POR ANTONIO BOTÍAS SAUS, CRONISTA OFICIAL DE MURCIA

El presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca (SAS), Policarpo Sánchez, remitió ayer una carta al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para que «acate la ley» y devuelva unos 400.000 documentos enviados a la Generalitat indebidamente desde ese fondo archivístico, entre ellos algunos de la Región, como adelantó hace unos días ‘La Verdad. Entre los documentos que Sánchez reclama figuran carnés y expedientes de la Unión General de Trabajadores (UGT) de las localidades de Totana y La Unión.

Esos papeles afectan a numerosas familias de veintitrés provincias de Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid y Valencia, además de Murcia, cuya devolución al Centro Documental de la Memoria Histórica exige Sánchez con el aval de las 63.829 firmas que ha registrado en la Delegación del Gobierno de Castilla y León, más de 2.700 de ellas de murcianos. Los documentos fueron enviados al amparo de la ley 21/2005 de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados a raíz de la Guerra Civil, pero «vulnerando el mandato legal, pues nada tienen que ver» con esa comunidad autónoma, matiza Sánchez en su misiva a Puigdemont, según el texto difundido en una rueda de prensa.

El presidente de SAS recuerda a Puigdemont que, «además, la actitud del Gobierno que preside no es admisible en un Estado de Derecho, pues tampoco restituye al archivo estatal los documentos sin propietario o heredero, negándose a cumplir lo establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional» fechada en 2013. Detrás de esa negativa a devolver esos legajos, explica Sánchez, subyace la idea de «acabar con el Archivo de Salamanca, un símbolo que representa a la unidad de España, a la memoria compartida de todos los españoles», lo que motivó en su día una demanda judicial y una campaña de recogida de firmas, a través de las plataformas HazteOir.org y Change.org, «contra esa infamia».

Junto a las 63.829 adhesiones, recabadas en las provincias de España y en quince países, Sánchez también ha registrado en la Delegación del Gobierno de Castilla y León, con sede en Valladolid, una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «para que haga cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional» a favor de la devolución de esos 400.000 documentos.

Fuente: http://www.laverdad.es/