistorio electo de San Ildefonso había cumplido con la misma legitimidad que le había permitido a él presentarse a las generales del 28 de junio; que la constitución que regía en ese momento seguía siendo la aprobada en 1876, aupada por Cánovas del Castillo para Alfonso XII, vilipendiada y magullada por los golpistas del directorio militar con la connivencia de Alfonso XIII; que sus garantías caducas y trasnochadas habían sido restauradas con el nombramiento del almirante Juan Bautista Aznar en febrero de 1931 para la presidencia de aquella ‘dictablanda’ terminal, de modo que permitieran un plebiscito hacia la Jefatura del Estado, en entredicho desde que el informe Picasso lo responsabilizara del desastre de Annual, donde perecieron, hace ya un siglo de desmemoria, casi diez mil paisanos y cerca de tres mil rifeños.
Quizás el diputado Redondo había visto la ilegitimidad política en la negación del sufragio femenino, autorizado de forma restringida por el Estatuto Municipal de 1924 y negado en los comicios que le habían otorgado la representación segoviana.
Sea como fuere, el Alcalde de San Ildefonso, Cándido Robledano, al frente de su consistorio, presentó la dimisión en bloque ante las acusaciones de ilegitimidad democrática. Y no sólo eso, sino que, dado que el Gobernador Civil no había aceptado tamaño dislate, se personaron en Madrid ante Miguel Maura, vecino ocasional de este Paraíso y ministro de la Gobernación de aquel primer ejecutivo republicano, para entregar el acta de dimisión que aún custodia el Archivo Histórico Municipal del Real Sitio.
Y este humilde Cronista Oficial no deja de pensar en lo voluble que suele ser el sentido de la verdad en la Historia y lo compleja que tiende a ser la legitimidad
En buena lógica, el ministro, haciendo gala de ese conservadurismo tan patrio que nada se atreve a cambiar y que perpetúa hasta lo malo, que habría dicho el fascista José Antonio Primo de Rivera, rechazó la dimisión y obligó a aquellos concejales a convivir con la sospecha de ilegitimidad política un año más, hasta que el ayuntamiento acabó por ser renovado electoralmente.
Y este humilde Cronista no deja de pensar en lo voluble que suele ser el sentido de la verdad en la Historia y lo compleja que tiende a ser la legitimidad según sea la boca que la pronuncia. Ya ven, noventa años más tarde, este municipio sigue penando por gestionar el 27% de su término, estando casi su totalidad en manos de administraciones regionales y estatales que poco o nada hacen en beneficio del común de sus vecinos, declarados de forma tácita ineptos e incapaces de gestionar su propio patrimonio.
Los alcaldes y concejales, legítimos representantes de sus conciudadanos a decir de la Constitución Española de 1978 y de la correspondiente Ley Electoral de 1985, siguen sin poder cumplir con el mandato de gestionar los recursos patrimoniales, viendo como la monarquía caduca de los años treinta se ha transmutado en sordo Estado constitucional, permanentemente cuestionado por aquellos que ni entienden de democracia, ni de constitución, justicia social o legitimidad política.
Ante todos ellos, frente a todo ello, queridos lectores, sólo nos queda reflexionar acerca de la legitimidad y de la justicia social, pues no debemos olvidar que, como bien habría dicho Montesquieu, todo aquello empieza y termina en nosotros, el pueblo que todo lo soporta y que, finalmente, nada acaba por recibir. EL adelantado de Segovia.
