POR ANTONIO BOTÍAS SAUS, CRONISTA OFICIAL DE MURCIA

Ni al Ayuntamiento de Murcia, propietario del eremitorio de La Luz, ni tampoco al Obispado de Cartagena, que atesora su uso y disfrute, les sorprenderá a estas alturas el estado del histórico lugar. Al Consistorio, porque sus arquitectos han denunciado, cuando menos en tres ocasiones durante los últimos seis años, que el complejo monástico amenazaba ruina. Y a la Diócesis porque, en otras tantas ocasiones, ha abordado obras de consolidación, si bien siempre insuficientes a juzgar por los informes municipales a los que ‘La Verdad’ ha tenido acceso.

El penúltimo episodio de la historia se produjo el 18 de enero de 2013, cuando el Ayuntamiento recibió la solicitud del Obispado para que le cediera el uso del eremitorio y su huerta por un periodo de «cincuenta años». Nada extraño había en esta pretensión puesto que, según la tradición, siempre se había renovado así la posesión del espacio, propiedad municipal desde que durante la desamortización de Mendizábal el Consistorio la asumiera para evitar su venta.

Lo único que sorprendió a los técnicos fue que se pidiera una cesión para cincuenta años, cuando hasta entonces solo se había renovado por periodos de entre cinco y veinte. Pero la petición obligaba a realizar una inspección sobre el terreno.

En aquella solicitud, entretanto, el Obispado ya recordaba que en el año 2010 se habían acometido diversas reformas tras las indicaciones del Servicio de Disciplina Urbanística, desde donde se denunciaron varios daños. Pero los arreglos se limitaron entonces a asegurar «cubiertas y forjados de las celdas de los hermanos». Más tarde, el 30 de octubre de 2012, Urbanismo insistió en que se debía asegurar el inmueble. Y la Diócesis encargó unas obras urgentes al arquitecto técnico Luis de la Hoz, según mantienen los informes municipales. Pese a la actuación en el lugar, los técnicos del Ayuntamiento, tras girar la oportuna visita al eremitorio, redactaron un demoledor informe sobre el estado del mismo. Así, destacaron que su estado de conservación «no es el adecuado».

«Una restauración total»

Sobre el templo, los arquitectos señalaban que urgía abordar diversas obras, entre ellas, «la restauración de bóvedas interiores, eliminación de algunas humedades en salas laterales y sacristía, revisión de cubierta de sacristía y coro, y finalmente, eliminación de humedades en zócalos de fachada lateral izquierda, arreglo de recovos y acabados».

Respecto a otros lugares del conjunto, los técnicos no emitieron mejor diagnóstico. Así, advirtieron de la demolición de un forjado y una terraza, lo que obligaba a fundir «un nuevo forjado […] que mantenga atados los muros». De igual forma, era necesario reforzar las cubiertas de la almazara, así como una larga lista de estructuras afectadas por la humedad y el abandono. Especial gravedad, siempre según el informe municipal, presentaban las antiguas fachadas interiores que daban al huerto y que obligaban a establecer «los refuerzos necesarios» y, «en definitiva, proceder a una restauración total». Eso, sin contar la parte del edificio que corresponde con la cocina y el comedor, donde hallaron «pérdida de materiales, falta de geometría, agrietamientos y desplazamientos».

Los técnicos concluyeron que debía abordarse «una revisión total de los forjados de todas las plantas» y la eliminación de placas de amianto, para su sustitución por «un acabado en teja cerámica». De igual forma, incluso la instalación eléctrica se tildaba de «precaria» y, «muy probablemente, no cumpla con la normativa vigente del Reglamento de Instalaciones de Baja Tensión». Había que cambiarla.

El informe recogía la obligatoriedad de establecer «un plan maestro» donde constaran «los trabajos de rehabilitación, restauración, restitución, refuerzo o reparación necesarios». Por esta razón, el documento, que fue firmado por dos arquitectos municipales, concluía que era necesario trasladar al órgano responsable de la conservación y mantenimiento del eremitorio «las conclusiones acerca del estado de las construcciones, haciendo especial hincapié en aquellos trabajos que, en nuestra opinión, deben ser calificados de urgentes».

Como urgente era anotar en el Catastro el huerto. A nadie se le había ocurrido hacerlo por ser evidente la propiedad municipal sobre el mismo. Este informe, firmado el 5 de julio de 2013, corroboraba otro realizado apenas un año antes, el 22 de agosto de 2012. Aunque con redacción más breve, un arquitecto municipal diferente a los anteriores ya señaló que «el estado de conservación es bastante deficiente, con riesgo en varias zonas de hundimiento de forjados y desprendimiento de revestimiento de techos».

Después de los informes -y notificaciones- de 2010, 2012 y 2013, el estado de algunas partes del eremitorio, como es la clausura donde habitan los frailes, está en mejores condiciones que el resto. Además, ya no se ocupan las casas anexas al edificio, que durante años fueron arrendadas a familias murcianas. Sin embargo, otras estructuras como el espléndido templo, seis años después del primer informe, presentan un estado de abandono evidente.

Fuente: http://www.laverdad.es/