EL INVESTIGADOR, AUTOR DE ‘LAS TRECE ÚLTIMAS HORAS EN LA VIDA DE GARCÍA LORCA’, PONE NOMBRE Y APELLIDOS A LOS EJECUTORES DEL POETA

Después de 75 años, el puzzle de la muerte de Lorca aún tiene huecos importantes. El historiador malagueño y cronista oficial de Láchar (Granada), Miguel Caballero, dice haber encontrado una de las piezas fundamentales que faltan: la identidad de los autores materiales de su asesinato.

Tras buscar, analizar y cotejar un sinfín de documentos, Caballero ha dado a conocer en Las trece últimas horas en la vida de García Lorca el nombre y el historial de los miembros del pelotón que fusiló al poeta de Fuente Vaqueros. La orden siguió su mortal cadena desde el Gobierno Civil de Granada hasta la Colonia, un centro de detención de Víznar, y finalmente recayó en siete personas: un guardia civil, dos policías y cuatro guardias de asalto de diferente rango (uno de ellos voluntario provisional).

Pero esta pieza no le ha caído del cielo al investigador. Recogió el testigo de Emilio Molina Fajardo, destacado falangista granadino y director del diario Patria que, según Caballero, investigó a fondo el caso de Lorca en los setenta para intentar desvincular a su partido del episodio. De ahí que consiguiera sin reservas los testimonios de varios implicados directa o indirectamente en la cadena de decisiones que llevó al trágico final del autor de Romancero gitano, «que en un 90% eran miembros de Falange Española».

Molina Fajardo recabó medio centenar de testimonios, de los que Caballero, basándose exclusivamente en documentos oficiales, ha considerado fiables al cien por cien una decena. Entre ellos, el investigador destaca cinco fundamentales a la hora de dilucidar qué pasó con Lorca, dónde lo ejecutaron y dónde está la fosa: «Son los del propio José María Nestares, capitán de la primera bandera de Falange en la zona; su propio hijo, Fernando Nestares, que llevó a Molina Fajardo al emplazamiento de la fosa; Joaquín Espigares Díaz, agricultor de Víznar y jefe de centuria de Falange a las órdenes de Nestares; el del alcalde falangista de Pulianas, Pedro Cuesta Hernández, que custodiaba el centro de detención de la Colonia, donde pasó Lorca sus últimas horas antes de ser llevado a fusilar; y el de un masón identificado por Molina Fajardo como A.M. de F., que estuvo detenido allí y dio una versión muy detallada de todo lo que pasó. Estas cinco personas vivían en sitios distintos, no se conocían de nada y sus declaraciones, que fueron tomadas en épocas distintas, son coincidentes».

La cadena de intereses y órdenes que condujo a Federico a la muerte la madrugada del 17 de agosto de 1936 nació de las rencillas familiares que enfrentaban a los Lorca con los Roldán y los Alba, un entramado que Caballero ya diseccionó en Historia de una familia. La verdad sobre el asesinato de García Lorca. Según su autor, el libro disgustó a los parientes del poeta: «Este tipo de rencillas personales le quita épica e idealismo a su muerte, y contradice la tesis simplista de que fue ejecutado por rojo y por maricón. Es verdad que las implicaciones republicanas de Lorca fueron otra causa más de su muerte, pero no la principal. Además, no les hizo gracia que su abuelo [Federico García Rodríguez, el padre de Lorca] apareciese como un tiburón económico, un prestamista, que mantuvo unas intensas luchas de poder con los Roldán».

Desde los hombres que detuvieron a Lorca pasado el mediodía en casa del poeta Luis Rosales, hasta los que apretaron el gatillo trece horas después, el elevado número de implicados en la ejecución de Lorca obliga a preguntarse si la siniestra correa de transmisión podría haberse roto. Caballero lo tiene claro: «Nadie lo podría haber parado. Velasco Simarro [el teniente coronel de la Guardia Civil y mano derecha del gobernador Valdés Guzmán que aprovechó la ausencia de éste para satisfacer la sed de venganza de la familia Roldán] dejó las cosas claras al emitir un decreto del Gobierno Civil que puso en la misma puerta, avisando de que se multaría con 150 pesetas al que pidiera recomendación para alguno de los detenidos. Además, en esa vorágine de horror a ver quién era el guapo que se negaba a cumplir una orden del Gobierno Civil».

Algunas teorías, como la de Ian Gibson, señalan que Lorca estuvo detenido varios días. Según la investigación de Caballero, sólo estuvo en el Gobierno Civil de Granada unas horas, antes de ser trasladado al centro de detención de la Colonia, en Víznar. «Estoy convencido de que si hubiera estado detenido varios días, la enorme influencia de su padre y de su familia habría conseguido liberar a Lorca, pero la familia Roldán tenía mucha prisa por quitarlo de en medio».

La fosa, eterna incógnita

Otra pieza clave para cerrar el caso de la muerte de Lorca es la ubicación de sus restos, así como de los otros tres detenidos que fueron fusilados junto a él. También para este enigma Caballero sigue los pasos de Molina Fajardo, que en su libro Los últimos días de García Lorca, publicado póstumamente en 1983, señalaba como el lugar correcto los pozos cegados que se hallan en un terreno registrado como el Pago del Peñón del Colorado, en la carretera que va de Víznar a Alfacar.

Siguiendo la teoría de Gibson, en 2009 se excavó cerca de allí, en Fuente Grande, sin resultado alguno. La familia de Lorca se había opuesto a la búsqueda y el fracaso del proyecto fue un jarro de agua fría para el equipo de arqueólogos de la Universidad de Granada y, sobre todo, para los familiares de las otras víctimas, el maestro republicano Dióscoro Galindo y del banderillero Francisco Galadí -el banderillero Joaquín Arcollas no tuvo descendencia-.

La teoría de los pozos está avalada por Javier Navarro, arqueólogo del Colegio de Aragón experto en la recuperación de fosas de la Guerra Civil. Según Caballero, los familiares de Galindo y Galadí estarían dispuestos, en base a su investigación, a pedir a la Junta de Andalucía que se excave en ese lugar, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada les ha ofrecido su apoyo incondicional.

«Yo entiendo que la familia de Lorca no quiera remover el asunto, pero no olvidemos que en la fosa hay tres más, y sus familiares tienen derecho a saber la verdad. Además, desde el punto de vista de la investigación histórica sería muy interesante la aportación de un informe forense que determinara si fue maltratado antes de ser ejecutado y tirado a los pozos e incluso la trayectoria y número de los proyectiles. Cerraría de una manera documental un episodio importante de la Guerra Civil, y a nivel emocional, devolvería la tranquilidad a mucha gente, no sólo a las familias». Palabra de historiador.

Fuente: http://www.elcultural.com/ – Fernando Díaz de Guijano