POR FRANCISCO JOSÉ ROZADA MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE PARRES-ARRIONDAS (ASTURIAS)

Con Laura Sánchez Montero como nueva secretaria, se acrecentó la precisión en la ejecución legislativa municipal de las Consistoriales de Parres y -de entrada- ya hizo notar la irregularidad en la que se encontraban algunos funcionarios municipales (que se citan expresamente), los cuales -aunque desempeñaban sus funciones con dedicación desde hacía años- no tenían regularizada su situación laboral, proponiendo la nueva secretaria a la Corporación que suscribiese un contrato de carácter administrativo con dichos funcionarios.

Por otra parte, se recordaba a algunos maestros que habitaban en casas-escuela rurales que cumpliesen con todas las obligaciones que habían adquirido formalmente al ocupar dichas viviendas (como que las mejoras y reparaciones que llevasen a cabo en las mismas quedarían a beneficio del Ayuntamiento -propietario de las mismas- sin que la Corporación tuviese que abonarlas), unas cláusulas de general aplicación.

Pero surgió otra controversia al no cumplir algunos de estos inquilinos el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 de diciembre de 1982, referente al gasto en el consumo de luz en esas antiguas casas-escuela, por lo que la Corporación les volvió a recordar que no correspondía al Ayuntamiento abonarlo, sino a ellos, y que así se lo habían hecho saber hacía ya diez meses, sin que se hubiese cumplido lo pactado.

El conflicto entre la defensa de los intereses municipales y el de algunos de estos maestros y maestras -cuyos nombres se citan expresamente- motivó que el concejal Manuel Pando Cayarga manifestase una opinión que quedó anotada en las actas de la siguiente forma: “Si no están conformes con la decisión tomada en su día por la Corporación, que dejen las escuelas y compren una vivienda en Arriondas”.

Este tema de las viviendas escolares diseminadas por los pueblos, ha provocado a lo largo de muchos años controversias de diferentes tipos, entre subastas, abandonos, reformas, nuevos destinos, alquileres prorrogados, denuncias, etc.

En enero de 1983 el nuevo Presidente de la Sociedad “La Peruyal”, Ángel Álvarez Díaz, hizo una interesante propuesta a la Corporación Municipal que encabezaba Emilio Pando Bustillo (en aquellas semanas el alcalde en funciones era Manuel Alonso Nieda).

Se trataba de que la Sociedad “La Peruyal”-además de organizar la Fiesta del Bollu- se encargase también de promover y organizar las fiestas de Sta. Rita y de El Carmen.

La Corporación acordó por unanimidad que el solicitante -en nombre de la Sociedad que presidía- remitiese al Ayuntamiento un proyecto de programa sobre las citadas fiestas, y si la Corporación consideraba que el mismo ofrecía una calidad aceptable, accedería a lo solicitado.

Y, así, Ángel Álvarez presentó unas semanas después un interesante programa con tres días festivos por Sta. Rita (20, 21 y 22 de mayo), y otro para las fiestas de El Carmen de otros tres días (15,16 y 17 de julio).

Se aceptó la propuesta y la Sociedad “La Peruyal” se hizo cargo con éxito de todas las fiestas de Arriondas del año 1983.

Roberto Sierra Palacios era el alcalde de barrio de Cuadroveña y puso en conocimiento de la Corporación Municipal que el parragués Ramón M. había talado 15.000 árboles en La Toya, monte de propiedad municipal.

Desconocía el Ayuntamiento este hecho y se puso de inmediato en contacto con la Confederación Hidrográfica del Norte de España para que diese explicaciones de forma oficial sobre este grave asunto llevado a cabo sin autorización municipal.

La citada tala de árboles había ocupado una superficie de unas 3 hectáreas.

Razón tenía el vecino de Ozanes Francisco Riquelme Sanz cuando -en este año 1983- expuso a la Corporación Municipal de Parres que, siendo propietario de un molino maquilero ubicado en “El Requexu” (término de Romillo) y precisando para su funcionamiento de las aguas de una riega a la que afluían varios manantiales, principalmente el denominado “Güeyu Revuelvi”, dado que el Ayuntamiento tenía el propósito de recurrir al agua de esos manantiales para la nueva traída de aguas a Arriondas, su molino quedaría “en dique seco”; por lo que Riquelme reclamaba -con razón- que se le indemnizase, al verse obligado a cerrar el molino de su propiedad.

Se acordó estudiar mediante un informe técnico dichos caudales, y se le encargó este trabajo al ingeniero Aurelio Morales Fuentecilla, de la Consejería de Obras Públicas.

En octubre de 1983 se convino en indemnizar con 250.000 pts. a Francisco Riquelme por los daños que le ocasionaban a su molino como consecuencia de la captación de aguas citada.

Otros tiempos han dejado atrás aquellos molinos que jugaron un papel notable en nuestros pueblos y aldeas, cumpliendo una imprescindible función de rústica industria, así como punto de tertulias, reuniones, trueques y mitologías.

Dos solicitantes rogaron al Ayuntamiento que les cediera el local que -en la Plaza de Abastos- había dejado libre el grupo musical “Xirón”.

Por una parte lo solicitaba Julián Pérez Martino para destinarlo a sede de la “Sociedad Parraguesa de Caza” que él presidía.

Y -por otra parte- Luis Enrique González Sánchez, en representación de la Sociedad “La Peruyal”, para utilizar dicho local como oficina y archivo de esta sociedad de festejos.

En ambos casos se les concedió lo que pedían con la condición de que el local fuese utilizado de forma mancomunada por las dos sociedades, quedando -además- sujeto a otras necesidades municipales prioritarias.

En aquella primavera de 1983, José Luis García Meana abría un supermercado en la calle Calvo Sotelo (hoy avenida de la Constitución) n.º 7.

Mientras, en el n.º 4 de la misma calle abría una “carnicería-supermercado” Juan Manuel Cofiño González, vecino de Prunales, (cuando se redactan estas líneas -en septiembre de 2020-Juan M. Cofiño es el Vicepresidente y Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno del Principado de Asturias).

El día 6 de marzo del año 1983, dejó de prorrogarse el usufructo del coto de caza de Cea y Cetín que llevaba años adjudicado al famoso oftalmólogo ovetense Álvaro Fernández-Vega.

No se renovó dicho usufructo, y se denunció por unanimidad de los asistentes al Pleno el vencimiento del contrato, decidiéndose que dicho coto (número 0-10.025) se adjudicase a la “Sociedad Parraguesa de Caza” con algunas condiciones, como abonar un canon de 100.000 pts. anuales al Ayuntamiento, que dicha Sociedad negociase directamente con ICONA, que se responsabilizase de la Guardería del coto y de indemnizar por los daños derivados -con motivo de la caza en las propiedades privadas del coto- en un plazo de quince días.

Las negociaciones con la “Sociedad Parraguesa de Caza” se entablaron mediante una comisión municipal formada por cuatro concejales, la cual aportó muchas razones para ceder este coto a la ´Parraguesa´ por diez años.

Razonaron que el canon sería de 100.000 pts. (la mitad de lo que habían pensado en un principio) por considerar modestos a sus componentes, no personas pudientes.

Se les autorizó también para utilizar el coto para la práctica del tiro olímpico, tiro al plato, pichón, tiro de arco con flecha, adiestramiento de perros de caza y de otras razas.

Esta “Sociedad Parraguesa” contaba en el año 1983 con unos doscientos socios.