POR FRANCISCO ROZADA, CRONISTA OFICIAL DE PARRES-ARRIONDAS (ASTURIAS)

El 27 de agosto de 1940 el Gobernador Civil nombró nuevo alcalde del concejo a Manuel Blanco Blanco, aceptando la dimisión de José Aquilino Pando Blanco por razones de salud.

En su toma de posesión el nuevo alcalde señaló que lo que cada uno tuviese que decir y opinar lo hiciese dentro del ayuntamiento y que así se evitasen las críticas en la calle.

A las dos mil doscientas veintitrés cabezas de familia del concejo se les comunicó que debían recoger las cartillas de racionamiento tras prestar declaración jurada, pues el Boletín Oficial de Estado había anunciado restricciones en el consumo de pan.

Lógico es que Josefina Miyares -viuda de López- protestase porque al lado de su casa se hubiese instalado una herrería con fragua y un potro para errar animales, sin reunir las condiciones de sanidad e higiene necesarias, provocando malos olores, humos, ruidos de yunque que impedían a los vecinos un descanso normal, en especial a los enfermos. Josefina pedía que la fragua se traslade a las afueras, comprometiéndose el Ayuntamiento a que dos gestores estudiasen la queja e informasen a la Corporación.

Otro Miyares, en este caso Manuel -vecino de Bode- tenía una industria dedicada a la fabricación de manteca, y solicitaba al Ayuntamiento que viese la manera de solventar el problema que se le había presentado, puesto que debido a la escasez de aceite era muy notable el consumo de mantequilla en los pueblos, escaseando la leche dado que se vendía a las industrias de fuera y no se pagaban impuestos en Parres.

La Delegada Local de Falange administraba la subvención de “canastillas” para las madres pobres que daban a luz.

Eran habituales las suscripciones para socorrer a aquellos ancianos pobres y enfermos, cuyos nombres se especifican en las actas de las sesiones permanentes.

No se había repuesto aún la Oficina Postal de Correos de Arriondas tras los años de la guerra, por lo que se dependía de la de Ribadesella, decidiendo cambiarla por la de Cangas de Onís por hallarse más próxima.

Fue el 12 de diciembre cuando Cándida Iglesias Pandiello solicitó instalar un quiosco destinado a la venta de frutas, una petición que le fue atendida en principio y se le pidió que manifestase en qué punto de la villa deseaba instalarlo… pero tres años más tarde nos encontraremos que su petición no fue atendida porque alegaban que estaba prohibido ocupar terrenos públicos en la villa.

De hecho, el quiosco de Cándida acabó estando situado en un pequeño espacio de dominio privado, al borde de la acera, junto a la antigua estación de autobuses.

Poco después haría la misma solicitud Josefa Granda (ya mayor de 70 años) para vender frutas y confituras.

Desde 1935 era inspector veterinario Jesús Robles Gallego, quien acudió a la Corporación solicitando un sueldo de 4.000 pts. anuales, según le correspondía por ley, según él.

Por él sabemos que había reconocido la carne de todos los cerdos que habían sido sacrificados en domicilios particulares y que éstos habían sido 1.183 en el anterior ejercicio.

La que hoy conocemos como calle de los Castaños se denominaba calle “G” y había sido abierta por el consistorio local republicano mediante la expropiación del terreno a José Labra, el cual exigía ahora que se le construyese un muro que cerrase su finca y que se hiciesen las aceras; para ello presionaba al dueño de la fábrica de licores -José Castaño- para que construyese la acera que le correspondía en dicha calle, alegando éste último algunas razones para aplazar dicho trabajo. La Corporación contribuyó con una ayuda de 150 pts.

El presupuesto municipal para 1941 era de 130.471 pts. igual de ingresos como de gastos.

Cuando finalizaba 1940 -y tras un concurso-oposición celebrado en el Ayuntamiento- se adjudicaron en propiedad las plazas de guardias municipales a: Lucas Blanco Fernández y José Díaz Longo, por el turno de excombatientes de la Guerra Civil y por sus “méritos y aptitudes”, además los dos eran los únicos aspirantes a dichas plazas, no habiendo aspirantes por el turno de excautivos.

Para la plaza de sereno municipal se presentó Mariano Velilla Rodríguez y se le adjudicó en propiedad, al igual que las plazas de vigilantes de arbitrios municipales, que fueron ocupadas por Manuel Somoano Suardíaz e Isidro Martínez Fernández.

Quedó vacante una plaza de sereno.

Por diversas causas fueron desestimadas las peticiones de José Castañón de la Grana, Jesús Sánchez Remis y Francisco Dago García.

(Bien es cierto que -apenas cuatro meses después- a Francisco Dago se le cita como sereno cuando anuncia ante todos los gestores o concejales que dejaría ese cargo a finales del mes de abril, y así lo hizo al día siguiente de que fuese elegido como jefe de vigilancia nocturna Mariano Velilla Rodríguez.

Como oficial segundo interino ya lo era Leopoldo Somoano Berdasco.

Manuel Antonio Pando Blanco era el administrador interino de arbitrios municipales.

José González Blanco era depositario interino de fondos municipales.

Dado que los tres eran los únicos aspirantes a dichas plazas y como reunían los “méritos y capacidades” exigidos, se les adjudicaron en propiedad.

El tribunal que decidió todos estos puestos estuvo formado por el Teniente Alcalde, Daniel Caldevilla (como presidente del mismo), el Jefe Local accidental de Falange y de las JONS, Faustino García Miyar (como representante de la Dirección General de Administración Local), Emilio Laurín Rozas (representado a la Comisión Provincial de Reincorporación de Excombatientes al trabajo) y Cipriano Rodríguez Cibrián (que sustituyó al secretario titular).

Para la calefacción del ayuntamiento suministraban el correspondiente carbón Benjamín Arboleya Pérez, Gaspar Llerandi y Alfonso Carrio. Los tres aparecen en diversas ocasiones en este cometido.
Por esos mismos días es cuando Benjamín Arboleya solicitó autorización para construir una casa en la calle Ramón del Valle, donde continúa cuando se escriben estas líneas, en el año 2019.

Es curiosa la decisión de esta primera Corporación Municipal tras la Guerra Civil puesto que -tras celebrar la misa de aniversario por los caídos que había tenido lugar en la iglesia parroquial de Arriondas el día 29 de octubre de 1940- cuando recibieron la “cuenta” (hoy diríamos estipendio) que debían abonar por la misma, presentada por el párroco Rafael Álvarez García por un importe de 67,50 pts. decidieron pagarla… pero hicieron constar que a partir de ese momento los organizadores de aniversarios, conmemoraciones o festejos en los que deseasen que participase la Corporación, deberían presentar por anticipado la cuenta de gastos para poder decidir si la debían abonar o no, puesto que pasarle la cuenta después sin haberlo pactado previamente era tanto como disponer de los fondos municipales por quienes no tenían intervención en el Ayuntamiento, algo que no podía admitirse.

Sin ninguna duda alguna fue ésta una decisión absolutamente razonable.