POR FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA
En un campo de refugiados en Francia, el torrevejense Francisco Aniorte Vera, ex concejal y ex jefe Provincial de Abastecimientos, señalado con X, junto a otros exiliados republicanos españoles. / Colección de F. Sala
La represión
Pocos pudieron salir hacia el exilio por el puerto de Alicante, huyendo de las venganzas de los ganadores y victoriosos.
Entre los exiliados de Torrevieja se encontraba mi abuelo, Francisco Aniorte Vera, que había ocupado los cargos de concejal en el Ayuntamiento (1931-1936) y más tarde el de jefe provincial de Abastecimientos (1936-1939), viéndose forzado a exiliarse a Francia, pasando años más tarde a Orán (Argelia). Salió por el puerto de Alicante, estando ya esta ciudad tomada por el ejército de Franco.
Fracasados los intentos de muchos de ellos a escapar por el puerto de Alicante, los miles de republicanos allí concentrados fueron trasladados, en un primer momento, al llamado “Campo de los Almendros” –situado en la Goleta-, ambos Castillos, el antiguo Hospital Provincial y los cines de la ciudad. Inmediatamente, apareció el Bando del Jefe del Ejército de Ocupación, coronel Pimentel, que ordenaba a todo cuantos habían luchado en el ejército republicano que se presentasen en el castillo de Santa Bárbara –salvo aquellos otros que se encontrasen en Alcoy o sus cercanías-: comenzaron inmediatamente a funcionar las comisiones que desde diversas localidades venían a reconocer de entre los presos a quienes consideraban culpables de algún delito, cuyo destino solía ser fatal. Lentamente, los prisioneros republicanos fueron siendo trasladados a otros lugares –en su mayoría al Campo de Albatera- y en algún caso, puestos en libertad.
Exiliados Torrevejenses en Francia: N. Mirete, F. Aniorte y Valdés, 9 de septiembre de 1941. / Colección de F. Sala
El gobernador civil recordó en seguida la terminante prohibición de toda actividad política, con excepción de la realizada por FET y de las JONS, en un bando del 8 de abril en que ordenaba también que los trabajadores volviesen a sus puestos con los mismos jornales y los productos alimenticios se vendiesen a los mismos precios que el 18 de julio de 1936, prohibía la blasfemia y la difamación, así como las rifas benéficas –salvo las de Auxilio Social y la “Ficha Azul”-, urgía la presentación de los funcionarios en sus puestos y el reintegro de los objetos de culto y arte, joyas y muebles en poder de quienes no fuesen sus legítimos propietarios. Por otro lado, los documentos incautados por las tropas vencedoras en los locales de los partidos y sindicatos republicanos, e incluso los hallados en los registros en casas particulares, eran trasladados a Salamanca, llevada a cabo acto seguido por el Tribunal de Responsabilidades Políticas –cuyo Juzgado se dirigía en agosto de 1939 a los funcionarios del archivo municipal para que espigasen en la prensa republicana desde febrero de 1936 en busca de los nombres de “[…] las personas que actuaron en la política alicantina encuadrados en los partidos políticos y sindicatos que integraban el Frente Popular”- y, posteriormente, por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Muchos se vieron forzados a exiliarse al extranjero, sobre todo a Francia y Argelia.
Años cuarenta. Autoridades provinciales, autores de numerosas “represiones”. En el centro, el alcalde de Torrevieja, Martín Zurbano, coronel mutilado en reserva. / Colección de F. Sala
La represión de los vencidos fue llevada a cabo por numerosos organismos, al margen de la efectuada a nivel particular. Además de los correspondientes servicios de Ayuntamiento, Ejército y Guardia Civil, tuvieron un papel muy importante el Servicio de Información la Falange Española. En total, a primeros de 1940, se habían elaborado informes y fichas a 184 personas de Torrevieja.
Poco a poco, sin embargo, fue regularizándose la represión y comenzaron a funcionar numerosos Juzgados Militares en la ciudad de Alicante, que iban citando a través del Boletín Oficial de la Provincia y, en ocasiones, de la prensa, a distintos acusados. Además, en el mismo mes de abril comenzó la depuración de los funcionarios públicos. En general, fueron reincorporados a sus puestos los que habían cesado después del 18 de julio de 1936, destituidos los nombrados después de esa fecha, suspendidos de empleo y sueldo los nombrados entre febrero y julio de 1936 y sometidos a depuración los nombrados con anterioridad a febrero de 1936.
Pasaporte expedido en Argelia al torrevejense Francisco Aniorte Vera, para regresar a España, después de once años de exilio. / Colección de F. Sala
Se publicaron nutridas listas de personas y ordenando prestar declaración a “[…] cuantas personas tengan conocimiento de la conducta política y social de los inculpados, antes o después de la iniciación del Movimiento Nacional, así como indicar la existencia de bienes a aquellos pertenecientes”. Los expedientes se llevaban a cabo sin que pudieran detenerlos “[…] ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni la comparecencia del presunto responsable”. Así fueron castigados a duras penas quienes habían ocupado cargos políticos y habían huido al exilio.
(Continuará)
Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 8 de octubre de 2016
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