POR FRANCISCO JOSÉ ROZADA MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE PARRES-ARRIONDAS (ASTURIAS)

Los protocolos notariales son una muy importante fuente documental para comprender la historia local; a través de los mismos se legaba al futuro la monumental información que recogían. Por ello la Corona se preocupó en pretéritos siglos de alentar y proteger la conservación conjunta de estos archivos.

La escasez de escribanos -especialmente entre los siglos XVI y XVIII- motivó que hubiese que acudir en algunas ocasiones a personajes que -con una preparación no excesivamente apropiada- dejaron en los archivos algunos errores e imprecisiones. No es infrecuente que, cuando manejamos documentos de siglos pasados, nos encontremos que el escribano, archivero o notario que levantó acta de una reunión, transacción, disposición testamentaria o cualquier acto documental a él reservado (y digo a él, porque -hasta el momento- aún no he dado con el nombre de ninguna mujer firmando como escribana o notaria), anote, por ejemplo, el topónimo de un pueblo, distrito o barrio con distinto nombre. Así, uno puede encontrarse en un mismo documento, redactado por el mismo escribano -por citar un caso-: Güera de Dego/Huera de Dego/La Güera Deu/ y hasta sin diéresis: La Guera.

Son casos excepcionales, desde luego, que no quitan un ápice de autenticidad al documento, aunque sí una falta de precisión y cuidado a quien se le presume que debe tenerlas, siendo un escribano público el fedatario de la acción social.

El 7 de julio de 1503 se estipuló que cada escribano debería conservar los libros de registro bien encuadernados y bajo su custodia, así como que dichos archivos “estuviesen a buen recaudo, cosidos conforme a la ley”.

Para que no se perdiesen o dispersasen este tipo de escrituras se dictó la llamada ´Pragmática de sus Católicas Majestades´, según la cual esta documentación -dejada por los escribanos fallecidos o privados del cargo- debería entregarse a sus legítimos sucesores; algo que ya se contemplaba en las Partidas de Alfonso X el Sabio (rey de Castilla entre 1252-1284).

El ahora denominado Archivo Histórico de Asturias, se creó en 1956 y contiene documentación procedente de 80 instituciones, tanto públicas como privadas, entre los que se encuentran los protocolos notariales de los últimos 100 años. Desde el Palacio de los Condes de Toreno, donde tuvo su primera ubicación (1956-1972), pasó después al Monasterio ovetense de San Pelayo (1972-1999). En el año 2000 se puso en marcha la nueva sede del archivo ubicado en el monumental edificio que un día fue Cárcel Modelo de Oviedo. Alberga más de 150 fondos documentales diferentes.

Todo un mundo con miles de libros procedentes de archivos; con juicios verbales, desahucios, permutas, herencias, conciliaciones, donaciones, historias de instituciones públicas y privadas de todos los ámbitos (agrícolas, industriales, mineros, eclesiales, políticos, etc.).

Si nos centramos en el caso del Juzgado Comarcal de Cangas de Onís, allí se custodian las cajas procedentes de los juzgados Municipal, de Distrito y de Primera Instancia. Acceder a esta documentación está sometido a restricciones cuando su antigüedad es inferior a 50 años.

Desde que el escribano o notario don Antonio de Sola redactaba en Parres sus primeros documentos hace más de tres siglos (su trabajo se desarrolló entre 1695 y 1710) hasta hoy, es de imaginar la ingente documentación acumulada. Bien es cierto que revoluciones, invasiones, guerras y -sobre todo- el abandono y correspondiente pérdida de miles de documentos, por culpa de quienes estaban obligados a custodiarlos y no cumplieron con su cometido, mermó buena parte de nuestros archivos.

Pongamos algunos ejemplos de protocolos cercanos a nosotros por el lugar al que hacen referencia:

El 24 de enero de 1671, Toribio de Miyar y su mujer María Gutiérrez, otorgaron en Pendás una venta de censo a favor de la fábrica de la Capilla de Valdevera (que conocimos como Capilla de San Andrés).

Tres años después -en Cofiño- se otorgaba una venta de un censo de 200 ducados, por Juan de Miyar y su mujer María González de Pianta, a favor de las Obras Pías fundadas por el canónigo Domingo de Mier, en Peñamellera Baja.

Al igual que Juan Blanco y su mujer otorgaron venta por 10 ducados en Cuadroveña, a favor de la fábrica de la iglesia de San Julián de Hueges (7 de noviembre de 1692).

En 1781 vendieron por 26 ducados parte de un hórreo y una heredad, Marcos Martínez y Francisca García, vecinos de San Martín de Bada, a favor de José García, vecino de Arenas.

Poder otorgado por Francisco Valdés, presbítero, a favor de Pedro Meré, procurador de la Real Audiencia (1787). Escritura otorgada a favor de Miguel Escandón por Fernando Antonio de Diego -escribano del concejo de Parres- “en razón del tal oficio de escribanía”.

Se encuentran múltiples presentaciones de curatos (territorios bajo la jurisdicción espiritual del cura) por los presbíteros que eran asignados a las parroquias.

Ahí está la renuncia otorgada en 1788 por el cura de Cangas, Felipe de Quanda, a favor del Conde de la Vega del Sella “de unas capillas en la villa de Llanes”.

No pocas veces nos encontramos que los vecinos de un pueblo otorgaban el arrendamiento y la fianza del “millón” -correspondiente a su parroquia- a otros vecinos.

Curiosa y extraña expresión para nosotros ésta del “millón”, pero muy habitual para nuestros antepasados, pues “millón” era el nombre que recibía el servicio que los reinos tenían concedido al rey sobre el consumo de las seis especies: aceite, carne, vino, vinagre, jabón y velas de sebo, el cual se renovaba de seis en seis años.

Así quedaron registrados miles de datos de vecinos de cada uno de los pueblos del concejo, sin excepción.

Compras y ventas de todo tipo, desde 18 pies de castaños con sus ´cuerrias´ de piedra en Llago; una peonada de hierba; medio día de bueyes en el Coto de Las Arriondas; matrimoniales otorgados o vendidos para casar a hijos e hijas; censos a favor de las luminarias (aceite para lámparas) de determinadas capillas e iglesias; escrituras matrimoniales, testamentos, inventarios, trueques, cesiones, convenios y donaciones de todo tipo.

Desde carros de abono, fanegas de maíz, vigadas de casas de ganado (medida de siete pies cúbicos con la que se medía la hierba almacenada en un pajar) hasta censos a favor de las capillas de Santa Cruz y Santa Ana, en Cangas de Onís, o de San Roque, en Las Rozas, así como escrituras de convenios otorgadas al Monasterio de Villanueva; mandatos testamentarios y ventas a favor de presbíteros; inventarios; conducción de maderas para las “Reales Fábricas”; convenio sobre la escuela de primeras letras de Parres (año 1790); compra y venta de molinos y hórreos; censos a favor “del petitorio de ánimas” o de la cofradía del mismo nombre; otorgamiento de poderes, etc.

Curiosos eran algunos de los apellidos registrados, tales como: Loco, de la Puente, Sobaco, de la Hera, de la Nozaleda, Sotura, Cutre, Piramuelle, Ynoyos, Casín, Zorbia, Caravera, Obaño, Suervín, hoy generalmente desaparecidos, aunque lo habitual eran los apellidos que, actualmente, siguen siendo muy frecuentes, como es el caso de: Cortés, Longo, Llerandi, Noriega, Tarapiella, Tejuca, Quesada, Fondón, Teleña, Abego y cientos más.