POR FRANCISCO JOSÉ ROZADA MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE PARRES-ARRIONDAS (ASTURIAS)

El industrial Celestino Cofiño Cibrián solicitó al Ayuntamiento de Parres un permiso para instalar un cable sobre el Río Sella al objeto de transportar arena y grijo de una a otra orilla del mismo, para lo que también precisaba pasar con el cajón transportador de dicho material sobre la vía pública, próxima al parque de La Llera. Manifestaba Celestino que ya tenía la correspondiente autorización que se le había exigido del Ingeniero Jefe del Distrito Forestal.

Se le concedió permiso durante seis meses -que podrían ser prorrogables, según juicio de la Corporación y sin que perjudicase con los materiales extraídos el servicio público de la vía afectada-, además de abonar las tasas correspondientes y obtener también el permiso del Ingeniero Jefe de los Servicios Hidráulicos del Norte de España.

La subasta para construir el Hogar Juvenil en terrenos de El Barco le fue adjudicada a Isaac Vázquez Álvarez por 152.633 pts., con una terraza cuyo coste ascendería a 23.390 pts.

Pero al no ajustarse a las condiciones del pliego correspondiente del Boletín Oficial de la Provincia del 22 de marzo de 1955, la Corporación declaró nula la adjudicación, devolviéndole a Isaac la fianza previa depositada de 4.405 pts.

Y a la Plaza de Audiciones Musicales (que durante estos años dejaron de llamarla por su nombre tradicional, Venancio Pando) le llegó la hora de su inauguración, para lo cual se adquirieron veintidós postes de eucalipto para servir como sujeción de los gallardetes que se utilizarían, dejando constancia de que serían pintados para preservarlos de la humedad y poder utilizarlos en futuros eventos.

Se adquirieron 20 metros de bandera nacional (325 pts.) a José Manuel Hevia y otros 50 metros de bandera se compraron en “Almacenes Al Pelayo”, en Oviedo (787 pts.), así como en “Casa María Teresa Salas” -también por lienzos para colgaduras-, por otras 1.115 pts.

Las cuatro farolas tipo “mural corondini oval 43” costaron 9.788 pts. que le fueron abonadas a ERCOA.

El quiosco central de la plaza era de piedra natural y costó 35.713 pts.

Los gastos de la nueva plaza alcanzaron las 176.116 pts. y fueron abonados con la subvención que aportó el organismo nacional “Regiones Devastadas”.

Las tuberías de uralita para renovar la traída de agua a Arriondas supusieron un gasto de 245.159 pts. a las arcas municipales, pagando el 50% restante el Ministerio de Obras Públicas.

Y las 120.000 pts. destinadas a construir viviendas para los maestros las destinaron a levantar un nuevo piso en la Casa Consistorial, un proyecto que tampoco llegaría a materializarse.

Y en marzo de 1955 se comenzó a proyectar el puente de Viabaño.

Un nuevo funcionario -para desempeñar el cargo de Apoderado- fue nombrado Enrique Suárez Antuña.

Y con 300 pts. fueron gratificados los funcionarios Leopoldo Somoano Berdasco y Juventino Argüello Acebal por haber confeccionado un fichero en el que figuraba toda la población infantil del concejo comprendida entre los dos y los quince años de edad, clasificados por orden alfabético de pueblos y parroquias, nombres y apellidos, todo ello de acuerdo con el padrón municipal de habitantes del concejo de 1950, con las rectificaciones oportunas, según se había ordenado realizar a todos los ayuntamientos.

Los vecinos de La Salgar, en La Vita, presentaron un presupuesto y proyecto de 20.303 pts. para conducir el agua de la finca “Prado de la Tejera” (propiedad de José Manuel Cueto) con un manantial de 2.000 litros de agua diarios hasta La Salgar, a través de 396 metros de tubería, lo cual era un caudal suficiente para los cuatro vecinos que habitaban en el citado lugar.

Se les denegó la petición alegando que eran muy pocos vecinos y no disponiendo el Ayuntamiento de esa cantidad de dinero.

La solicitud vecinal se guardó por si pudiese incluirse en el Plan de la Corporación Provincial.

El 26 de abril de 1955, el Gobernador Civil de la Provincia -José Manuel Mateu de Ros- remitió un telegrama a la Casa Consistorial de Parres, en Arriondas, cesando fulminantemente al alcalde José Manuel Ruiz Portilla.

El suceso dejó a la Corporación y a los vecinos desconcertados, sin encontrar explicación al porqué de tan drástica decisión.

Los concejales se reunieron y expresaron el sentimiento por el celo con el que Ruiz llevaba la alcaldía y por las grandes mejoras que se habían producido en todo el concejo.

Los cinco concejales presentes en la reunión (otros tres no asistieron) decidieron por unanimidad enviar telegramas al Jefe del Estado, al Ministro Secretario del Partido y al Director General de Política interior.

A Javier González Díaz -como primer Teniente Alcalde que era- se le obligó desde el Gobierno Civil a hacerse cargo de la alcaldía.

Al día siguiente se celebró un “pleno extraordinario”, donde se recordaba que Ruiz Portilla también había sido cesado como Diputado Provincial del Partido Judicial de Cangas de Onís, y como Inspector Comarcal de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

Todos lamentaban su pérdida para el concejo y el Partido Sindical, por sus “grandes condiciones de mando”, según ellos con el apoyo incondicional y unánime de los habitantes del concejo.

Se comentaba cómo Ruiz Portilla tenía la condecoración de la Orden de Cisneros -con medalla de oro-, la de Oficial Provisional en la Guerra Civil, Voluntario en el Tercio de la Legión Extranjera, era hijo de padre asesinado por la “horda marxista” (sic) y había tenido un hermano muerto en el Ejército Nacional, entre otros ´méritos´.

Pero en ningún documento oficial se hacía patente el motivo de su cese como alcalde por el Gobernador Civil, por lo que circulaban diversos rumores.

Tras la nueva e inesperada trasmisión de poder en las consistoriales por orden gubernativa, la vida siguió sus cauces ordinarios, como fue en el caso del proyecto de la Obra Sindical del Hogar (Delegación Nacional de Sindicatos) para la construcción de cuarenta y ocho viviendas sociales en seis bloques, sobre 2.300 metros cuadrados de los terrenos que habían sido adquiridos en El Barco.

El coste de cada vivienda fue presupuestado en 56.198 pts. con urbanización, y de 49.342 sin ella.

Recordemos que al primer bloque de viviendas sociales -próximo al río Sella, en El Barco- se le conocía documentalmente como “Grupo de Viviendas del Patronato Laboral Francisco Franco”.

El Teniente Jefe de Línea de la Guardia Civil sugirió la construcción de un bloque de veintidós viviendas para los miembros del cuerpo residentes en la villa, solicitando un empréstito al Estado para edificios de renta limitada.

La Corporación solicitó a la Comandancia Local de la Guardia Civil datos más precisos, como el posible emplazamiento de las citadas viviendas.

En agosto de 1955 el Presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos solicitó la confección de un banderín con el escudo del concejo de Parres, bordado en oro.

La finalidad es que participase en Oviedo en el desfile del Día de América en Asturias y -después- utilizarlo en las manifestaciones oficiales a las que asistiese la Corporación.

El citado banderín o guión bordado en oro sobre tejido de raso -con el escudo del concejo- se le encargó María Teresa Salas, vecina de Madrid, y se le pagó por él 1.980 pts.

Una seria llamada de atención se vio obligado el Ayuntamiento a hacer a Mantequerías Arias, debido a la situación en la que se encontraba el río Chico, puesto que sus aguas siempre habían sido utilizadas por los vecinos para menesteres domésticos y para brevar el ganado.

En una visita de inspección próxima al domicilio de Fernando Llano Rosete, se pudo comprobar el mal olor de las aguas en putrefacción, debido a los residuos de leche, sumados a los materiales fecales de cerdos que se vertían en el río, todo lo cual provocaba un permanente peligro de infección en las aguas públicas, algo inadmisible para empresas industriales, como era el caso.

Se requirió a Mantequerías Arias para que tratase los residuos, bien por embalse y descargas periódicas, bien por alcantarillado, o por cualquier otro sistema o medio adecuado, todo ello a costa de la citada empresa.

El gerente central de la empresa respondió al oficio municipal aceptando la queja y proponiendo que se le señalase en qué punto del alcantarillado público podían efectuar la acometida para evacuar los residuos.

Técnicos y fontanero municipal decidieron el lugar de entronque entre la alcantarilla de la fábrica y la red pública municipal.