POR FRANCISCO JOSÉ ROZADA MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DEL CONCEJO DE PARRES-ARRIONDAS (ASTURIAS)

En la Corporación Municipal que inició su andadura a partir del día 3 de febrero de 1974, encontramos a la primera mujer concejal del Ayuntamiento de Parres desde cuatro décadas atrás. Se trata de María Julia Fernández Capellán, elegida por el grupo de representación familiar.

Por el mismo grupo se eligió concejal a Emilio Llamedo Olivera.

También existían los grupos de representación sindical y el de representación de entidades (por este último aparece como concejal José Eliberto Álvarez del Bustio).

Seguía como alcalde -desde el año 1972- Jesús González Llenín, y desempeñaba el cargo del teniente alcalde Fernando Cuenco Pría.

Sabido es que con la denominación Movimiento Nacional -o simplemente “Movimiento”- se conoció durante la dictadura del general Franco al ´mecanismo´ de tipología totalitaria que pretendió ser el único cauce de participación política en la vida pública española.

Respondía a un concepto de sociedad corporativa en la que sólo podían expresarse las que eran conocidas como ´entidades naturales´, a saber: familia, municipio y sindicato.

El emblema del Movimiento Nacional era el yugo y las flechas, “símbolo de la unidad de la Patria”, que habían sido incorporados al Escudo Nacional de España, una divisa que se remonta a la España de los Reyes Católicos.

La Junta Electoral Local del Movimiento Nacional del concejo de Parres eligió en votación secreta a Emilio Llamedo Olivera como Consejero Local del Movimiento, en representación del Ayuntamiento de Parres.

España aún tenía que esperar un tiempo para estrenar el sistema democrático del que gozaban el resto de naciones europeas. Franco fallecería al año siguiente (noviembre de 1975) y las primeras elecciones municipales democráticas se celebrarían en España en abril de 1979.

Las cuentas del nuevo puente sobre el río Piloña -entre el barrio de La Sala y Santianes del Terrón- aparecen detalladas, tanto por los materiales utilizados, mano de obra, etc. Un puente que -pocos años después- hubo que ensanchar en sus aceras.

A Construcciones Manuel Bañobre, el Ayuntamiento le abonó la suma de 1.062.184 pts. como importe de los trabajos realizados en la terminación del puente, y -unos meses después- se le pagaron 597.903 pts. por materiales y trabajos en el mismo puente y en el acceso al inmediato campo de fútbol.

Al contratista Pablo Rodríguez Rodríguez se le abonó una minuta de 108.090 pts.

384.353 pts. costaron los 34,77 metros de tubo de chapa de acero ondulado y galvanizado que se trajo desde Barcelona y cuyo transporte costó 8.302 pts.

Los 70,40 metros de barandilla metálica se adquirieron a TRADEHI (de Lugones) por 116.160 pesetas.

El ingeniero director de la obra solicitó un aumento de 1.373.170 pts. más para mejorar la barandilla y aumentar el número de pilotes de la cimentación, con una no prevista escollera.

Al final el Ayuntamiento pagó 686.585 pts. tras rescindirle el contrato a Baldomero Martínez, contratista -como ya dijimos en el capítulo 126- por insolvencia e incumplimiento.

El Inspector Farmacéutico Municipal -Ramón Hevia Miyares- solicitó la jubilación y el cese en su cargo con fecha 28 de septiembre de 1974, con 70 años de edad.

Por otra parte, no era costumbre de las corporaciones conceder subvenciones para las numerosas fiestas de los pueblos del concejo, y así se lo hicieron saber expresamente a los vecinos de Cofiño, cuando solicitaron ayuda para sus tradicionales fiestas del arcángel San Miguel del 29 de septiembre.

Las diferentes corporaciones municipales diríase que se estaban acostumbrando a recibir -una tras otra- sentencias condenatorias en sus litigios interminables en relación con la Junta Administrativa del Sueve.

Ahora sería la Corporación que presidía Jesús González Llenín a la que le llegó la respuesta -en forma de sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo- sobre la reclamación del Ayuntamiento contra la resolución que el Ministerio de Agricultura había dispuesto, en el sentido de que se le entregase a la Junta Administrativa de Cofiño el precio de la madera vendida por el patrimonio Forestal del Estado, procedente de la parcela del monte del Sueve, la cual estaba consorciada con dicho organismo.

Por unanimidad, la Corporación acordó formular recurso de revisión contra dicha sentencia, que no le había sido favorable.

Un año después, encontraremos al Presidente de la Junta del Sueve -Francisco López Carús- solicitando al Ayuntamiento que hiciese entrega de las cantidades que tenía pendientes con ellos, interviniendo el Secretario Municipal para señalar que existía la sentencia del Tribunal Supremo y que era muy difícil llevar a buen término los deslindes, al no existir éstos previamente entre las posesiones del Ayuntamiento y las de la Junta.

De modo que ¿a quién y en qué proporción correspondería entonces pagar los gastos de Contribución, Seguridad Social y Administración que -desde tiempo inmemorial- llevaba pagando el Ayuntamiento?

La Corporación -por unanimidad- (era normal que en las corporaciones franquistas todos votasen en el mismo sentido) decidió que:

Se le entregaría a la Junta del Sueve la cantidad que le correspondía si… deslindaba las 1.156 hectáreas, y que les descontarían las cantidades ya abonadas de Contribución, Seguridad Social y otras, además de las entregadas a los pueblos beneficiarios para obras de su propio usufructo.

Pasaría otro año más, y el día 4 de marzo de 1976 la Junta Administrativa del Puerto del Sueve recurrirá el acuerdo municipal en el que se le imponía como condición para entregarles las cantidades que les adeudaban -procedentes del aprovechamiento del Puerto- que efectuasen el deslinde de los terrenos -que el registro del Ministerio de la Gobernación de 1964 (doce años antes) atribuía a dicha Junta- (1.156 hectáreas de las 3.383 que el Ayuntamiento poseía en dicho monte y alrededores).

A esta contienda judicial del Ayuntamiento de Parres y la Junta Administrativa del Puerto del Sueve se le intentó poner punto final cuando la Corporación Municipal solicitó a la Administración Forestal que se hiciese cargo del arduo trabajo que suponía el deslinde de dichos terrenos.

El último explotador de la cantera de Pilanegro fue Isaac Vázquez, el cual fue desahuciado judicialmente para abandonarla, por supuesto contra su voluntad.

La electrificación del pueblo de Sinariega suponía casi un millón de pesetas y estaba sin concluir en los inicios del año 1974.

Decidieron adquirir un hórreo para aumentar la belleza del parque municipal, el cual sería utilizado como pajarera, para palomas y otras aves.

El hórreo costó 200.000 pts. y estuvo en La Llera hasta su traslado al Parque de La Concordia, donde la última reparación importante que se le hizo fue en el año 2014 y supuso un gasto de 8.028 euros.

En el mes de julio el arquitecto Manuel Bobes Ortiz presentó el proyecto para nueva Casa Consistorial con un tipo de licitación de 6.811.718 pts.

Un plan de urbanización de las calles de la villa tenía un presupuesto de 3.221.679 pts.

El acondicionamiento de la carretera de San Juan de Parres a La Roza era 2.014.432 pts.

Desde la carretera general al pueblo de Arobes de Arriba el acondicionamiento del camino municipal sumaba 319.623 pts.

El proyecto de ordenación del tráfico de Arriondas y colocación de señales se adjudicó -tras la subasta pública correspondiente- al único licitador, Moisés Álvarez del Valle, de Oviedo, por 81.000 pts.

Los cuatro guardias municipales percibían un sueldo anual de 60.000 pts. cada uno, y 63.000 el Cabo Municipal.

Problemas e incidencias sufridos en el funcionamiento de la sección Delegada del Instituto en Arriondas motivaron una comisión de estudio; no especifican las actas municipales cuales fueron esos “problemas e incidencias” que acabarían con el Instituto que tanto había costado conseguir para el concejo.

Mientras, las treinta y dos viviendas del segundo grupo de El Barco -cuyo expediente se arrastraba desde cinco años atrás, seguían sin construirse- y concedieron otro plazo de cinco años para ello.

Otros treinta años se concederían -después de que fuesen construidas- para mantener el destino para el que se habían ofrecido los terrenos. Si no se cumplían estos requisitos, la parcela regresaría al patrimonio del Ayuntamiento.