POR ANTONIO BOTÍAS SAUS, CRONISTA OFICIAL DE MURCIA

Todo se disparó, al menos en Murcia, cuando ‘La Verdad’ anunció que el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca (SAS), Policarpo Sánchez, había remitido una carta al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para que «acate la ley» y devuelva unos 400.000 documentos enviados a la Generalitat indebidamente, entre ellos algunos de la Región como los carnés y expedientes de la UGT de las localidades de Totana y La Unión. Los papeles fueron enviados por error en virtud de una ley que restituía a la Generalitat expedientes incautados en la Guerra Civil. A partir de ese momento, Policarpo recibió numerosas llamadas desde Murcia. Los grupos políticos del Ayuntamiento han acordado sumarse a esta iniciativa, que hoy irá a Pleno.

¿Por qué comenzó esta cruzada?

Para defender el patrimonio común de los españoles y la dignidad de las familias afectadas, que sufren dolor y daño por el expolio. Para poner los documentos a disposición de todos y evitar que se puedan manipular de forma fraudulenta y reescribir la historia a la conveniencia de unos pocos. Y en defensa de la legalidad. Lo he hecho de forma altruista a un alto precio: me costó el puesto de trabajo, los ahorros y alguna persecución. Pero ha merecido la pena.

¿En qué afecta a Murcia?

En el caso de Murcia, está claro que no forma parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña ni el patrimonio documental murciano es propiedad de la Generalitat. Como afirma un informe de la Unesco ‘los archivos son el fiel reflejo de la historia y constituyen, por tanto, su más explícita memoria’. Esos documentos no son la memoria del pueblo catalán. Defenderlos es luchar por Murcia y por el correcto cumplimiento de la Ley.

¿Tenía esperanzas de que podía llegar hasta donde ha llegado?

Es una lucha de David contra Goliat. Frente a la maquinaria y el poder del Gobierno de Puigdemont levanté como única arma las pruebas de cómo habían vulnerado la ley. Siempre tuve fe en la Justicia, en las instituciones, en la bondad de las personas para apoyar una causa justa. Estamos a centímetros de obligar a la Generalitat de Cataluña a cumplir la Ley y devolver lo robado.

¿Qué tipo de documentos murcianos incluyen esos fondos?

La memoria de la familia Martínez Yuste, de Totana, y de Martínez Hernández, de La Unión; la memoria de cuantos han pasado a lo largo de los años por el Teatro Romea. Una radiografía nítida de la sociedad murciana de los años 20 y 30 del siglo pasado.

Si se recuperan, ¿deberían regresar a Salamanca o a Murcia?

Donde indica la ley. Se conservaban en un archivo histórico de titularidad estatal junto a los del resto de comunidades y provincias. En cumplimiento de la normativa y de la sentencia del Tribunal Constitucional relativas al Archivo de la Guerra Civil, que autorizaron solo el traslado a Cataluña de la documentación de esa procedencia, deben retornar al Archivo Nacional, del que legítimamente son propietarios todos los murcianos.

¿No hay otra solución?

Hay una solución ideal, en la que el Principado es pionero. Su Parlamento exigió a la Generalitat devolver los fondos documentales al Archivo Nacional. Y acordaron llevar a Oviedo una copia de los fondos.

¿Cuáles serán los siguientes pasos?

El respaldo del Ayuntamiento de Murcia marca otro hito. Este apoyo a un Archivo Histórico Nacional y la necesidad de que se cumplan las leyes es ejemplar. Estamos a la espera del debate de una moción similar en el Senado. Igualmente, confiamos en llegar pronto también a Bruselas.

¿Le han apoyado en otras localidades de la Región?

Debo hacer mención expresa a Totana donde, hace unas pocas semanas, pude vivir una cálida acogida y, gracias al esfuerzo colectivo de todo un pueblo, pude contactar con una de las familias afectadas por el expolio. Solo puedo tener palabras de gratitud para ellos.

Fuente: http://www.laverdad.es/