«Son tres actuaciones de tres calles emblemáticas, como son la calle y la Plaza San Pelayo, la calle San Lorenzo y la calle Serradores, que no estaban peatonalizadas y que a partir de este momento forman parte del conjunto viario y peatonal del Casco Histórico».

Con estas palabras literales vendíaSilván una obra obviando que todas ellas pasaron a ser peatonales exactamente el 13 de abril de 1998, hace dos décadas —esta ordenanza de Tráfico, entre otros documentos, lo demuestra—, en el momento en el que el Consistorio, entonces gobernado por el también popular Mario Amilivia, decidió cerrar al tráfico rodado masivo todo el recinto amurallado de la capital, por supuesto incluyendo las calles cuya urbanización se dio ayer por cerrada.

Pero el regidor no perdía ocasión para insistió en que los trabajos, consistentes en sustituir el viejo asfalto y las maltrechas aceras por un pavimento de adoquines, permitían que «las tres (calles) se incorporan a todo el Casco Histórico de la ciudad».

Es más, insistó Silván en que en este próximo año habrá «otras que se peatonalizarán» en base al mismo plan de obras, entre ellas la calle Pablo Flórez, la que va desde la Plaza de Regla (Catedral) al Corral de Villapérez.

Se refería así Antonio Silván al denominado Plan de Rehabilitación del Casco Histórico, la eufemística manera que impulsó el equipo de Gobierno para denominar a un contrato de privatización de las obras en esta área protegida de la ciudad, una vez que el PP decidió que estas reformas de viales no fueran realizados por funcionarios municipales de Obras.

Este Plan, uno de tantos que los populares han decidido privatizar en el presente mandato, se adjudicó por un coste total de 900.000 euros de dinero público a Domingo Cueto, la misma empresa encargada de ejecutar las tres fases del muy polémico proyecto de construcción de la nueva Plaza del Grano y sus calles aledañas, que a pesar de suponer la sustitución total del pavimento, como en este caso, entonces no se denominó en ningún momento «de peatonalización».

Un contrato aquel que supuso a la empresa un desembolso de 600.000 euros, un tercio de los cuales provenían del Ministerio de Fomento vía subvención.

De esos 900.000 euros totales del plan privado de arreglo de calles del Casco Histórico, lo inaugurado ayer supuso la inversión correspondiente al año 2018, es decir, los primeros 300.000 euros, idéntica cifra que se repetirá este próximo año y aún en 2020.

En esta ocasión ya culminada, algunas de las obras no estuvieron exentas de serios problemas, especialmente patrimoniales y muy centradas en la Plaza de San Pelayo, a cuenta de la aparición de unos valiosos restos arqueológicos romanos que el propio alcalde Silván ensalzo en una visita este mismo verano, tildándolos de «espectaculares».

Los restos se correspondían a una parte muy relevante de los llamados Principia, es decir, el asentamiento romano fundacional de la ciudad bajo mando de la Legio VI.

En concreto, afloraron parte de una estancia del Pretorio, es decir, el general que comandaba la legión en aquel momento, y un espacio de baños romanos.

Sin embargo, meses más tarde, y ante el evidente riesgo de ralentizar o incluso impedir la urbanización de la plaza situada detrás de la Catedral y del colegio de las Teresianas de León, las concejalas de Urbanismo y Cultura y Patrimonio, Ana Franco y Margarita Torres, anunciaron que estos restos se taparían a la espera de un futuro desarrollo, sin plazo, presupuesto ni financiación, de un espacio de musealización que los rescate a la luz y los ponga en valor para su uso turístico, entre otros.

Además, para acabar de rizar el rizo, y también relacionado con este proyecto de reforma de San Pelayo, no hace dos semanas que el Ayuntamiento ordenó derribar de urgencia parte de la fachada a pesar de estar altamente protegida (nivel II sobre cinco en el catálogo de patrimonio protegido de León) de un inmueble que esconde otros restos de los Principia y que impedían culminar los trabajos de urbanización de la zona inaugurados ayer por el alcalde.