POR FRANCISCO JOSÉ ROZADA MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE PARRES-ARRIONDAS (ASTURIAS)

Aunque a partir de 1914 la preposición “a” perdió la tilde que llevaba desde el castellano antiguo, el Secretario municipal de Parres seguía escribiendo -más de cuarenta años después- “En Arriondas, á 20 de agosto de 1959…”, algo que no se le ocurriría al Secretario que acababa de fallecer el día 14 de febrero, funcionario en nuestro Ayuntamiento desde comienzos de siglo, hablamos del tantas veces mencionado Enrique de la Grana Valdés.

Seis meses después de su fallecimiento, las hijas de Enrique (Elvira y Felisa de la Grana Fernández) solicitaron la pensión de orfandad que la ley les concedía, 953 pts., la misma cantidad que su padre percibía como jubilado desde que vivían en el centro de Oviedo.

Como había sido secretario durante más de cuarenta años, se les concedió dicha pensión en un acuerdo unánime “teniendo en cuenta las excepcionales circunstancias personales que concurren en este caso”.

Añadía la Corporación que Enrique había organizado la Hacienda Municipal y había desempeñado el cargo con extraordinario celo, no sólo en su dedicación directora como primer funcionario municipal, sino también trabajando materialmente como el más humilde de los funcionarios, por todo lo cual consideraban que era acreedor a que sus hijas percibiesen la pensión citada.

En agosto de 1961 se autorizó a los vecinos de Llames de Parres -barrios de La Calvera, La Baraya y Los Collados- para recoger las aguas de la fuente pública de Los Collados, destinadas a uso doméstico, siempre que dejasen una fuente y un abrevadero para el ganado que fuesen de uso público.

Francisca González Caso llevaba cincuenta años como maestra nacional en la escuela de niñas denominada “Fundación Benéfico Docente Ángel Caso”, situada en San José de Romillín, percibiendo un salario de 1.500 pts. anuales.

Vivía Francisca en la Vega de los Caseros y hacía dos años que el Patronato no le pagaba sus haberes, y -dado que dicha escuela sustituía a una escuela nacional- solicitaba una gratificación.

Le concedieron 1.500 pts. por el año 1961 y le comunicaron que en años sucesivos volviese a solicitar la ayuda y acordarían lo procedente.

Sobre esta fundación escolar hay mucho que contar, y así lo haremos en otro capítulo oportuno más adelante.

En el mes de agosto se creó un comedor en Arriondas destinado para los niños de las escuelas graduadas.

Era Ramón Llamedo Olivera el guarda municipal nocturno desde hacía casi diez años (20 de diciembre de 1951), de modo que le concedieron la plaza en propiedad a partir de agosto de 1961.

Manuel Martínez Fernández fue declarado funcionario en propiedad con efectos del día 3 de junio de 1952, lo mismo que José Manuel López Fernández, como policía municipal desde 1955.

No imaginaríamos nunca que las piadosísimas amigas Avelina López y Francisca (Paquita) González habrían tenido un desencuentro con la Sociedad La Peruyal.

Avelina y Paquita organizaban todos los años una tómbola benéfica, pero en la ocasión que nos ocupa los organizadores de la Fiesta del Bollu protestaron (no se dan detalles de las razones). Los problemas surgidos entre ambas mujeres y La Peruyal concluyeron con la intervención del alcalde José Cayarga de la Parte, el cual obligó a las primeras a pagar 1.000 pts., una decisión tomada por unanimidad de los concejales.

Se especifica el día 6 de septiembre de 1961, que para evitar la supresión de las Fiestas del Bollu y solucionar el conflicto o pugna de intereses que existía entre la Sociedad de La Peruyal y la tómbola benéfica de la Iglesia, se arbitraba esa decisión en el sentido de que la segunda abonase 1.000 pts. a la primera.

Además, se les avisó que se tomarían medidas legales contra ellas si no abonaban esa cantidad, y no se les autorizaría la apertura y funcionamiento de una tómbola en siguientes temporadas.

De la buena fe de ambas nadie dudará en el concejo, Paquita -natural y vecina de Cuadroveña- era una especie de ´madre´ para sus vecinos, y Avelina no se habrá perdido una misa diaria en su larga vida. La casualidad hizo que ambas falleciesen con apenas 48 horas de diferencia. Asombro causó el hecho de que al fallecer Paquita, su compañera solicitó a una familia amiga ese mismo día que le vendiese el nicho inmediato al de Paquita para que -el día que Dios la llamase- poder descansar junto a su amiga para la eternidad.

Lo que Avelina no pensaba es que su muerte se produciría con pocas horas de diferencia, y en ese nicho inmediato descansaría.

Paquita falleció el 19 de abril de 1969 y Avelina el día 21.

El párroco don Manuel Riera Prida ofició los dos funerales seguidos con notable pesar y gran concurrencia de fieles, más que a la fiesta de san Martín -patrono de la Parroquia- una celebración que en Arriondas ningún cura consiguió que alcanzase algo de esplendor.

De hecho, en los días que nos ocupan estas memorias, dejó escrito don Manuel a modo -decía- de termómetro de la devoción al protector y abogado de la feligresía, detalles como que la víspera de aquel 11 de noviembre de 1960 había traído a tres confesores, pero que hubo pocos penitentes.

El día de la fiesta patronal señaló que hubo tres misas, en la de las 7 de la mañana comulgaron treinta personas, y en la misa de las 8,30 otras veinticinco.
Añade que a las 11 se celebró la procesión y la solemne misa en la que comulgaron ochenta y una personas, misa a la que asistieron once sacerdotes, los maestros y maestras con sus alumnos (era viernes) “pocas mujeres y menos hombres”.

Muy típica anotación de este párroco que -añadía- no encontrar razones que explicasen tal desafección con quien era patrono desde hacía más de doscientos setenta y cuatro años.

Por otra parte, los tradicionales choques y enfrentamientos entre el Ayuntamiento y la Junta Administrativa del Sueve no cesaban.

E. C. A., vecino de Cofiño, se negó a entregar los documentos que el Ayuntamiento le requería, pues señaló que sólo a él le correspondía legalmente custodiarlos.

La Corporación deseaba conocer las cuentas, inversiones y justificantes, al entender que dicha Junta dependía del Ayuntamiento.

Le dieron cuatro días para entregarlos y -si no lo hacía- le amenazaron con una denuncia o querella criminal ante el juzgado.

Por si no fuesen suficientes los problemas con este asunto, el Ayuntamiento de Piloña remitió una extensa comunicación impugnando el reglamento de dicha Junta -lo mismo que había hecho el de Parres- pero en el que se afirmaba que el Ayuntamiento de Piloña era “propietario absoluto del monte de utilidad pública ´Puerto del Sueve´, incluido en el Catálogo con el N.º 172 de utilidad pública y que así lo era desde tiempo inmemorial.

Piloña alegaba que dicha Junta se atribuía derechos de soberanía y jurisdicción plenos, excluyendo a los ayuntamientos que compartían el Puerto, reivindicando que ya los vecinos afectados realizaban los aprovechamientos oportunos, abonando una exigua cantidad a los ayuntamientos, estando protegidos y bien representados por el Ayuntamiento.

Por ello consideraban carentes de valor las firmas de los vecinos, puesto que decían que los habían sorprendido en su buena fe con promesas y halagos absurdos.

Todavía -seis años después- nos encontraremos varios contenciosos entre unos y otros, el más sonoro fue el que enfrentó al Ayuntamiento de Parres nada menos que al Ministerio de la Gobernación, contra la resolución que éste había dictado, según la cual se creaba una Junta denominada “Puerto del Sueve”, con personalidad jurídica para administrar los aprovechamientos maderables y recursos que produjesen los pastos de dicho puerto.

Los gastos del Ayuntamiento en abogados, procuradores, representantes legales, etc. durante años -defendiendo lo que consideraba sus intereses- fueron muy cuantiosos.

A finales de noviembre, Covadonga Fresnedo -hija del que había sido barrendero durante cuarenta años, Domingo Fresnedo- presentó una instancia solicitando ayuda para su padre jubilado y enfermo en cama, en muy mala situación económica, pues sólo le habían quedado 535 pts. de mensualidad, las cuales no le alcanzaban a la familia. Domingo había quedado viudo por segunda vez y estaba casi ciego.

La respuesta de la Corporación fue que -dados los antecedentes, celo y honradez demostrados por dicho funcionario municipal- accedían a concederle un aumento de su pensión a 700 pts. al mes a partir del día 1º de octubre de aquel año 1961.