POR FRANCISCO JOSÉ ROZADA MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE PARRES-ARRIONDAS (ASTURIAS)

-Incautación del chalet Valle para destinarlo a Ayuntamiento.

-Devolución de los cementerios incautados, excepto el de Arriondas.

-Reposición de la Corporación republicana destituida.

-Manifestación de los vecinos ante el ayuntamiento.

-Guerra Civil Española.

-Liberación del concejo y nueva Corporación; destitución de funcionarios.

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Será una novedad para muchos lectores el saber que el Ayuntamiento de la Corporación republicana de Parres se instaló en el chalet Valle, propiedad de Amparo Suero Rodríguez, viuda de Acisclo del Valle, la cual se vio obligada a abandonar España en agosto de 1936 con destino a Cuba, cuya nacionalidad poseía.

De cómo y cuándo Amparo Suero consiguió regresar al chalet del que era legítima propietaria lo veremos en próximos capítulos, tras un inesperado incidente ocurrido ya en pleno franquismo.

Amparo viviría aún treinta y tres años más -hasta el 20 de diciembre de 1969- en su chalet, uno de los más representativos de la villa que sigue -fielmente- el estilo montañés.

Ricamente decorado con aplicaciones de cerámica, se compone de planta baja, porche, piso y una elegante torre en la que luce el escudo de armas de los Valle. Rodeado de amplio jardín, espera -desde hace casi treinta años- un acuerdo de sus herederos para rehabilitarlo en profundidad.

Previamente, y para que los dueños de los chalets del concejo de Parres pagasen los correspondientes impuestos, desde el Ayuntamiento calculaban la renta que se les suponía debían pagar si estuviesen en alquiler.

Así se valoró que el chalet Valle tendría unas supuestas rentas anuales de 3.000 pts. si se alquilase y sus dueños reclamaron la decisión de la Comisión de Hacienda Municipal, consiguiendo que dicha valoración quedase reducida a 2.000 pts., de forma que debían abonar -proporcionalmente- 160 pts. como impuestos municipales.

Y al chalet conocido como Villa Margarita, en Cuadroveña, no le rebajaron las 37,50 pts. que se le impusieron, a pesar de que su propietario alegó que sólo pasaba en él tres meses en verano, dado que el resto del año vivía en Oviedo; pero en la respuesta se le indicaba que era “una magnífica residencia de verano que ocupan durante varias temporadas en los otros trimestres del año”, añadiendo -lo que es bien cierto- que “se haya el chalet en el punto más delicioso del concejo de Parres, en las primeras estribaciones del Puerto del Sueve, sobre el valle de los ríos Sella y Piloña, teniendo enfrente el panorama de los Picos de Europa”…

Un decreto del Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad obligó a devolver a sus dueños en el plazo de un mes -si no se les había indemnizado- los cementerios incautados. Y como no se había abonado el importe de la expropiación ni tan siquiera se había iniciado el expediente, se devolvieron los cementerios a todas las parroquias, excepto a la de San Martín de Cuadroveña por estar en litigio con Rafael Álvarez García (párroco desde 1927 hasta 1953) por un “incidente de pobreza”, dado que el Ayuntamiento había ganado en primera instancia el hecho de la incautación llevada a cabo y no estaba dispuesto a pagar las costas del juicio que le correspondía abonar al párroco.

El Ayuntamiento de Parres encargó su defensa ante los tribunales a uno de los mejores juristas de Asturias, Leopoldo García-Alas García-Argüelles, profesor universitario, rector de la Universidad de Oviedo, hijo del gran escritor Leopoldo Alas “Clarín” y miembro del Partido Republicano Radical Socialista, que sería fusilado el 20 de febrero de 1937 en uno de los crímenes más atroces de la Guerra Civil.

Fue Leopoldo García-Alas quien defendió al Ayuntamiento en este “incidente de pobreza” presentado por el párroco.

Hizo de procurador del pleito Antonio García P. Cabañas, el cual solicitó se le abonasen por minuta profesional las 250 pts. que aún le debían, tras haberle abonado ya en agosto de 1934 otras 750 pts.

Llegados a febrero de 1936 -el año en el que en España se iniciaría una guerra civil devastadora- se repusieron las corporaciones cesadas en 1934 y como consecuencia se presentó en la alcaldía de Parres el alcalde que había sido elegido por decisión popular mayoritaria en abril de 1931, el cual había sido destituido en octubre de 1934 como ya vimos en estas “memorias”.

Joaquín Corral Collado volvió a tomar posesión como alcalde legítimo y así se le notificó a Amador Llano Corral, el alcalde impuesto por decisión gubernativa dieciséis meses antes.

Un mes después se reincorporaron todos los concejales que habían sido depuestos por orden del Ministerio de la Gobernación.

También fueron repuestos los serenos cesados en 1934, Fernando Ania Alonso y José Blanco Cuesta; y cesaron los que habían ocupado sus puestos de forma interina, Mariano Velilla Rodríguez y Luciano Buznego Pérez.

A primera hora de la tarde del día 20 de marzo una manifestación de vecinos pidió la destitución inmediata del Oficial Mayor del Ayuntamiento -cuyos datos personales se especifican con detalle- asegurando que había injuriado a las autoridades de la República y que había hecho política desde su cargo de funcionario.

Es evidente que la situación en la calle era de mucha tensión, puesto que los manifestantes comunicaron que si al citado oficial no se le destituía fulminantemente no respondían que hubiese alteraciones gravísimas del orden público, en las que -añadían- pudieran ocurrir hechos sangrientos.

¿Qué hizo el alcalde republicano parragués?

Emitió un comunicado en el sentido de que “para evitar consecuencias graves por la actitud del pueblo” acordaba separar provisionalmente de su cargo a dicho funcionario, abriéndole un expediente y decidiendo que fuesen los tribunales de justicia quienes tuviesen la última palabra.

Todos los concejales votaron a favor de la resolución, excepto uno.

(Este Oficial Mayor del Ayuntamiento -contra el que algunos vecinos habían organizado dicha manifestación- aparecería ejecutado año y medio después, a comienzos de septiembre de 1937).

Y desde el mes de marzo de 1936 hasta el 18 de octubre de 1937 no hay actas de plenos ni de comisiones permanentes que den fe de lo ocurrido en nuestro concejo, pues los libros que corresponderían a esos meses no se conservan en los archivos municipales.

Sólo imaginar lo ocurrido se supone que estremecería al lector.

El día 10 de octubre de 1937 las tropas del bando nacional ocuparon las dos márgenes del río Sella y -al día siguiente- los soldados que defendían la República perdieron Cangas de Onís.

El día 14 Arriondas quedó bajo el control del llamado Ejército Nacional y se dio por finalizada la Guerra Civil en el concejo de Parres.

El día 18 de octubre de 1937 encontramos como nuevo alcalde a:

José González Blanco -según una orden de la Comandancia Militar de sector de Cangas de Onís- por su “adhesión al Glorioso Movimiento Nacional”.

El resto de la Corporación quedó de la siguiente manera:

Teniente alcalde: Leopoldo Somoano Berdasco.

Oficial Primero: Cipriano Rodríguez Cibrián.

Concejales: Manuel de Pando Blanco, Federico González Llenín y Fermín García González.

Guardias Municipales: Lucas Blanco Fernández y José Vega Blanco (que dimitiría un mes después y sería sustituido por José Díaz Longo).

Serenos: Luciano Buznego Pérez y Ramón Somoano Suardíaz.

Barrendero: Domingo Fresnedo Gómez (ya muy veterano en este oficio en la villa).

Secretario: “Reaparece” también del “lugar donde se hallaba refugiado” Enrique de la Grana Valdés, que ya era secretario municipal nada menos que desde 1904.

La nueva Corporación decidió por unanimidad destituir a todos los funcionarios, perdiendo todos sus derechos, funcionarios que habían sido nombrados con carácter interino por el Consejo Municipal y la Comisión Gestora, pero también fueron destituidos todos los demás funcionarios con cargos en propiedad.

Repusieron como vigilante de arbitrios a Adolfo Caldevilla Santos, que había sido destituido en agosto del año anterior, encargado del control en el fielato del Orrín, junto al puente de acceso a Cangas de Onís.

Las plazas de médicos fueron adjudicadas en agosto a Enrique García Comas y a Luis Miyares González, que lo habían solicitado expresamente.

Bien es cierto que Enrique G. Comas renunció cuatro meses después por su delicado estado de salud y por la falta de medios de transporte para ejercer dignamente su labor en el concejo; de modo que casi no llegó a ejercer porque había pedido la baja un mes antes.

La plaza que -como consecuencia- quedó libre fue solicitada por Pedro Rodríguez Noriega, que ejercía de médico en Sevares, y se le concedió; aunque también la había solicitado desde Ribadesella Luis Sánchez González.

El municipal Lucas Blanco se tuvo que incorporar a filas, siendo sustituido por Mariano Velilla Rodríguez, el cual seguiría después como municipal durante varios años hasta que un incidente muy grave -del que fue protagonista- forzaría su destitución.

En vísperas de aquella Navidad de 1937 los vecinos recaudaron 4.205 pts. destinadas a lo que se conocía como “Aguinaldo del Combatiente”.

Y el año 1937 finalizó con una nueva Corporación Gestora nombrada por el Gobernador Militar y presidida por el alcalde José González Díaz, con otros diez vocales.