Hay tres libros que me acompañan desde hace muchos años: la Biblia, el Quijote y la Constitución de 1978. El primero porque con él pretendo dar sentido a mi vida cristiana y fundamentarla en el perdón; el segundo porque al leerlo comprendo mejor a mi país, España, cuya identidad narra ingeniosamente Cervantes en su celebérrima novela; y el tercero porque forma parte de mi patrimonio político como ciudadano y gracias al cual los españoles no nos hemos tirado una vez más al monte.

Este término “patrimonio”, en su dimensión cultural, es el que he glosado en reciente fecha en la tribuna de la Real Academia de Córdoba, con motivo de celebrarse, como se viene haciendo desde principios de este siglo, próximo su aniversario, el Día de la Constitución.

Planteaba y analizaba en mi conferencia el contenido y el significado del artículo 46 de la Constitución de 1978, que utiliza una fórmula muy amplia y un tanto imprecisa, o tal vez tautológica, pero que nos permite fundamentar que nuestra Constitución con la expresión “patrimonio cultural”, omnicomprensiva del patrimonio histórico y del patrimonio artístico, más técnica que jurídicamente está refiriéndose a nuestras señas de identidad como pueblo, a los valores y trascendentales intereses tanto materiales (cosas) como inmateriales (costumbres y tradiciones) que nos caracterizan como tal, que nos legaron las generaciones que nos precedieron y sobre los cuales recaen dos deberes garantizados: El de de la conservación y el de la promoción de su enriquecimiento por los poderes públicos (Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones locales) y, en su defecto por la sociedad, por nosotros mismos, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.

El precepto constitucional no es totalmente innovador en cuanto a su léxico, pero sí en cuanto a su aglutinación. En efecto, en la voz patrimonio en su triple dimensión, histórica, artística y cultural, anidan los viejos postulados de “antigüedad”, “museo”, “archivo”, “monumento”, “riqueza”, “tesoro”, “documento” etc. La primera vez que se incluyó en un texto positivo lo fue en la ley de 13 de mayo de 1933 con un significado heterogéneo de las más variopintas especies, sin desdeñar el etimológico, patrimonio deriva de “pater”, como herencia que se recibe y que se ha de transmitir a las generaciones futuras, y no como derecho sino como algo objetivo, y al margen de lo económico, como conjunto de bienes que conforman el interés general y propician su disfrute por la colectividad.

En cuanto al segundo componente, el de cultural, su antecedente normativo se encuentra en el decreto-ley de 9 de agosto de 1926, que el legislador constitucional secundó, no para referirse a una casuística, sino para elevarlo a un rango superior, democratizándolo en varias normas de ella. Tanto la promoción de la cultura, como la participación de los ciudadanos en la vida cultural, son empresas constitucionales con un valor programático y metacultural (preámbulo y artículos 9,2 y 50), hasta el punto de defenderse la tesis de constituir nuestro Estado de Derecho más bien un Estado de Cultura, en el que la cultura forma parte de la misma naturaleza y forma de ser del Estado.

Posteriormente a 1978, el Estado en desarrollo de la Constitución dictó la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico de 1985, y ulteriormente nuestra Comunidad Autónoma en 1991 la Ley llamada del Patrimonio Histórico de Andalucía. Todo este cuerpo normativo supeditado al de la Carta Magna es el que garantiza la patrimonialidad oficial de la fiesta de los Patios, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012, al que la Academia rindió pública pleitesía ya en 1992, la conservación y mantenimiento de nuestra emblemática Mezquita-Catedral, también Patrimonio de la Humanidad desde 1984, y asimismo la Tauromaquia como Arte del Toreo, entre otros muchos, y sin cuya tutela y supervivencia de éste, por ejemplo, no podría entenderse el legado de Goya o de Picasso.

En este mismo contexto hay que incluir la sede hoy arruinada de la Real Academia de Córdoba, sita en la calle de Ambrosio de Morales, para la que el Ayuntamiento de Córdoba debería solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural o Bien de Interés Turístico (¡fue la Casa de Séneca y del antiguo Cabildo!) y hacer efectiva su entrega una vez rehabilitada a la institución que en sí misma, amén de por su antigüedad y función, debe también ser considerada como el primer emblema cultural de la ciudad, pues la conservación del patrimonio cultural es un aspecto de referencia en las políticas generales de sostenibilidad de todas las administraciones, y la primera de ellas la local.

Fuente: ABC de Córdoba, 1 de diciembre de 2016