Afortunadamente se han conservado en su mayor parte los fondos del Archivo Notarial, por haber sido depositados en Cieza unas décadas antes. Protocolos que, en su mayor parte, pude estudiar durante un largo periodo, en incontables visitas que llevamos a cabo en la planta superior de la Casa de la Cultura. Asimismo trabajamos en los fondos correspondientes a la ciudad de Cieza, pues mucha de su documentación trata sobre los diversos pueblos del Valle.
Por un sondeo realizado el año 2005, en mi archivo particular, conocemos que conservábamos unos valiosos resúmenes en forma de anales, correspondiendo 196 folios a Abarán, 227 a Blanca, 136 a Ojós, 167 a Ricote, 65 a Ulea, 181 a Villanueva, y 92 a Cieza. Es decir, un total de 1.064 folios, que forman un grueso volumen.
En diversos archivos nacionales también se conservan valiosas colecciones de documentos, aunque estas fuentes, por lo general, han sido menos estudiadas. Nos referimos al Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional y Archivo de Órdenes Militares.
Tenemos en gran aprecio a una persona que ha dedicado mucho tiempo de su tarea investigadora a trabajar sobre documentos relacionados con Ricote, especialmente durante el periodo en que estuvo dependiendo de la Orden de Santiago. Se trata de Pedro-Andrés Porras Arboledas, Catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid; natural de Jabalquinto (Jaén), que ha dado a la imprenta gran cantidad de trabajos, muchos de ellos imprescindibles para el conocimiento de la historia de esta comarca.
Yo invito a conocer su trabajo sobre Reales Provisiones del Consejo de Órdenes, dirigidas a los territorios santiaguistas en el Reino de Murcia, que comprende veinte años del reinado de Carlos I, concretamente de 1517 a 1536. Les voy a trasladar aquí algunos resúmenes, de varias emanadas durante 1531. Estas provisiones que aquí reseñamos son solo una muestra de la documentación existente, y las ofrecemos con la esperanza de despertar el interés de las personas amantes de la historia del Valle de Ricote.
· Provisión al gobernador de Montiel o a su teniente en Caravaca: Gonzalo Hernández, vecino de esa villa, expuso que los concejos del Valle de Ricote tienen costumbre inmemorial de pagar salario a los escribanos públicos y los vecinos de esas villas son perjudicados por no tener siempre escribanos examinados. Solicitaba se le nombrase escribano público de esos lugares.
· Provisión de emplazamiento a don Enrique Enríquez de Rojas, comendador de Ricote: Diego de la Peña, vecino de Écija, había presentado demanda contra él: Rojas, hijo del marqués de Denia, le había recibido por mayordomo de su madre, la marquesa, y le fijó acostamiento de 20.000 mrs. anuales; la sirvió 15 meses, quedándole a deber 11.069 mrs., además de 15.000 mrs. para que una hija suya profesase como monja, sirviendo a la duquesa un año; don Enrique es caballero de la Orden y está ausente del Reino. Solicita provisión ordenando a Diego Pellicer, vecino de Murcia, y Alonso de Segura, arrendatarios de las rentas de la encomienda, le paguen la deuda.
· Provisión de emplazamiento a Juan Pay, vecino de Ricote: Gonzalo de Aroca, en nombre de Rodrigo Vidal, su yerno, también vecino, se había presentado en grado de apelación de sentencia dada contra su parte y a favor de aquél por los alcaldes ordinarios de la villa, en que le condenaron a que le fuese puesta quistión de tormento sobre razón que por vuestra parte le fue opuesto que avía hurtado ciertas colmenas e otras cosas.
· Provisión a los alcaldes ordinarios de la villa de Ricote: Gonzalo de Aroca, procurador de Rodrigo Vidal, su yerno, vecinos de la villa, se había presentado en grado de apelación de sentencia dada por ellos y a favor de Juan Pay, condenándole a ser puesto a cuestión de tormento, al haber sido acusado por Pay de hurto de colmenas. Ahora Vidal ha presentado compulsa del proceso y se ha quejado de que, a pesar de haber apelado ante el Consejo, le mantienen preso, siendo pobre e no tiene qué comer sy no lo travaja, estando presto a afianzarse.
· Provisión a los gobernadores o jueces de residencia que hubiera en el futuro en el Campo de Montiel o a sus tenientes en el partido de Caravaca: los concejos de Valle de Ricote se habían quejado de que alguaciles, escribanos y otros oficiales de la gobernación que van a dicho Valle les cohechan y hacen otras cosas indebidas, de las que no se pueden quejar al tiempo de la residencia por no ser pregonada ésta en el Valle. Solicitan que al tiempo de la residencia se pregone ésta en el Valle y se acuda allá a recibir las demandas presentadas contra los residenciados.
· Provisión al gobernador de Montiel o a su teniente: los concejos del Valle de Ricote se quejan de que desde que se convirtieron al cristianismo los curas de sus parroquias les obligan a pagar el salario de sus sacristanes, lo que no se usaba en otras partes. Solicitan que los pague el comendador, ya que lleva sus diezmos.
· Provisión al gobernador de Montiel o a su teniente en Caravaca, a los alcaldes ordinarios de los concejos del Valle de Ricote: estos concejos se habían quejado de que los alguaciles prendían por juegos, lazos, pesos, pesas, medidas y otras cosas semejantes y, a pesar de ser abonados, no les quieren soltar, reteniéndoles en la prisión para obligarles a pagar las penas pecuniarias. Solicitan que se les suelte pagando la pena o dando fianzas.
· Provisión a don Enrique Enríquez, comendador de Ricote: Gaspar López, en nombre de los concejos del Valle de Ricote, se había presentado en grado de apelación de sentencia dada contra ellos y a favor de aquél por el Lcdo. Ambrosio Blázquez, alcalde mayor de Caravaca, condenándoles al pago de un ducado y a que en adelante fuesen obligados a traer las muelas de los molinos y almaçaras y las vigas vírgenes desde donde las descargaren las carretas.
· Provisión de emplazamiento a don Enrique Enríquez, comendador de Ricote: Gaspar López, procurador de los concejos del Valle de Ricote, se había presentado en grado de apelación de sentencia dada a su favor y en contra de sus partes por el Lcdo. Ambrosio Blázquez, alcalde mayor de Caravaca, en que les condenó a pagarle la mitad de los 60.000 mrs. en que habían vendido la yerba de los términos de la encomienda, y a que en adelante le pagasen la mitad de la yerba vendida.
