POR FRANCISCO JOSÉ ROZADA MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE PARRES-ARRIONDAS (ASTURIAS)

El nacimiento o creación de “Panificadoras Reunidas del Sella S. L.” motivó un duro cruce de solicitudes, escritos e instancias entre algunas de las tradicionales empresas dedicadas a la elaboración de pan y el Director Gerente de dicha panificadora.

Esgrimían los contrarios a la nueva empresa que se destruirían puestos de trabajo, que se iba a convertir en un monopolio, que el pan dejaría de ser artesanal, etc.

A lo cual, Maximiliano García Peláez -Director Gerente de “Panificadoras Reunidas del Sella S.L.”- replicó a todos y cada uno de esos puntos con otras versiones totalmente opuestas.

Pero la Corporación municipal apoyó por unanimidad las alegaciones presentadas por los industriales panaderos que se oponían -Jaime Martínez Vera, en Arriondas, y Alberto Alonso Muñiz, en Cangas de Onís-.

No parece que les sirviese de mucho, puesto que la empresa “Panificadoras Reunidas del Sella S.L.” se puso en marcha con gran éxito, tanto en Parres como en los concejos limítrofes, con una nutrida flota de transportes, numeroso personal que servía el pan a domicilio y la más moderna maquinaria de elaboración que se hubiese visto en el concejo hasta ese momento.

Después, en julio de 1958, Maximiliano solicitó autorización para edificar en el barrio de “El Sucón” y ofreció al Ayuntamiento 200 metros de terreno si se le concedía la autorización, como así fue.

Casos como éste nos recuerdan a quienes -pasados los años- se opondrán a la variante para el tráfico rodado de Arriondas, alegando que esta localidad perdería puestos de trabajo, ventas, etc. al no pasar por su calle principal el tráfico que ya estaba a punto de colapsarlas; puros egoísmos de beneficio personal y empresarial antes que el público general. O cuando se decía que iban a cerrar miles de locales públicos, al prohibirse fumar en su interior, algo que -a partir del día 2 de enero de 2011- se hizo realidad en España, con una ley antitabaco que tantos años se hizo esperar.

Pocas veces las discusiones llegaron a tan encendida trifulca como en la discusión de si se devolvían o no unos terrenos en la finca conocida como “La Presa” que habían sido ocupados por un alcalde anterior. Dos concejales se enfrentaron por intereses personales con expresiones como “ya te demostraré en la calle lo que es eso de ´politiquilla rastrera´, y “a ver quién tiene más cojones”; hubo intentos de agresión física, el alcalde José Cayarga se vio imposibilitado para mantener el orden y -haciendo uso del timbre acústico- llamó a la guardia municipal y expulsó del salón de sesiones a uno de los concejales, abandonado el pleno otros dos concejales en solidaridad con el expulsado.

Las sesiones se celebraban a las tres de la tarde, pero como uno de los concejales (alcalde hasta poco antes) no podía asistir por tener que impartir clases como maestro en las escuelas graduadas situadas al lado de la Casa Consistorial, pidió un cambio de hora al que se negaron varios concejales, alegando que no deseaban que se retrasasen porque tenían otras obligaciones o no vivían en la villa.

El nuevo alcalde planteó la cuestión de si era más importante la función de maestro que la de concejal (que -por cierto- eran compatibles, según la ley).

Conclusión tomada por el alcalde Cayarga de la Parte:

Si hay circulares ordenando que se sancione a los padres de los niños que no asistan a las clases, más importante será que el maestro esté en la escuela, pues si éste no asiste, tampoco podrán hacerlo los niños…

Ya en diciembre, un concejal llevaba sin asistir a seis sesiones, desde el 24 de septiembre -sin justificación ni alegar causa alguna (según el alcalde)- un hecho que era bastante habitual y generalizado desde muchísimos años atrás, como vimos en centenares de casos en los que hubo que suspender las sesiones hasta de dos meses seguidos, por falta de asistencia de los concejales, o “individuos” como se llamaron oficialmente durante décadas.

De forma que el alcalde -de acuerdo con varias leyes de Régimen Local y otros reglamentos de organización municipal- decidió que debía perder el cargo de concejal, y así se le comunicó al Gobernador Civil.

Y el 30 de enero de 1959, el mismo Gobernador cesó a uno de los más conocidos concejales de la Corporación debido a un “incidente”… (no debe entrar este cronista en más detalles, cuando los hijos y nietos del mismo están en Arriondas, entre nosotros).

Ceferino Cuyar Vega hizo cesión gratuita de aguas para Llames de Parres, y nos quedamos sin saber qué señora de Bode hizo lo mismo para su pueblo, dado que el secretario dejó en blanco la línea correspondiente a su nombre…

También en Llames de Parres se ofreció el solar de “La Huertiquina” -de siete áreas- para la construcción de las escuelas unitarias.

José Carbajal donó el terreno para construir una escuela en la Vega de los Caseros y -tres meses después- sería su hijo, Jaime Carbajal Blanco, quien se haría cargo de la construcción de la misma por 197.094 pts.

Para la construcción de una escuela y vivienda para maestros en San Julián de Nevares, los vecinos hicieron una suscripción, recogiéndose en un listado los nombre de treinta y tres de ellos y sus aportaciones.

Al alcalde de barrio de Fuentes se le concedieron trescientos ladrillos, doscientas rasillas y seis sacos de cemento para construir una fuente en dicha localidad, según había solicitado previamente.

Grandes parcelas de terreno en “La Toya” fueron puestas en venta y adquiridas por numerosos vecinos.

La Corporación acordó hacer una acera entre la casa de Gaspar Llerandi -junto a la estación de ferrocarril y autobuses- y la iglesia parroquial. Esa acera se haría en agosto de 1961.

Otro acuerdo fue convertir “La Fosa” (estación antigua del tranvía Arriondas-Covadonga) en un jardín, plantando árboles en ese solar.

El nuevo Cine Peñasanta estaba previsto que se inaugurase en septiembre de 1959 y su dueño, el vecino piloñés Antonio Argüelles Díaz, se comprometió a reabrir el viejo cine mientras concluían las obras en el nuevo, concediéndole dos meses para hacerlo.

Y es que el viejo cine no reunía las mínimas condiciones sanitarias que la ley exigía, de forma que (en noviembre de 1960) la Corporación le apremió a abrir la nueva sala o le clausuraban definitivamente el viejo cinematógrafo de la calle Ramón del Valle.

Si la nueva sala de proyecciones no estaba concluida en sesenta días, su dueño sería sancionado con pagar al Ayuntamiento 200 pts. diarias durante los primeros quince días, y 500 diarias a partir del día dieciséis siguiente.

Además, a partir de 1961 debería abonar como impuesto la cantidad de 7.500 pts. anuales.

Los precios de las localidades quedaron fijados de la siguiente manera: 7 pts. los asientos de general; 10 pts. una localidad de butaca y 12 pts. las llamadas butacas especiales.

Así llegaremos al mes de julio de 1961 con el nuevo cine aún sin abrir por retrasos de diversas entregas destinadas al mismo, como en el caso de la pantalla -entre otros-.

La infracción que originó el no cumplimiento del acuerdo firmado con el Ayuntamiento llevó a Antonio Argüelles a tener que pagar 38.000 pts., y le dieron un plazo de noventa días para ingresar esa cantidad en las arcas municipales.

En diciembre de 1959 se decidió sacar a concurso la nueva iluminación de las calles Generalísimo Franco (hoy avenida de Europa) y José Antonio Primo de Rivera (hoy calle Argüelles), con un presupuesto aproximado de 290.000 pts.

La nueva iluminación se adjudicó a la empresa vasca Casa Benito Delgado, quien instalaría lámparas de vapor de mercurio de 250 watios con brazos murales sujetos a las fachadas de 1,50 m. de saliente y -donde no hubiese fachadas- “candelabros-columnas” de 8 metros de altura; (así aparecen citadas las farolas, aunque realmente un candelabro debe de tener varios brazos y -sin embargo- se llama candelero cuando soporta una luz o una sola vela).

Se especifica que sería treinta y siete brazos murales y trece columnas o mástiles.

Debo dejar constancia que este contrato no deja ni un detalle atrás, llegando a ocupar diecinueve páginas del libro de actas municipales correspondiente.

El presupuesto previsto para 1961 era de 1.225.132 pts (igual cantidad la prevista para ingresos como para gastos).

A Adolfo Tereñes se le encargó un trabajo laborioso, cual era el inventariar los terrenos y parcelas de toda índole que el Ayuntamiento tuviese repartidos por todo el concejo.

Por esos días, la limpiadora Luisa Pérez -que llevaba trabajando desde 1939- solicitó su jubilación.

A Ángel Abarca Portilla se le concedió un coto de caza en terrenos municipales que iban desde la Peña Villar hasta Mancobio. Abarca debería abonar por el arrendamiento del mismo 5.000 pts. anuales, durante un periodo de diez años, que podían ser prorrogables.

Y curiosa fue la pretensión del veterinario municipal de redactar un calendario de matanza de cerdos en los diferentes pueblos del municipio, una pretensión a la que se negó la Corporación calificándola de absurda, al intentar imponer a los vecinos una fecha concreta para la matanza. De forma que en el concejo se siguió haciendo el “sanmartín” cuando a cada interesado le venía mejor.