POR FRANCISCO JOSÉ ROZADA MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE PARRES-ARRIONDAS

– Las condiciones en las que vivían no pocos vecinos de los pueblos del concejo dejaban mucho que desear, dado que la pobreza no permitía las más elementales mejoras de habitabilidad.

La Corporación solía enviar a alguno de los médicos municipales para que inspeccionasen dichas condiciones.

Así, el médico Celestino Suárez Lobo emitió varios dictámenes de lugares destinados a viviendas, por ejemplo señalaba que en el bajo de una panera de San Andrés pudo comprobar que vivían unas siete personas de forma hacinada, en estado de promiscuidad, adultos y menores de ambos sexos, todos en el espacio de unos cuatro o cinco metros cuadrados, sin ninguna división interior, sólo separados los camastros por una pobre tela. Una inhabitabilidad higiénica y una inmoralidad, subrayaba el citado médico.

Suelo de tierra permeable, sin ventilación, sólo con una puerta y poca luz, sin servicio de ´excretar´ o evacuación y sin agua.

En este caso concreto el Ayuntamiento dio un mes de plazo para que abandonase este bajo la familia que lo ocupaba, y a su dueña se le ordenó la clausura de la instalación.

Muy habitual era tener la cuadra en la planta baja del edificio y el estiércol amontonado en grandes cantidades en las inmediaciones del hogar.

– El que había sido Secretario Municipal durante más de treinta y siete años, Enrique de la Grana Valdés, solicitó su jubilación en enero de 1942, certificando documentalmente cómo llevaba en este trabajo desde el día 5 de julio de 1904.

Enrique cobraba el más alto sueldo del Ayuntamiento, 11.000 pts. al año.

La razón para dejar esta labor fue que se estaba quedando sordo, y así lo hizo constar con el correspondiente certificado.

Y al que había servido al municipio bajo casi todo tipo de regímenes políticos le esperaban unos años convulsos por desacuerdos con la nueva Corporación.

El Ayuntamiento nombró juez instructor a uno de sus más fieles funcionarios con la finalidad de abrirle expediente a dicho secretario, con arreglo a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Gobernación de fecha 12 de marzo de 1939 sobre depuración de funcionarios.

El Jefe Local de Falange nombró a dos personas para estudiar las diligencias de depuración del recién jubilado secretario.

A lo largo de varios años un ´calvario´ judicial le aguardaba a Enrique en su ya más que ganada jubilación, cercano a los setenta años de edad.

Así se puso en marcha un interminable litigio emprendido por el secretario y abogado contra la decisión del Ayuntamiento de abonarle 8.800 pts. anuales por su jubilación.

Por una ficha encontrada en otra carpeta de documentos sabemos que la esposa de Enrique fue en algún momento maestra en Llerandi.

La familia se trasladó a vivir a Oviedo en la muy céntrica calle Campoamor, Nº 30, 2º izquierda.

La Corporación parraguesa estaba segura de obrar según la ley y consumió significativos honorarios en defender sus intereses, contratando hasta a siete abogados y procuradores -tanto de Cangas de Onís como de Oviedo- a los que les otorgó poderes específicos, destacando entre los abogados defensores Enrique de las Alas Pumariño.

Perderá De la Grana Valdés el juicio, dado que su jubilación había sido voluntaria y no forzosa, correspondiéndole realmente cuatro quintas partes de las 8.800 pts. ofrecidas por el Ayuntamiento (o sea, 6.400).

Este cronista “despide” a Enrique de la Grana Valdés tras treinta y siete años en los que -a través de tantos centenares de actas de plenos y de sesiones permanentes como nos dejó- su caligrafía y ortografía en decenas de miles de líneas escritas se merecen un sobresaliente, cosa menos frecuente de lo que debería en estos cargos, cuando -a veces, en este periodo 1835-1985- nos encontramos con una caligrafía endiablada, de muy difícil comprensión, o una ortografía que deja mucho que desear.

– De forma accidental o provisional fue nombrado nuevo secretario el muy veterano funcionario Cipriano Rodríguez Cibrián, hasta que la plaza se cubriese de forma definitiva.

Eso ocurrió en junio de 1942, cuando la plaza salió a concurso.

Se presentó Silvino Otero Manzano, de 57 años, (que ya había sido secretario en Quirós y en otros municipios, y en ese momento lo era en Santo Adriano); no tenía título académico y era el número 310 en el escalafón de secretarios de 1.ª categoría.

Otro candidato fue Fernando Pedret de Falgás, 31 años, abogado, secretario del Ayuntamiento de Monistrol de Calders (provincia de Barcelona).

La decisión municipal unánime fue concederle el puesto a Fernando Pedret por razones de edad, méritos y ser abogado, aunque no figuraba en el escalafón de secretarios de 1.ª categoría.

Pero José Ramón Pando de la Fuente solicitaba la secretaría alegando que había nacido en Arriondas (aunque era vecino de Madrid) y que estaba licenciado en Derecho, además de trabajar en el Ayuntamiento madrileño como funcionario en la sección de Estadística de la Vivienda, añadiendo que también era “excautivo por Dios y por España durante treinta y dos meses en las cárceles de Ventas, San Antón y Campo de Nuevo Baztán”.

Su petición fue desestimada porque ya habían nombrado al catalán Fernando Pedret.

– Pero -al final- quien acabó tomando posesión del cargo el sábado, 8 de agosto de 1942, fue Silvino Otero Manzano. No hay explicación documental alguna que nos diga la razón por la que no tomó posesión el que había sido elegido por unanimidad, Fernando Pedret de Falgás.

Y así será Silvino quien plasme lo ocurrido en el concejo durante los siguientes años, con una caligrafía en muchos casos enrevesada y sin anotaciones marginales en los libros para buscar más fácilmente sus contenidos, como hacía su predecesor.

En sus primeras intervenciones Silvino acusará al anterior secretario de haber cometido errores de bulto, de un desbarajuste de difícil solución, falta de inventario general, desorganización en la contabilidad y en la documentación, no haber constancia de la liquidación de los presupuestos durante varios años, no haber libros de registro de entrada ni de salida de la correspondencia, ni libros de las reuniones de las Juntas de Educación Primaria ni otros, ni haber tampoco el preceptivo inventario del patrimonio municipal.

– Por diversas razones varios de los gestores municipales presentaron su dimisión, pero el Gobernador Civil no la admitió por no ver causas justas para ello y porque no debían desatender a los vecinos, aunque se les exigiese un sacrificio “como afectos a la Causa Nacional y a su Caudillo”.

Y es que parece que había presiones y coacciones, injerencias e intromisiones, ajenas al Ayuntamiento, de modo que el Gobernador obligó al alcalde a averiguar en qué consistían y quiénes eran los que las ejercían -directa o indirectamente- con la amenaza de “extrañar” (desterrar) del concejo a quienes perturbasen el orden municipal.

– A propuesta del Gobierno local presidido por su alcalde Manuel Blanco Blanco, el Gobernador Civil nombró a dos nuevos concejales: Vicente Luis Somoano Berdasco y Amador Nachón Pando; ambos sustituyeron a Pedro Rodríguez Noriega y a Juan Fernández Suárez.

Al mismo tiempo dimitía el primer teniente de alcalde, Enrique Rozada Labra, alegando que debía embarcar en fechas próximas con destino a Cuba para resolver asuntos comerciales en la isla caribeña, siendo sustituido desde el Gobierno Civil por Ramón Junco Pando.

– Aún en 1942 seguían poniéndose a la venta enseres que aparecen registrados como “procedentes de los rojos”. Por ejemplo, un vecino de San Martín de Bada -relacionado con el Ayuntamiento- pagó 800 pts. por dos camas, dos mesitas, dos armarios y otros efectos.

– El Ayuntamiento corría con los gastos de hospedaje y comida de soldados, guardias, policías secretas, etc. que acudían al concejo en misiones especiales, como es el caso de un soldado que acudió al cuartel de la Guardia Civil para llevarles “bombas” (?) y se hospedó en casa de José Ramón Peláez (15 pts.) y le dio de comer la viuda de Almeida (7 pts.), la cual también servía comidas a los detenidos en los calabozos.

– En todo tiempo y bajo cualquier forma de gobierno, las denuncias de unos vecinos contra otros eran muy numerosas y por mil motivos diferentes. En algunas ocasiones eran denuncias de una comunidad, como en el caso de los vecinos de la localidad de Granda, los cuales protestaban porque se había cerrado un terreno propiedad del Estado y próximo a su capilla del Ángel de la Guarda, el cual correspondía por derecho público al “santuario” citado.