POR FRANCISCO JOSÉ ROZADA MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE PARRES-ARRIONDAS (ASTURIAS)

Los alcaldes de barrio nombrados a finales de abril de 1931 por el primer Consistorio Republicano de Parres fueron:

Plácido Fondón García, para San Juan de Parres.

Manuel Gutiérrez Pérez, para Collía, Collado y Coronas.

Gaspar Montes, para Llames.

Felipe González, para Llerandi.

Santiago Canga Abarca, para Fíos.

Labra Migoya, para Arenas.

Elías González, para Tresmonte.

José Villar, para Cofiño.

Jesús Sánchez Sánchez, para Bodes.

José Allende, para Hueges.

José Cofiño, para Toraño.

José María Junco Cabal, para Castiello y Prunales.

Rodrigo Baragaña, para Romillo y Ozanes.

Manuel Migoya Vega, para Arobes.

Baltasar Labra Migoya, para Arriondas.

(Así constan como tales, algunos con sus dos apellidos, otros con uno, alguno sin nombre propio).

Por otra parte la Junta Administrativa del Puerto del Sueve fue renovada con seis nuevos miembros.

Las ayudas para pobres y necesitados continuaron igual que se había hecho en el concejo desde que se tienen registros escritos, un siglo antes. Todo tipo de corporaciones municipales reservaron cantidades de dinero para médicos y medicinas gratuitos, personas sin ningún recurso, envío a hospitales, transeúntes pobres, alimentos, etc.

De modo que siguiendo esa misma línea se le abonó un ataúd a Lino Cofiño Huergo para Generosa Corteguera Manzano.

Para ensanchar el cementerio de Viabaño el Ayuntamiento compró terreno en 1.000 pts. y le hizo saber al cura párroco que ese terreno sería destinado exclusivamente para sepulturas comunes y que no podría vender parcelas para panteones perpetuos particulares. De modo que el nuevo Ayuntamiento con mayoría republicana comenzó a tomar medidas que eran una novedad en temas como la administración de los cementerios, hasta ese momento en poder exclusivo de la Iglesia.

Y, así, comenzaron los desencuentros con los curas, puesto que el párroco de Viabaño se enfrentó a la medida acordada y contestó a la Corporación en una larga misiva de cinco folios en los que negaba insinuaciones, calumnias, falsedades y comentarios que le eran adversos y que se estaban divulgando y -añadía- ser un mal camino el de fiarse de habladurías sin haber contactado con él para saber si era cierto lo que se rumoreaba.

Frente a las firmas que se habían recogido contra el párroco, éste aseguraba que no todas eran de cabezas de familia, incluso que algunas eran de muchachos y de niñas de escuela, así como que las obras de ampliación del cementerio no sólo se había hecho con las aportaciones de los vecinos y del Ayuntamiento, sino que él había adelantado los terrenos (unos 450 metros cuadrados) y 1.000 pts. de su propio bolsillo. La carta era muy dura y en ella señala que algunos sentían odio personal hacia él como cura.

El plano del cementerio de Viabaño lo había hecho el maestro de obras municipal José Villanueva.

Una comisión municipal fue a ver el cementerio y anotó que muchas de las sepulturas tenían ocho años y que el cura no había dejado entre ellas la distancia obligatoria por las ordenanzas, que era de 0,42 metros.

La contribución se abonaba trimestralmente y los vecinos del concejo tenían que acudir a la villa a un local pequeño donde el recaudador (que venía de fuera) se veía desbordado. Una situación penosa donde algunos debían aguardar a la intemperie hasta cuatro horas para pagar. De modo que se buscó otro local y se aumentaron los días de pago que -hasta ese momento sólo eran tres- y pasaron a ser entre veinte y un mes.

Fue la Corporación de Parres la que decidió proponer a los demás concejos el solicitar al Ministro de Hacienda que fuesen las Corporaciones Municipales las que cobrasen los impuestos del Estado.

Aquel mes de mayo de 1931 se le autorizó a Lino Álvarez Vázquez a instalar un tostadero de café en la planta baja de su casa, la cual era propiedad de la viuda de Luis Ruiz Escandón, situada en la margen izquierda de la carretera de Arriondas a Colunga; el citado tostadero se especifica que funcionaría con energía eléctrica.

El Ayuntamiento contribuyó a los festejos populares de Santa Rita con 1.000 pts. y a don Rafael Álvarez -cura párroco de Arriondas- le llamaron la atención por dos motivos, uno para que en las hojas parroquiales no se tratase “tendenciosamente” sobre asuntos políticos y el otro por “permitir ordenar” que se interpretase la “Marcha Real” en la iglesia, algo que no se podía consentir y que habría que poner en conocimiento del Gobernador Civil telegráficamente. Como es sabido el Himno Nacional durante la II República fue el Himno de Riego (que ya lo había sido entre 1820-1823 y, de nuevo, en 1873-1874)

Curioso es también que el Comité Republicano de Arriondas decidió -el día 2 de junio de 1931- abrir una cartilla de ahorros con 25 pts. al niño Ángel Óscar del Valle Cantero, por haber sido el primer niño nacido en el concejo de Parres después de la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril anterior. A esta cantidad se añadieron otras 25 pts. del Ayuntamiento a propuesta del alcalde y lo mismo de la comisión de fiestas de Sta. Rita, por lo tanto se le ingresaron al recién nacido un total de 75 pts. Aquel “niño” falleció en 2017…

Añadía el alcalde que -tras haberle enviado un escrito al párroco- debía esperarse a ver qué efectos provocaba, y si no él sabía cómo proceder.

Enviaron también un telegrama al Gobierno Provisional de la República como adhesión al mismo con motivo de la “campaña perturbadora que elementos extremistas trataban de entorpecer la labor de dicho Gobierno”.

Evidentemente hay que situar todos estos temas en su contexto y momento, por ejemplo cuando un concejal indica que sería conveniente avisar a la Guardia Civil para que desalojase a los gitanos de los alrededores de Arriondas, algo que ya el alcalde había ordenado hacer a los guardias municipales.

Aquellas primeras fiestas republicanas de Sta. Rita en la villa Arriondas, en 1931, (las cuales acabarían perdiendo toda connotación religiosa en 1934 -incluso hasta su nombre- como veremos en su momento) costaron 3.429´15 pts. y dejaron un superávit de 99,40 pts. que fue ingresado en las arcas municipales.

En el capítulo LVII citamos al médico titular Pascual del Buey por la protesta explícita que presentó contra la Corporación anterior, última de la dictadura de Primo de Rivera.

Vuelve a la carga del Buey con todo tipo de argumentos en un escrito de cinco folios en los que explicaba que se analizase la labor administrativa del anterior alcalde, se depurasen los hechos y se exigiesen responsabilidades, alegando que imperaba un criterio cuartelero, con un alcalde en “constante contubernio ideológico con el Delegado Gubernativo -de triste memoria- y con el Gobernador de la Provincia”.

Enumeraba hasta ocho casos de falsedades y citaba a un carnicero muy concreto al que el alcalde había consentido poner precios abusivos hasta llegar al punto de tener que cerrar todos los demás, o que muchas obras públicas del concejo estaban bajo sospecha, o que el citado alcalde había regalado una calle al pueblo, pero que estaba cerrada; que a un cuñado le había hecho concesiones inadmisibles en cierre de fincas y para levantar edificios y paredes, le acusaba también de persecución a los médicos y -especialmente- al veterinario, a los que les abrió un expediente que no prosperó, pidiendo incluso la dimisión del veterinario en veinticuatro horas o su destierro a 250 km.

Del Buey Larranz solicitaba la revisión de facturas y de las cantidades percibidas por el personal técnico o director de las obras realizadas en el municipio, así como otros varios asuntos.

No cayó en vano su petición y se creó una comisión para revisar las actuaciones de las corporaciones anteriores, la cual se amplió en un primer momento hasta el año 1920 y acabó llegando hasta 1917.

En el mes de agosto la nueva Corporación de Parres le abonó a Emilio Sierra Fueyo (barquero de la Vega de los Caseros) 100 pts. de ayuda que el alcalde de barrio había solicitado en el mes de octubre anterior, cuando Emilio pidió autorización para establecer un paso de barca en el Sella en el sitio conocido como “El Reguerín”. La barca era propiedad de Emilio y el Ayuntamiento de Cangas ya la subvencionaba, pero no el de Parres alegando que tenían que averiguar si era cierta la subvención canguesa.