POR FRANCISCO JOSÉ ROZADA MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE PARRES-ARRIONDAS (ASTURIAS)

Antonio Fernández García solicitó permiso en marzo de 1933 para construir un horno para la fabricación de pan en terreno propiedad de su hermana Teresa, solar que se encontraba contiguo al suyo en la calle Capitán Galán.

En la autorización se le imponía la condición de que las nuevas chimeneas tuviesen al menos la misma altura de las que ya tenía, pero como se iban a construir en un terreno por el que había trazada una calle en el plano de urbanización, nada se le abonaría por la obra que realizase el día que se le expropiase, sólo el valor del terreno.

En esos días la nueva escuela de Collía, Bodes y Collado decidió hacerse en terrenos de Collía, con gran contrariedad para los otros dos pueblos citados, pues los niños pequeños deberían andar hasta 3 km. en invierno y cruzar puentes como el de Santa Marina o de “La Cabadona” y querían que fuese en las inmediaciones de la iglesia de Sto. Tomás de Collía, con amplio campo escolar donde ya existían desde antiguo las escuelas de niños y niñas de Collía, alegando -además- que todos los pueblos habían contribuido con sus ayudas, no sólo Collía, Collado y Bodes.

Se terminaba el lavadero de Granda de Abajo con un gasto de 642 pts. de las cuales el Ayuntamiento puso 400 y los vecinos el resto, mano de obra, arrastres, madera para el techo, etc.

Dejamos constancia que el terreno inmediato al puente de Santianes sobre el río Piloña recibía el nombre de “La Remansa”, al lado de “La Huertina del Molino” y que los vecinos de La Sala más cercanos al barrio de La Llera pedían una luz para ese camino y -como era habitual- así se les concedió con la condición de que los gastos de instalación fuesen por cuenta de los vecinos beneficiados.

El día 4 de abril hubo una manifestación de obreros para que se les diesen seguridades de que iban a tener trabajo en la construcción de escuelas en el concejo en los siguientes meses.

Y el 11 de abril de 1933 los vecinos de Arobes, Ozanes, Llames, Cividiello, Fresnidiello, El Pico y Llerandi presentaron una instancia conjunta para que se construyese un puente sobre el Piloña en Arobes, puesto que para enterrar un cadáver debían recorrer 14 km. de ida y vuelta, y los de Ozanes unos 17 km. Además, los de Llames, Fresnidiello, Cividiello, El Pico y Llerandi para acudir al mercado a Arriondas debían pasar por Soto de las Dueñas (aún se llamaba así), de modo que solían ir al mercado a Infiesto.

Para celebrar el 2º aniversario de la proclamación de la República el alcalde ordenó que se tirasen unos voladores por la mañana y que se repartiesen 100 pts. entre los pobres.

El 27 de abril se aprobó la construcción de los chalets de Prestín que hoy conocemos como de “moros” y “cristianos”.

Tras leer los informes de los alcaldes de barrio sobre la propiedad de los cementerios, la Corporación acordó por unanimidad proceder a la incautación de todos los cementerios del concejo, de acuerdo con las leyes vigentes.

Solicitó el puesto de sepulturero de la villa Modesto González Argüelles; los vecinos de la Roza de Parres solicitaban la creación de una escuela mixta y los de Lago y Vallobil tenían un solo maestro para atender a cien niños y niñas, por lo que solicitaban dos escuelas unitarias.

La barca del Lladuengu quedó en manos de Emilio Sierra Fueyo, de la Vega de los Caseros, el cual era el propietario de dicha barca.

Y en abril del año 1933 se inició la incautación de los cementerios, acontecimiento controvertido en el que este cronista se detendrá con detalle.

El alcalde y el secretario -junto con un concejal de cada uno de los distritos del concejo- se fueron personando en los cementerios -previo aviso a los curas respectivos el día 8 de ese mismo mes- para que entregasen las llaves de los mismos.

A las 15 horas en San Martín de Cuadroveña, a las 16,30 en Nevares y, así, en días sucesivos, en Collía, Cofiño, Pendás y Bode.

En San Martín de Cuadroveña -junto con el alcalde Joaquín Corral, el secretario Enrique de la Grana y el primer teniente alcalde David Llamedo- fueron testigos de la incautación del cementerio Guzmán Martínez Fernández y José González Cueto, pero el cura párroco Rafael Álvarez García no compareció, a pesar de haberle avisado previamente del día y hora de la incautación del cementerio, hasta ese momento parroquial.

Un emisario acudió a la casa rectoral y regresó con el párroco, el cual se negó a entregar la llave porque así se lo habían ordenado sus superiores -afirmó-.

Un cerrajero forzó entonces la puerta de acceso, el cura se ausentó y el alcalde tomó posesión del cementerio, levantándose acta del hecho y procediendo a tomar las medidas del mismo con sus mansos parroquiales, que fueron de 63,50 metros de largo por 24,40 de ancho, o sea 1.549.40 metros cuadrados. Se tomó nota de sepulturas, nichos, propiedades, etc.

Constancia quedó de que el Cementerio Civil (que tanto les había costado conseguir a los parragueses en 1915 por las muchas trabas que el obispado les había puesto) tenía el acceso por la parte exterior, con entrada independiente en el ángulo Noroeste.

Era el sepulturero desde hacía un año Rafael Cofiño González, el cual solicitó seguir siéndolo, ahora que el Ayuntamiento había tomado posesión del mismo. Se le aceptó de forma interina y se tomó la medida de que el ya Cementerio Municipal de Arriondas estaría abierto los jueves y domingos de 2 a 7 de la tarde en aquel verano de 1933, así como que se emplearían tres días de jornal en su limpieza.

Esto ocurrió el 24 de abril y, de inmediato, la comitiva se trasladó a Nevares a las 16.30 horas. Allí se añadió un testigo nuevo, Luis Iglesias Pérez.

Tampoco se presentó el cura y -entonces- se fue a por la llave a casa de Luis de la Fuente Portilla (en el conocido Palacio de Nevares), el cual la entregó de inmediato.

En el inventario resultó que el cementerio tenía 349,80 m2.

En Collía estuvo presente también el síndico Manuel González Amor y los mismos testigos de Nevares. No compareció el cura José María Póo Rivero y se le mandó llamar de nuevo, negándose a entregar la llave por “no ser propietario del mismo ni representante, dado que dicho cementerio se regía por un patronato de vecinos de la parroquia que habían adquirido los terrenos y lo construyeron con ayudas municipales”.

Se forzó la cerradura y se inventariaron los datos oportunos, destacando sus medidas: 1.046 m2.

A Cofiño arribaron el día 26 a las 17,30 y allí sí se presentó el párroco Antonio García Álvarez, el cual entregó un escrito para que constase en el acta que se iba a redactar.

En el mismo dejaba constancia de que el cementerio católico de Cofiño era propiedad de la Iglesia y que la incautación hecha por la Corporación Municipal lesionaba los derechos de la misma, por lo que manifestaba su respetuosa pero enérgica protesta, añadiendo que aunque no era propietario ni representante legal del mismo, era siempre respetuoso con la autoridad y con quien la representase, entregando la llave y pidiendo copia del acta.

Así lo hicieron y le entregaron allí mismo dicha copia.

El cementerio tenía en aquel momento 166,60 metros cuadrados en dos planos o alturas diferentes (que sigue teniendo). Dejaron constancia de que dicho cementerio estaba totalmente ocupado, sin espacio para más enterramientos.

Pocos días después el párroco de Cofiño presentó los títulos de propiedad que el Provisor de la Diócesis y Vicario General le había hecho llegar, con la finalidad de que se indemnizase la incautación realizada. Allí aparecían las ventas hechas por el obispado a perpetuidad, la administración desde tiempo inmemorial, el estar construido en mansos propiedad de la parroquia de San Miguel, etc.

Era el cura de Pendás y Bode Florentino Velasco Peña y no se presentó al requerimiento municipal. Se le mandó llamar a su casa y se presentó con un escrito de protesta, entregando la llave para que violentamente no se fracturase la puerta y señaló que, después, cuando acudiesen a Bode, pidiesen la llave al enterrador.

Tenía 91,20 m2 el cementerio de Pendás y de 129,60 metros cuadrados medía el de Bode.

A Castiello acudieron el día 3 de mayo los mismos protagonistas y el cura Joaquín Suárez, quien se negó repetidamente a entregar las llaves.

De nuevo un cerrajero forzó la puerta y se midió el cementerio: 297,60 m2.

En Viabaño el cura Ángel Rodríguez procedió de igual modo.

Se forzó la cerradura. Medidas. 916 m2.

Era Marcelino Díaz Moro el cura de la parroquia de Cayarga, que sí entregó las llaves entre enérgicas protestas (anotó el secretario). Se levantó acta y se le entregó copia. Por cierto que en todos los cementerios se anotaba quienes eran los linderos de los que los más católicos llamaban camposantos y a los menos les gustaba utilizar el término necrópolis (del griego antiguo “ciudad de los muertos”).

Cementerio de Cayarga el 4 de mayo de 1933, sus medidas eran: 500,50 m2.

En San Juan de Parres entregó las llaves del cementerio de 1.176 m2 su cura párroco, Antonio Sánchez (muchas veces no dejaban constancia del segundo apellido), y les recordó a los representantes del municipio que su construcción era reciente, del año 1916, gracias a la suscripción y prestaciones personales de los vecinos.

En Llerandi era cura Constantino Labra López y no quiso entregar la llave de acceso, pero se quedó a ver cómo abrían violentamente la puerta. El cementerio tenía 214 m2.

Y en Huera de Dego el cementerio estaba clausurado porque estaba ya lleno y los vecinos tenían que utilizar el de Cangas para las inhumaciones de sus difuntos, mientras solicitaban un cementerio municipal nuevo.

Y, así, el Ayuntamiento encargó placas esmaltadas de 60 x 30 cm. para colocar en las entradas de todos y cada uno de los cementerios, con un coste de 20 pts. cada una, y con la inscripción: “Cementerio Municipal”.

A Lino Cofiño Huergo se le abonaron las 220 pts. que supuso el coste de las once placas; en Viabaño se derribó la pared que separaba el cementerio católico del civil y se adquirieron en la ferretería de Emilio Pando nuevos candados y cadenas para algunos cementerios.

Vimos que uno de los testigos de incautación de cementerios fue Luis Iglesias Pérez y él mismo fue a quien se le ordenó descerrajar las puertas de entrada, retirar las placas anteriores y -después- colocar las nuevas, trabajos por los que se le abonaron 107 pesetas.

…Y largos escritos y protestas de algunos párrocos siguieron llegando en junio al Ayuntamiento reclamando respeto a los derechos de propiedad de la Iglesia sobre los cementerios municipalizados, como ya se había hecho en el resto de España siguiendo las directrices oficiales del Gobierno Central.